En torno a 300.000 alumnos se han examinado de la EBAU en los primeros días de junio, con sus nervios a flor de piel, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Se enfrentan a una de las pruebas más trascendentales de su vida académica ya que la calificación que obtengan puede determinar si consiguen una plaza en la Universidad o carrera que quieren estudiar, y si pueden desempeñar en el futuro la profesión que siempre han soñado.
La prueba de selectividad ha sido motivo de intenso debate público, tanto en el ámbito educativo, como en el político y en el social, y es abrumador el consenso social que existe en torno a la necesidad de una EBAU común, porque las diferencias de los exámenes entre Comunidades Autónomas es una realidad.
Profesores, alumnos, familias, el Defensor del Pueblo y toda la comunidad educativa coincide en decir que tenemos 17 modelos de EBAUs (¿existe en plural?) diferentes, y que es una terrible injusticia para los alumnos estas diferencias cuando resulta que después el acceso a la Universidad es único y además tiene una especial incidencia en los estudios universitarios más demandados.
En 2019 un total de 178.000 firmas se presentaron ante el Ministerio de Educación reclamando una prueba de acceso a la universidad idéntica para todas las Comunidades Autónomas.
Los estudiantes también se han pronunciado recientemente en una encuesta publicada y el 81% de los jóvenes en edad de hacer la selectividad pide hacer una EBAU común en toda España.
Y después de 5 años en el Gobierno, ¿qué ha hecho la ministra de Educación, primero Cela y ahora Alegría? La realidad es que no han hecho nada para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos con independencia del lugar donde vivan, de la Comunidad Autónoma donde estudien, en el acceso a la Universidad puesto que el Distrito Universitario es único para toda España,
Desde diciembre de 2020 que aprobaron la nefasta LOMLOE, en plena pandemia, que establecía en su Disposición Final Quinta apartado 7 que la nueva EBAU se implantaría para este curso escolar 2023/24, no ha hecho absolutamente nada, como siempre incumpliendo, en este caso, incumpliendo sus propias leyes.
Lo único que ha hecho es dar bandazos, desde que lanzó en el verano de 2022 su primer borrador de Real Decreto de la nueva selectividad, anunciando la polémica prueba de madurez, que, tras el aluvión de críticas de profesores, filólogos y hasta las Real Academia Española, nunca más se supo.
El Real Decreto para regular la nueva EBAU debería haberse aprobado para el verano del 2023, pero la convocatoria de las elecciones del 23 de julio del pasado año y la entrada en funciones del Gobierno le vino de perlas para tener excusa y anunciar que se retrasaba.
Y así hemos llegado a los exámenes actuales y son prácticamente iguales a los de años anteriores.
La realidad, es que lo único que han hecho desde que llegaron al Gobierno es devaluar esta prueba considerablemente y aumentar las diferencias entre comunidades autónomas, provocando una mayor desvertebración del sistema educativo, el suspenso que han recibido en el último informe Pisa le debería hacer rectificar.
El problema real es que este Gobierno tiene las manos atadas por sus socios de Gobierno y prefieren no molestar a sus socios independentistas porque en ello les va la vida.
El pasado martes 11 de junio la Ministra de Educación anunció que el Consejo de Ministros daba luz verde al nuevo modelo de examen de acceso a la universidad que entrará en vigor en junio de 2025 y, al día siguiente el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto que estable la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, PAU, que es como se llamará a partir de ahora, en vez de EBAU. Pero más allá del cambio de nombre, lo que plantea va a traer más diferencias entre las comunidades autónomas por la deriva al enfoque competencial en el que se diluyen los saberes básicos, la ministra anunció criterios comunes, pero la realidad es que no establece instrumentos de coordinación efectivos y seguros que permitan garantizar el carácter de prueba común que es lo que está pidiendo toda la comunidad educativa, para acabar con las desigualdades, ante la existencia de un distrito universitario único. La nueva propuesta no unifica nada y diluye saberes.
Pero lo más grave es que se aprueba sin el consenso de las Comunidades Autónomas y sin haber convocado la Conferencia Sectorial de Educación que son las que tienen que aplicar esta normativa.
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP llevan meses trabajando en la elaboración de una prueba común y próximamente anunciarán su documento de trabajo.
Sra. ministra de Educación, urge en España una prueba de acceso a la Universidad en favor de la Igualdad y de la Excelencia, pero claro, hablar con este gobierno de igualdad le debe sonar a ciencia ficción.