En agosto, en plena canícula estival, parece que toda preocupación se diluye entre el sopor, el relax, y el mayor tiempo libre que permite reconfortantes actividades veraniegas a los que consiguen tener algún tiempo de vacaciones. Un paréntesis temporal de algunos días, o de semanas los más afortunados, en que se intenta dejar fuera el estrés cotidiano producto de cuitas a las que atender y solucionar durante el resto del año.
Es un momento, igual que en Navidad o como en todas las fechas señaladas de descanso, donde las familias suelen tener más tiempo para compartir. Bueno, no todas. Hay familias que siempre han tenido sillas vacías en las celebraciones, regalos que no se han dado en cumpleaños, paseos al lado del mar donde se siente la falta de una mano a la que agarrarse, juegos no compartidos… Son, somos, familias con huecos, con ausencias absolutamente, y siempre, presentes.
Estos vacíos no deberían verse como fruto de tragedias familiares o individuales, sino que afectan a toda la sociedad. Ni son hechos que debieran quedarse en el pasado porque las consecuencias todavía las seguimos sufriendo en nuestro día a día.
Las desapariciones forzadas de miles de menores, lo que socialmente se conoce como ‘bebés robados’, es un delito continuado en el tiempo solo resuelto cuando se encuentra al desaparecido, vivo o muerto. Tan continuado y permanente como la angustia y aflicción que provoca en los familiares que los buscan.
Este crimen, imprescriptible según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, se produjo durante la dictadura franquista hasta entrada la democracia. En un primer momento separando a los niños y niñas de las mujeres antifranquistas en las cárceles y simulándose su fallecimiento en las maternidades en etapas posteriores, pero siempre como fruto de las represiones ejercidas por el franquismo por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales, y de género. Continuó hasta bien entrada la democracia donde nunca se investigaron esos crímenes, como ninguno de los demás crímenes de la dictadura ni de la transición, ni se terminó con la impunidad heredada.
Como crimen de Estado en un contexto dictatorial, con derivaciones en la democracia, es el Estado el que debe tomar medidas para la obtención de la verdad de los hechos ocurridos, de la justicia y reparación que merecen las víctimas y para asegurarse de que esta barbarie no se repita nunca más. Este es el propósito que nos mueve desde hace años, nuestra razón de ser, que se ha concretado en la promoción e impulso de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español: desaparición forzada de menores. Esta iniciativa legislativa lleva en el Congreso de los Diputados desde 2018, un periplo de dos legislaturas cuya trayectoria resultó tan extensa como intensa; así como también ha sido incomprensible para las víctimas la ralentización y, en algunos momentos, el bloqueo de su tramitación parlamentaria.
Esta es la tercera legislatura en que los Grupos parlamentarios han hecho de nuevo el registro de la Proposición y con ello surge en el colectivo de víctimas una ilusión renovada. No es una ilusión por candidez, sino por necesidad. Es imprescindible mantener la esperanza para seguir adelante, a pesar del cansancio, de la frustración repetida, del desasosiego y la incertidumbre, y del dolor que nos produce la pérdida de tantas víctimas que fallecen sin saber la verdad y sin conseguir justicia.
Somos conscientes de que todas las leyes llegan tarde, esta también, pero después de dos legislaturas, esta tiene que ser la definitiva, no podemos esperar más, nuestros políticos no deben hacernos esperar más. Esta ley es necesaria porque vivimos en un Estado de Derecho que debe proteger a todas las víctimas en el reclamo de sus garantías fundamentales. Con esta normativa se ampara a todas las personas que sufrieron este crimen, tanto en la dictadura como después, y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad de origen.
Conocemos, por las conversaciones mantenidas, el compromiso de los Grupos parlamentarios que apoyan la Proposición para que la ley salga aprobada en esta legislatura. Un compromiso que exhortamos a cumplir. Estaremos vigilantes, seguiremos trabajando hasta que la Ley sobre ‘bebés robados’ vea la luz, y lo haremos sin descanso.