Para los sindicatos, intentar paliar la situación que se vive en los hogares y centros de internamiento de menores a base de parches sería un error. Por eso, la Unión Sindical Obrera se ha reunido este viernes en Mérida con la Consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, para exigir medidas urgentes. Medidas como el refuerzo de los protocolos de seguridad, el aumento de la plantilla, o la prestación de servicios de atención psicológica en los centros de trabajo entre otras.
Eva Vargas Díez es la Secretaria de Organización y Desarrollo Territorial de USO en Extremadura, pero también es Educadora Social y ha trabajado durante 15 años en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi. Lo primero que nos explica es que no es lo mismo este centro que un hogar. “Hay que hacer una diferenciación. El centro es un centro de internamiento, pero la ley contempla otras medidas para menores que han cometido delitos en medio abierto. Esos son los hogares. Grupos de convivencia en hogares que, en este caso, tiene una empresa adjudicataria que es la que los lleva”. Eva nos cuenta que en los centros sí que hay vigilantes, pero que los pisos carecen de medidas de seguridad. “Son escasas, por no decir que inexistentes. Y más en los turnos de noche, que las trabajadoras están solas”. Solas. Ni siquiera hay cámaras y eso forma parte también del debate. “Nosotros creemos que debería haber vigilancia y cámaras de seguridad, aunque, claro, existe el debate de que ese es su domicilio y que hay que preservar la intimidad de los menores. Pero hay una línea en la que hay que intentar que se proteja la intimidad de los menores, pero que también se garantice la seguridad de las trabajadoras. Lo que estamos viendo es que hay muchas medidas para garantizar el interés superior del menor, su privacidad, su atención, pero las medidas de prevención de los trabajadores no son tantas. Hay que sentarse y ver qué medidas se pueden implementar”. A continuación, enumera algunas de las posibles: “Que puedan tener un botón del pánico, un sitio donde resguardarse, el aumento de plantilla… No puede trabajar una trabajadora sola en el turno de noche, pero tampoco de día. Debe haber un equipo que garantice la seguridad”.
Eva Vargas también incide en que la realidad social está cambiando: “En estos últimos años, la violencia de los menores ha aumentado significativamente. Se da violencia física, pero también violencia verbal, que es una de las cosas que más nos preocupan porque los trabajadores y trabajadoras están expuestas constantemente a insultos, amenazas, coacciones… Un día puntual se puede llevar, pero de forma continuada es muy difícil sobrellevarlo. A nivel psicológico pasa factura“. Una factura que, económicamente, tampoco compensa: “El tercer sector está muy mal pagado. Por supuesto que las trabajadoras no están bien pagadas. No se corresponde el riesgo que se corre con el salario que se tiene. Además, no somos figuras de autoridad. ¿En qué lugar se deja a los trabajadores de cara a los chicos y chicas que están ahí?”.
Los trabajadores y trabajadoras no pueden más. Mientras, los menores se sienten imbatibles: “No tienen consecuencias, con lo cual se sienten impunes. Estas agresiones, tanto verbales como físicas, van in crescendo”.
Condiciones precarias… también para los menores
El Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales agrupa a los Colegios de toda España. En él, nos atiende Pablo Sánchez Mirete, su Director General. Nos traslada que es complicado generalizar porque cada autonomía aplica sus propios criterios: “Tenemos 17 modelos territoriales, y cada modelo territorial aplica su propia normativa y sus propios protocolos en el mejor de los casos. En muchos casos no hay ni siquiera protocolos. Son las empresas gestoras las que deciden cómo actuar en cada momento”.
Ahora bien, eso no implica una mejora de condiciones para los trabajadores: “Tenemos jornadas con turnos muy variopintos, tenemos salarios muy, muy precarios para la cualificación que se nos pide. Somos personal altamente cualificado con una implicación muy alta”. De nuevo, falta inversión. “La situación es una situación generalizada de precariedad. La externalización en el sector es generalizada y causa mucha rotación entre los profesionales. Trabajamos con el vínculo y el vínculo se establece con el tiempo. La rotación no favorece la intervención socioeducativa”.
Y con estas dos palabras, Pablo cambia el foco de sitio. Porque en este escenario, aunque sea complicado verlo en el momento actual, los trabajadores son importantes, pero también lo son los menores. La inversión no solo mejoraría las condiciones de los trabajadores, sino también, de los menores: “Necesitamos homogeneizar el gasto por menor en todas las comunidades autónomas. Tiene que haber un firme convencimiento por parte de todas las administraciones (municipales, autonómicas y la estatal). La población a la que van dirigidos estos recursos es muy vulnerable. Los menores, los niños y niñas de hoy, serán los adultos del mañana y tenemos que hacer una profunda reflexión como sociedad sobre qué sociedad queremos“.