En Artículo14, más de una vez hemos contado como las víctimas de violencia de género, las mujeres que ejercen la prostitución o las personas migrantes no se sienten arropadas por las administraciones. Cuando se dirigen para hacer cualquier trámite, muchas aseguran no sentirse escuchadas, además de que en ocasiones, los nervios y la vergüenza se apoderan de ellas. Algunas incluso llegan a escuchar comentarios xenófobos e hirientes hacia ellas. Esto finaliza en que la mujer se va sin haber podido realizar la gestión correctamente.
Pablo Bracons, abogado de la asociación In Género en la sede de Madrid, cuenta que cuando estas mujeres acuden a la administración con un profesional “el trato desde el inicio es muy diferente“. Es por ello que esta asociación suele acompañar a las mujeres que lo necesiten porque sino “se van a encontrar todas las puertas cerradas“.
En alguna ocasión han tenido que realizar acompañamientos simplemente para que les den un papel. “Si van solas, no se lo dan. Es un poco inverosímil”, asegura el abogado. Si la mediadora sanitaria no las acompaña al hospital “muchas tampoco podrán acceder a la atención hospitalaria que necesiten”.
¿Transfobia, racismo o ignorancia?
In Género trabaja cada día con mujeres que ejercen la prostitución. Algunas de ellas, trans. Rubén Bustamente, coordinador de la sede de In Género en Madrid, explica que algunas veces ha mandado a mujeres trans al hospital para que se tomen el tratamiento PEP, para prevenir el contagio del VIH. Sin embargo, una vez allí, les dan la pastilla del día después, la que se toma una mujer para evitar un embarazo. Este es solo uno de los testimonios que cuenta Bustamante de las centenas de casos que conoce. Por eso se pregunta si es una cuestión de transfobia o de ignorancia, aunque él parece tenerlo bastante claro.
Además se han encontrado con casos en hospitales en los que las mujeres “reciben amenazas porque les dicen que les enviaran la factura o directamente no las atienden porque no tienen la nacionalidad”, explica Bustamante. Casos en los que han detectado “mucho racismo desde la policía hasta en el ayuntamiento”.
También ocurre con la violencia de género. Cuando una víctima inmigrante asiste al juicio “normalmente lo suele hacer sin abogado”, cuenta Bustamante. Ocasión que aprovecha el abogado del maltratador para decirle que será mejor que retire la denuncia porque “está en situación irregular y puede tener problemas como que la echen del país”.
“El problema es que nosotros no vamos a poder estar para siempre. Por eso intentamos concienciar y resposabilizar a las administraciones de que se deben sensibilizar con estos temas“. Y lo hacen a través de un curso que han lanzado online llamado Racismo cero en la administración: proyecto de sensibilización para funcionarios.
Tal y como cuenta Bustamante, este curso tiene el objetivo de que “a la larga, cualquier persona pueda ejercer sus derechos libremente como cualquier ciudadano”.
Racismo cero en la administración
“Vemos que es una realidad sobre la que mucha gente no tiene conciencia. No saben las situaciones en las que se encuentran estas personas ni a las que se enfrentan. Y por medio de este proyecto queremos concienciar sobre ello, sensibilizar y que esto favorezca a que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos como cualquier otra persona”, explica Belén Sánchez, trabajadora social del programa.
El curso consta de 60 horas que se pueden realizar online al paso que cada uno pueda. Está destinado a cualquier trabajador de la administración pública, desde personal sanitario hasta policías pasando por servicios sociales y educacion. Además, la asociación celebra la buena acogida que ha tenido con casi 500 personas inscritas de todo el territorio nacional.
“Siendo la primera vez que ponemos en marcha este proyecto nos parece todo un éxito”, confirma Sánchez. El programa consta de dos cursos. El primero en el que tratan el tema de la migración, racismo y discriminación hablando de los estereotipos y perjuicios que existen al respecto y dando claves sobre sensibilización, empatía y buenas prácticas. El segundo se basa en delitos de odio y violencia de género tratando la identificación, prevención e intervención de la misma.
El curso finalizará en noviembre y aunque se inició como un “proyecto piloto” que incluso está financiado por la Unión Europea, si la acogida y los resultados son buenos, podrían realizarse más ediciones los próximos años.