La okupación de viviendas en España sigue siendo uno de los problemas sociales más candentes y polémicos en la actualidad. Cada año, miles de propietarios se enfrentan a la frustración de no poder recuperar sus inmuebles, mientras los okupas se aprovechan de las lagunas legales para alargar su estancia. Frente a esta situación, el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha publicado un libro titulado Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble. Allí detalla las estrategias legales y responde a cómo expulsar a los okupas, además de explicar por qué este fenómeno es tan difícil de combatir en España.
Un problema extendido en España
Vicente Magro destaca en su libro que la okupación es un problema singular en España, en comparación con el resto de Europa. “Curiosamente, solo tenemos este problema en España dentro del entorno europeo”, comentó el magistrado en una reciente entrevista concedida a esRadio. “En países como Italia, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, la okupación se resuelve en 72 horas. Como debe ser”, añade, haciendo alusión a los mecanismos rápidos que otros estados aplican para desalojar a okupas.
La diferencia clave radica en la falta de medidas inmediatas y efectivas en el sistema judicial español. En muchos casos, los okupas se benefician de la lentitud de los procesos judiciales. Lo que lleva a situaciones en las que los propietarios pueden pasar meses o incluso años sin poder recuperar sus viviendas. Según Magro, la Ley de Vivienda recientemente aprobada “ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que se ha perpetuado en el tiempo”.
Una pancarta en la manifestación por la crisis del alquiler | EFE
¿Cómo expulsar a los okupas?
El magistrado ofrece algunas claves sobre cómo los propietarios pueden enfrentar la okupación de sus inmuebles de forma más efectiva. Es decir, da respuesta a cómo expulsar a los okupas de las casas. Un caso particular que analiza es el de los inquiokupas, personas a las que se les alquila una vivienda pero que dejan de pagar y no abandonan el inmueble. Este tipo de okupación se suele considerar un impago de la renta. Y se trata por la vía civil, lo que puede ser un proceso largo y tedioso.
Sin embargo, Magro señala que la clave está en llevar el caso por la vía penal. Según el magistrado, cuando un inquilino tiene la intención de no pagar desde el principio se trata de una estafa. “Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa”, explica. “Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa”. Llevar el caso a la vía penal permite a los propietarios solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata del inquilino que no está pagando. Así se evita que el proceso judicial se alargue innecesariamente.
El gran problema: la vulnerabilidad
Uno de los obstáculos más grandes a la hora de desalojar a okupas es el uso de los informes de vulnerabilidad, que muchos de ellos presentan para evitar el desalojo. Estos informes, concedidos por los Servicios Sociales, pueden retrasar los procedimientos judiciales al considerar que los okupas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les impide ser desalojados inmediatamente.
Manifestación por la crisis del alquiler | EFE
Vicente Magro señala que el sistema actual para conceder la vulnerabilidad es demasiado laxo. “La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta”, afirma. Señala que muchos propietarios denuncian que la vulnerabilidad se concede “por teléfono”, sin una verificación adecuada de la situación real de los okupas. Esto no solo afecta a los propietarios, sino que también genera una sensación de impunidad, a larga el conflicto y complica el cómo expulsar a los okupas.
El magistrado aboga por una Ley Integral del fenómeno de la okupación, que establezca procedimientos más estrictos para la concesión de la vulnerabilidad y ofrezca respuestas legales más claras y rápidas tanto para los propietarios como para los ocupantes ilegales.