El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presentado este martes ante el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que pretende reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad.
Una reforma que atraviesa dificultades políticas
Se trata de una iniciativa que busca adaptar estas leyes a la reforma constitucional de 2022 y a la convención de derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2007. La reforma, que aún debe pasar por el Congreso y enfrenta una compleja situación política, eliminará la incompatibilidad entre distintas prestaciones y fortalecerá la atención en los hogares.
Sin embargo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte que la falta de financiación dificulta su implementación. Además, recuerdan que actualmente hay 270.325 personas en lista de espera para recibir atención, y que esta ley no se cumple adecuadamente desde hace 18 años. Recalcan, que cada 15 minutos muere una persona en espera de atención (34.252 solo en 2024), y el tiempo de espera para recibir prestaciones es de 334 días, con algunas comunidades con tiempos de espera que superan los dos años.
Repasamos algunas de las claves de la reforma aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
Una de las grandes dificultades de la reforma: la financiación
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que las leyes sin un presupuesto y compromisos de financiación son “papel mojado”. Ante esta preocupación, el Ministerio de José Luis Bustinduy respondió que la ley y sus reglamentos establecen mínimos de calidad y derechos, pero son las comunidades autónomas las que deciden si aumentan las cuantías y servicios.
Además, el ministerio ha señalado que el objetivo es equiparar la inversión en dependencia al porcentaje del PIB de países similares a España. Actualmente, el Gobierno aporta 3.411 millones de euros al sistema de dependencia, tres veces más que los 1.130 millones de euros del Gobierno del PP en 2014.
Eliminación del régimen de incompatibilidades
La reforma de la ley del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia eliminará el régimen de incompatibilidades establecido por el Gobierno de Rajoy en 2013, que impedía combinar ciertos servicios, como la ayuda a domicilio y la asistencia en un centro de día.
Aunque algunas comunidades autónomas ya lo han hecho compatible, la reforma busca hacerlo a nivel nacional. Además, el anteproyecto suprimirá el periodo de carencia de dos años para acceder a las prestaciones económicas por cuidados familiares, impuesto en 2012 para reducir gastos. Actualmente, el tiempo de tramitación de un expediente de dependencia es de casi un año, y según la ley, las comunidades autónomas no están obligadas a conceder la prestación retroactivamente debido a este periodo de carencia. Aunque la ley original establece que la solicitud debe ser atendida en 180 días, no se está cumpliendo.
Servicio de teleasistencia, un derecho subjetivo
La reforma establece que todas las personas en situación de dependencia tendrán derecho a recibir teleasistencia, independientemente de otras prestaciones o servicios. Aunque el Plan de Choque de 2021 ya consideraba la teleasistencia un derecho subjetivo con el objetivo de implementarlo a finales de 2022, cuatro años después, solo el 42% de las personas atendidas en sus domicilios reciben este servicio, según datos del Observatorio de Dependencia.
Cambios en el catálogo de servicios
La reforma de la ley contempla importantes cambios en los servicios para personas en situación de dependencia. Introduce la asistencia personal, cuidados en viviendas y productos de apoyo como parte del catálogo de servicios, que podrán ser proporcionados mediante prestaciones económicas o a través de medios públicos o privados, concertados y acreditados.
Expansión de la ayuda a domicilio
También se prevé una expansión de la ayuda a domicilio, abarcando actividades como ir a la compra o al centro médico, así como apoyos en la vivienda para que las personas con dependencia puedan vivir de forma segura y adaptada a sus necesidades. Esta ampliación de recursos ya se está implementando en algunas comunidades y en países con sistemas más avanzados. Sin embargo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte que la intensidad media de la ayuda (una hora diaria) no es suficiente para ofrecer atención adecuada, especialmente a personas con alta dependencia, lo que recaerá principalmente sobre las mujeres, que son mayoría como cuidadoras no profesionales.
Acceso a la vivienda
La reforma también asegura el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, obligando a la realización de obras para eliminar barreras arquitectónicas y garantizando que los vecinos puedan exigir judicialmente estas intervenciones. Según el CERMI, unas 100.000 personas están confinadas en sus hogares debido a problemas de accesibilidad.
Se refuerzan los derechos de los cuidadores no profesionales y la protección a mujeres y niñas
Además, la ley refuerza los derechos de los cuidadores no profesionales. Establece así el derecho a recibir apoyo, formación y medidas que faciliten la conciliación laboral y personal. En cuanto a las mujeres y niñas con discapacidad, la reforma incluye medidas específicas de protección y promoción de sus derechos. Ofrece un enfoque inclusivo y de género. También se crea el Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. Así como un registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, buscando garantizar la plena inclusión social.