Ni suspensión, ni traslado forzoso, ni separación de la carrera judicial. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial no contempla el comportamiento del juez Adolfo Carretero durante la declaración de Elisa Mouliaá como falta grave. Su actitud solo se puede enmarcar como falta menos grave del Artículo 418 o leve del 419. Las penas oscilan entre una advertencia o multa hasta 500 euros si es leve, o de 510 euros a 6000 si es menos grave. Lo explica Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, para quien el interrogatorio es contrario a la ley.
La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell
Es un maltrato injustificado e ilícito
“No solo se filtra el video con esa violencia institucional y esas interrupciones constantes es que ese interrogatorio incumple la ley de Víctimas y la propia ley de Enjuiciamiento Criminal, la que usan, por cierto, los jueces de instrucción todos los días. En su artículo 437 dice que se deja al testigo narrar lo que tiene que decir sobre los hechos y después se pueden pedir explicaciones o hacer preguntas”, apunta.
La víctima le llega a pedir perdón al juez
“El machismo le lleva a tratar de forma muy distinta al acusado y la víctima que le llega a pedir perdón al juez y a la que abronca a gritos por decir una expresión malsonante y, sin embargo, a Íñigo Errejón le dice que sí puede usar palabras malsonantes porque está ante la jurisdicción Penal. Es un maltrato injustificado e ilícito contrario a las a las leyes que incumple, por supuesto, cualquier tipo de principio y la dignidad de la víctima y de la justicia. Lo único en común es que los mantiene de pie, un aspecto que tampoco está justificado porque Mouliaá muestra signos evidentes de cansancio, de agobio, se le quiebra hasta la voz”, señala Rosell.
Carretero y la Ley del solo sí es sí
Las preguntas y su relación con la Ley Integral de Garantías de la Libertad Sexual (Ley del solo sí es sí) es también una de las claves de este interrogatorio. Insiste de forma constante en si Mouliaá dijo no, pero lo que se tiene que demostrar es si dijo sí. “Parece que este juez o no ha leído, o no ha comprendido la Ley, o algo peor, está en contra de su aplicación. Cualquier persona puede estar a favor o en contra de la Ley, pero los jueces tenemos la obligación de aplicarla, cumplir y hacer cumplir la Ley es nuestra única legitimidad democrática. Soy juez porque saqué una oposición, pero no por eso detento un poder del Estado, es porque cumplo la ley, si no dejó de ser una juez legítima. La legitimidad democrática nos viene por el estricto cumplimiento de la ley desde Montesquieu que dijo que “el juez era la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”, explica la exdelegada del Gobierno.
La Fiscalía tiene el deber específico de cuidar a las víctimas
Para Rosell “las asociaciones judiciales tienen que desmarcarse de este tipo de actuaciones y el Consejo General del Poder Judicial puede, y en mi opinión, debe abrir unas diligencias previas a un expediente disciplinario de oficio”.
Además, la magistrada apunta que “la Fiscalía podría incluso valorar si es delito, no solo la filtración de las declaraciones, sino si entiende que puede recusar al juez. La Fiscalía tiene un deber específico, existe una Fiscalía especializada, pero toda la Fiscalía tiene el deber de velar por la protección de todas las víctimas y esto incluye su derecho a prestar las declaraciones en las mejores condiciones posibles, por supuesto, sentadas con una duración razonable y sin ser sometida a ningún tipo de maltrato de victimización secundaria. Podría haber actuado y ahora todo el España a visto la falta de reacción de quien tiene que proteger a esa mujer”, se lamenta.
Mensaje disuasorio al resto de víctimas
Para la exdelegada del Gobierno, sin embargo, lo más grave, además de la violencia institucional a la que se enfrentó Mouliaá, es el mensaje disuasorio al resto de víctimas tanto de Errejón como de cualquier otro agresor. Porque han visto lo que se pueden encontrar si rompen el silencio y denuncian.
