Después de pasar cuatro días en Utiel, Chiva, La Torre, Benetúser, Alfafar, Masanasa y Catarroja escuchando a sus vecinos, todos coinciden en dos cosas. La primera, que la alerta, el martes 29 de octubre, se mandó tarde y se podían haber evitado muchas muertes si se hubiera avisado antes. Y la segunda es que todos coinciden en que no se creen las cifras de cadáveres y desaparecidos proporcionadas por la Generalitat.
Al cierre de esta edición, los fallecidos continúan siendo 217 y los desaparecidos 89 según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Unos datos con los que Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, no está de acuerdo: “Nosotros llevamos diciendo hace tres días que hay más de 300 desaparecidos“.
Tarde, mal y nunca
Amills en primer lugar no comprende cómo el Gobierno valenciano ha tardado una semana en dar las primeras cifras de desaparecidos. Desde SOS Desaparecidos llevan trabajando en esto desde el primer día recibiendo decenas de llamadas de familiares para denunciar públicamente su desaparición.
“Se apuntan datos, se contactan y se hace seguimiento de los casos“, explica Amills. Un servicio público que ofrecen cuando el presidente de la asociación denuncia que “la iniciativa de la Generalitat está colapsada. No cuesta nada habilitar líneas de teléfono con diferentes extensiones para ayudar a las familias”.
SOS Desaparecidos, pese a ser la asociación de referencia en España para este asunto, cuenta que ellos no pueden “comunicar nada a ningún estamento porque tampoco, ni desde el Ministerio del Interior, nos han dado indicaciones en cómo proceder“.
Caos entre las administraciones
En mitad de esta crisis, Amills denuncia a través de Artículo14 que las administraciones tampoco se ponen de acuerdo entre ellas: “El señor Marlaska dijo hace dos noches que estaban ultimando los puntos donde las familias podrían acudir para el muestreo de ADN lo más cercanos a los núcleos afectados. No pasaron ni doce horas cuando la Guardia Civil hace un comunicado informando de que todas las familias deben desplazarse a la comandancia en el centro de Valencia“.
Esto genera confusión entre los vecinos y desinformación, por eso Amills pide que se pongan “de acuerdo porque no es comprensible. Estamos en un caos”.
El TSJCV ha informado por su parte de que “han sido instaladas oficinas móviles para recoger datos y denuncias de familiares de desaparecidos, y evitar que tengan por tanto que desplazarse a Valencia, en las localidades de Albal (Puesto de la Guardia Civil, calle de la Tabacalera), Alfafar (Edificio Municipal de Bienestar Social, calle La Taleta, 38) y Algemesí (retén de la Policía Local, Calle Sant Nicolau de Bari, 56). Su horario ininterrumpido es de 9.00 a 21.00 horas”. Una información que puede que aun no conozcan muchos vecinos, los cuales no comprendían cómo en mitad de la tragedia se tenían que desplazar al centro de Valencia para denunciar una desaparición.
Denuncias sin poner
Tal es el caos que las personas fallecidas y desaparecidas no concuerdan. Además, Amills señala otro detalle importante: “Tenemos casos de familias que nos están llamando contando que están en el extranjero sin posibilidad de poner la denuncia en España. Les estamos dando instrucciones de que denuncien en su país y después lo comuniquen a la Policía Nacional, pero va a ser un proceso largo”. Amills, en este aspecto, también se acuerda de las personas que vivían solas y que no tenían familia. Pueden estar desaparecidas pero puede que nadie denuncie su desaparición.
Es por estos motivos por los que Amills cree que los datos de desaparecidos aportados por la Generalitat son en realidad, mucho mayores.
Desde el Tribunal Superior de Justicia alertan de que las 89 denuncias por desaparición activas “no equivalen al número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, pues puede haber casos de desaparición que no se hayan denunciado todavía”. Así mismo explican de que estos casos hay que relacionarlos “con el número de personas fallecidas a las que ya se les ha practicado la autopsia pero están pendientes de ser identificadas“. Dato que se cuantifica en 62.
A martes 5 de noviembre, los forenses habían realizado 195 autopsias y de estos, 133 habían sido identificados.
Entrega de fallecidos a sus familias
Al principio, ante la falta de información, algunas familias con personas desaparecidas acudieron a la Feria de Valencia para poder hacer un reconocimiento de los cadáveres. Sin embargo, rápidamente, la consellera de Industria y Turismo de Valencia, Nuria Montes, se encargó de explicar que aquello no era un centro de reconocimiento: “No se va a permitir el acceso de los familiares donde tenemos custodiados a los fallecidos. Tienen que esperar de manera obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación”.
Ayer miércoles se conoció a través del TSJCV que los juzgados ya habían autorizado la entrega de 83 fallecidos a sus familias tras haber practicado la autopsia y haber sido identificados. Entre los municipios de Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Picanya y Torrent se han expedido 43 licencias de enterramiento. En Albal, Alfafar, Benetúser, Catarroja, Llocnou de la Corona, Masanasa y Sedaví 19; en Requena, siete; en Alzira, cinco; Valencia, cuatro; Mislata, tres y en Llíria, dos.
Ahora son las funerarias las encargadas de dirigirse a la morgue, recoger los cadáveres y trasladarlos a los tanatorios designados por sus familias.
Cada día se realizan diferentes batidas de voluntarios en busca de sus familiares desaparecidos. Los efectivos de UME y bomberos también trabajan sin parar en túneles, garajes y en el barranco del Poyo, donde se cree que puede haber algún cuerpo que haya sido arrastrado tras el paso de la DANA.
