El escenario de la excomunión de las monjas Clarisas rebeldes de Belorado y Orduña queda despejado ante la incomparecencia de las hermanas ante el Tribunal Eclesiástico que les acusaba de un delito de cisma. La emisión de su mano de un burofax firmado al unísono por toda la congregación separándose de la Iglesia conciliar no deja lugar a dudas “unánime e irreversible” afirman en el escrito divulgado por las redes sociales. La pregunta es y ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar con las madres Clarisas atrincheradas tras los muros del convento de Burgos junto con el autodefinido obispo de Rojas, presunto autor intelectual del cisma, y con la madre abadesa sor Isabel de la Trinidad?
Existen dos planos, el que concierne a la Iglesia vaticana, que deja las manos libres al arzobispo Mario Iceta para consumar el proceso de excomunión, y otro mucho más mundano que atañe a la legalidad y al derecho sobre los bienes inmuebles que ocupan y habitan una vez hayan quedado definitivamente fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana.
Este escenario empezará a desarrollarse con la presentación de un procedimiento de desahucio para reclamar que en el monasterio hay personas que nada tienen que ver con la estructura de la Iglesia católica y que están ocupando una propiedad. La abogada Olga Rodríguez explica que una vez iniciada la causa no va a ser de efectos inmediatos. Son procesos largos, ya que es previsible que las monjas hagan uso de su derecho a réplica junto a dos variables importantes.
La primera es que hay que cerciorarse de que la decisión del conjunto de las monjas ha sido libre, consciente e informada de todas ellas, más allá de que en el burofax expresen que ha sido por unanimidad. Cabría la posibilidad de identificarlas individualmente para que abandonen el inmueble en caso de ratificarse en su postura actual.
Por otro lado, las monjas cismáticas podrían llegar a constituirse como una nueva institución religiosa e inscribirse en el registro correspondiente del ministerio del Interior y argumentar que su sede es el monasterio en el que viven y desarrollan su actividad pastelera haciendo trufas y dulces. Cuando se da la circunstancia de la concurrencia de sede de una institución religiosa, bajo el paraguas constitucional del derecho a la libertad religiosa, hay que cerciorar legalmente que todo el procedimiento está ajustado a la ley frente a quienes habrían presentado la demanda de desahucio.
Olga Rodríguez nos dice que quizá sea este el planteamiento que podrían estar valorando las Clarisas, ya que se trasluce del citado burofax donde no reconocen la autoridad del arzobispo Iceta y la nulidad de sus pronunciamientos. Al previsible juez que asumiera el caso, dicha concurrencia de posturas enfrentadas, le obligaría a un proceso que se dilatara en el tiempo y la ejecución del desahucio no sería ni mucho menos inmediata, lo que se convertiría en tiempo ganado a favor de las ocupantes.
Además de todo ello, está la batalla del relato. La imagen pública, el perjuicio y el impacto que sería en último término la entrada de la policía con una comisión judicial para desahuciar a unas monjas. Toca esperar el siguiente paso que adoptará el arzobispado de Burgos es esta lucha de poder espiritual y humano.