Una barrera “infranqueable”. Ese es el adjetivo que Isaac Guijarro, abogado interseccional, especialista en violencias machistas y derechos LGTBQI, elige para explicar la dificultad que atraviesan las víctimas de violencia machista, sus hijos y sus defensas cuando quieren hacer uso de sus derechos fundamentales: ser escuchadas y escuchados ante un juez.
El caso de Juana Rivas es un buen ejemplo para entender el por qué de ello. Hasta cuatro instancias – cuatro- tuvieron que recurrir los abogados de la familia Rivas para que el hijo pequeño de Juana, Daniel de 10 años, fuese escuchado ante una jueza después de haber pedido auxilio de todas las formas posibles que tiene un niño: a través de su familia. Su hermano mayor, públicamente, advirtió del “peligro” que corría al estar conviviendo son su padre en Italia (un padre investigado allí por maltratar a sus hijos y a su exmujer). Su madre, también lo hizo, a través de unas declaraciones que el mismo niño había hecho en casa. “Sentía un miedo terrible” de su padre y “temía por su vida” si volvía junto a él a Italia.
Art. 3 y 11: los menores tienen derecho a ser escuchados.
Los menores tienen derecho a ser escuchados, así lo establece la Ley de la protección integral a la infancia y la adolescencia (Art. 3 y 11). Pero cuando la defensa de Juana Rivas solicitó que Daniel hiciese uso de ese derecho nadie respondió.
Solo después de las presiones del movimiento feminista y del Gobierno (a través del ministerio de Juventud e Infancia), que llamó a la puerta y recordó a los juzgados que el niño tenía derecho, se actuó. Resultó ser que para la jueza del juzgado de guardia que aceptó la petición, la declaración de Daniel fue lo suficiente “convincente” para que se aplicasen medidas cautelares: no volver a Italia, junto a su padre, por ahora.
La declaración que el niño hizo ante la jueza fue la misma que había comunicado días antes en su casa y que hizo pública a través de un comunicado sus abogados. La misma.
¿Por qué se tardó tanto en actuar? ¿Qué necesidad había de que un menor, de diez años, tuviese que soportar la presión a la que se vio expuesto durante días? “Lamentablemente, es muy habitual.”, asegura Guijarro.
El caso de Juana Rivas es un caso mediático y por ello, por el interés qué genera, sabemos lo que ocurre. Pero abogados como Guijarro pelean a diario por madres víctimas de violencia machista y por sus hijos: “Nosotros hemos llevado un caso muy parecido al de Juana Rivas. Lo iniciamos en 2020 y lo terminamos este fin de año. Nos costó cuatro años, centenares de procedimientos y mucho dolor que escuchar y que asumir hasta que a esa madre, víctima de violencia machista, consiguió que le diesen la custodia completa de sus hijos, a los cuales su maltratador también maltrataba”.
Barreras internacionales
Si a todo esto le sumamos que la situación de maltrato se vive entre dos países y hay causas judiciales abiertas en los dos, “eso” ya es “luchar contra Goliat”, define el abogado especialista en violencia machista. Recordemos que estamos hablando de causas judiciales donde corre peligro la vida de mujeres y niños presuntamente maltratados por quien es padre, marido o expareja de las víctimas en cuestión. “Luchar contra Goliat” para poner a salvo a estas personas. O al menos, intentarlo.
Sobre el por qué de estas barreras y estas dificultades, Guijarro tiene clara la respuesta: falta de voluntad en los juzgados. “Realmente hay un problema descomunal de conexión y de comunicación entre los juzgados. Ya no solo a nivel internacional, también nacional y autonómico. Y es una pena porque hay instrumentos: tanto en la Unión Europea, con los cuales los juzgados se pueden pedir auxilio mutuo, como a nivel estatal.”
Falta de voluntad y precariedad
El problema pues parece ser ese: la no colaboración. “Existe la colaboración entre fiscalías, también la colaboración a través de peritajes o, si se solicitase, también con la documentación”, que podrían servir a ambos juzgados para tomar sus decisiones. Sucede, pero son “las veces que menos”. Guijarro lo achaca a esa palabra que nos persigue desde hace años: precariedad. En este caso, precariedad de la justicia.
“Es un problema de materiales, de falta de personal, de falta de medios. Es una realidad que los juzgados están absolutamente colapsados. Pero también es una realidad manifiesta la falta de voluntad de agotar todas las vías posibles, para proteger a las víctimas ante un posible peligro inminente. En cuanto a la justicia se refiere el mensaje que lanza es evidente: tienes dos opciones o no denuncias y ahí te quedas o intentas denunciar y tienes que armarte de valor y de paciencia”, sentencia Guijarro.
En pleno 2025, pese a todos los avances y esfuerzos feministas para la protección de víctimas de violencia machista a nivel judicial, esta semana el mensaje era claro: gana quien más paciencia y resiliencia tenga, eso sí pueden contarlo. A Juana Rivas le ha costado casi diez años. Su lucha aún no ha terminado. Échenle paciencia a Goliat.