Vox ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley para el establecimiento de un marco para pruebas periciales a menores extranjeros no acompañados y para el cese de las ayudas de cooperación internacional a países que no colaboren en la lucha contra la inmigración irregular y a organizaciones que la promuevan.
En la primera iniciativa, Vox explica que desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre “han entrado ilegalmente en España 37.970 inmigrantes ilegales, lo que supone un aumento del 49,1% respecto al mismo periodo del año 2023 y un aumento del 93,9% respecto al mismo periodo del año 2022”.
Además, expone que “un total de 15.045 menores y jóvenes extutelados de edades comprendidas entre los 16 y los 23 años contaban con una autorización de residencia a finales de 2023, representando los marroquíes un 68% del total de jóvenes, siendo la inmensa mayoría varones (el 94% del total)”.
Según Vox, “los centros de menores inmigrantes no acompañados en España están desbordados, por lo que cobran especial importancia las pruebas de determinación de la edad que se realizan a los recién llegados, a efectos de repatriación por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, debiendo realizarse las pruebas oportunas mediante autorización del Ministerio Fiscal”.
Así, el partido de Santiago Abascal pide promover la realización de pruebas periciales exhaustivas a todos los migrantes irregulares no acompañados que se encuentren bajo tutela de los gobiernos regionales “para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible y con la finalidad de evitar el fraude”.
Al mismo tiempo, este partido solicita también “impulsar la elaboración de un protocolo general para la determinación de la edad de los menores bajo tutela de los gobiernos regionales, que contemple la realización de pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (técnica del índice de Risser)”.
Cese de ayudas
En la otra iniciativa, esta formación lamenta que durante las últimas décadas “se ha seguido una política errada consistente en transferir importantes fondos de cooperación a los principales países emisores de inmigración irregular con el ánimo de incentivarles para combatir este fenómeno”.
Sin embargo, muchos de estos países, a pesar de recibir estos fondos de cooperación internacional, “son reticentes a admitir la devolución de inmigrantes irregulares o, lo que es peor, ni siquiera establecen medidas para evitar la salida de estos inmigrantes de sus territorios”, reza la iniciativa.
Ante esta situación, Vox exige suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país “que no colabore en la lucha contra la inmigración irregular o impida la repatriación de sus nacionales que hayan entrado de forma irregular en España” y “exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales suscritos con terceros países con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales”.
También apuesta por auditar todos los programas de la cooperación internacional y desechar todos aquellos que se desarrollen en países que no colaboren con España en la lucha contra la inmigración irregular, y “endurecer” las penas contra las mafias de la inmigración irregularque trafican con seres humanos, así como contra empresas, ONG o particulares que colaboren con ellas.