Si una mujer sufre o ha sufrido en el pasado una agresión sexual tiene una serie de derechos que contempla la ley. Uno de ellos, es la atención integral y personalizada por parte de profesionales y expertos en la materia en un centro de crisis 24 horas. Así lo establece la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como la ley del “solo sí es sí”, que exige un centro en cada provincia para asistir a estas víctimas, sin embargo, no en todas se han puesto en funcionamiento estos puntos de atención.
El Ministerio de Igualdad sufraga estos centros con 83 millones de euros a través de los fondos Next Generation. Todos debían estar abiertos a finales del año pasado, pero se negoció una prórroga en Europa para que la fecha límite fuese este 31 de diciembre. A menos de dos meses de que venza el plazo, solo funcionan 12, según los datos que maneja Amnistía Internacional y no todos se ajustan a los requisitos marcados. Se da la circunstancia de que las comunidades autónomas recibieron el dinero hace casi dos años, pero no todas han priorizado su puesta en marcha.
Además, no queda claro qué ocurrirá con el dinero europeo de no cumplir con los fechas acordadas. A pesar de que la ministra Ana Redondo, dijo que no habría que devolver el dinero en caso de no llegar a tiempo, lo cierto es que la normativa europea podría demandar el montante, según ciertas fuentes, al tratarse de lo que se conoce como un “hito crítico” que significa que si una comunidad autónoma no cumple, arrastra a todas las demás regiones a devolver los fondos invertidos. Toca negociar. Artículo14 se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad para conocer cuál es la situación actual de los centros, pero no ha obtenido respuesta.
Qué es exactamente un centro de crisis 24 horas
La exasesora del Ministerio de Igualdad con Irene Montero y experta en violencias sexuales, Bárbara Tardón, explica que estos centros “son un recurso de atención especializado para las víctimas y supervivientes de violencias sexuales, que deben contar con un equipo interdisciplinar compuesto como mínimo por una jurista, una psicóloga y una trabajadora o educadora social para acompañar en el proceso de recuperación y reparación frente a la vulneración de derechos sufridos y a esa agresión sexual o violencia sexual enfrentada, tanto en el pasado como en el en el presente”.
El primer centro de este tipo que abrió en España lo hizo en Madrid en 2020 en la época de Carmena cuando Celia Mayer era delegada de Políticas de Género y Diversidad. Tardón participó en su creación y realizó un estudio diagnóstico de cómo eran los centros de crisis de los países donde llevaban medio siglo funcionando. “Nos entrevistamos con compañeras de Australia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos con mucha experiencia. Fue apasionante. Pudimos comprobar qué medidas funcionaban, lo que nos íbamos a encontrar, lo que es ideal para las víctimas, entre otros aspectos”, apunta.
“Vamos a pelear para que el derecho a la asistencia integral especializada a las supervivientes sea una realidad”
Casi cinco años después y, a pesar de la obligación legal, estos centros apenas llegan a la docena en España. “Lo que pasa es que en nuestro país la atención especializada a las violencias sexuales ha llegado muy tarde, porque como derecho consagrado se incorpora a partir de la ley del “solo sí es sí“, aunque en los territorios había comunidades que ya lo tenían en sus en sus propias leyes de violencia, también lo establece el Convenio de Estambul, y ahora es obligación del Estado y las instituciones que existan”, señala Tardón y advierte: “Vamos a pelear hasta donde sea para que el derecho a la asistencia integral especializada a las supervivientes sea una realidad. Es un derecho que se lleva peleando desde hace décadas y tenemos como ejemplo a las feministas y a las mujeres de otros países”.
El periplo de las víctimas sin expertos en violencia sexual
Virginia Alvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional, cree que estos centros son fundamentales, “que exista un referente, que las mujeres tengan un lugar en el que sabes que vas a tener personal experto en diferentes disciplinas, pero que son expertos en violencia sexual y te van a poder atender 24/7. Eso ya eso ya es un punto de referencia. En el informe que publicamos en 2018, “Ya es hora de que me creas”, una de las cosas que encontramos durante esa investigación era el periplo por el que tiene que pasar una mujer que ha sufrido una agresión, pasando por profesionales que no están debidamente formados, no porque haya una mala intención por su parte, pero si no están especializados, si no rompen barreras, estereotípicas, pues es un calvario. Por lo tanto, es muy importante tener personal experto y los centros de crisis lo que intentan es garantizar eso, que vas a tener asistencia especializada, que te van a acompañar y si hay que llevarte al hospital te van llevar, te van a asesorar, no como ocurre en otros lugares donde la víctima está totalmente sola, está desamparada”, señala.
Amnistía Internacional sigue muy de cerca todo lo ocurre con los centros de crisis en España. Realizan un mapeo y seguimiento diario con medios en las distintas provincias, se reúnen con responsables locales y autonómicos, en definitiva, luchan y se interesan porque se cumpla con la ley. De momento, y a solo dos meses de que se cumpla el plazo, no parece que exista voluntad política para cumplir con Europa.