De los dulces al oro, o mejor dicho con los dulces las monjas cismáticas de Belorado se han hecho de oro de manera literal. La policía investiga una venta del preciado metal llevada a cabo por la abadesa Sor Isabel de la Trinidad, cuyo nombre civil tras la excomunión de la Iglesia de Roma es Laura García de Viedma, en un local de compraventa de Burgos. En concreto la ex clarisa ha canjeado 1, 7 kilos de oro en lingotes de gran tamaño por un valor de 130.000 euros.
Un hecho a todas luces llamativo, porque no es ni de lejos un negocio habitual de las congregaciones religiosas, lo que ha llevado a abrir una investigación policial. Desde el arzobispado de Burgos sí han podido confirmar la compra de oro por un importe de 250.000 euros en el año 2020 y aquí es cuando surgen dos preguntas: ¿Dónde está el margen hasta esa cifra? y ¿quién es el legítimo propietario de la cantidad obtenida por la venta?
A ojos de la archidiócesis Sor Isabel está vendiendo un oro que no es suyo, sino de la Iglesia porque ese noble metal pertenecería a la comunidad verdadera, no a las cismáticas. A pesar de que la policía investiga el origen del metal, por si viniera de un achatarramiento del mismo con fines de blanqueo de capitales o del mercado negro, desde el arzobispado creen en la legalidad de la venta, pero no en la titularidad de quien ha recibido los 130.000 euros. De hecho, el oro se encuentra retenido en el local burgalés donde lo llevaron para la transacción a la espera de acreditar el verdadero propietario de los lingotes.
A las monjas cismáticas no les consta ninguna investigación, se aferran a la legalidad del acto de compraventa y a que su tesoro proviene del trabajo de los dulces y la actividad propia del convento. Algo que choca con las dificultades económicas que aparentemente parecen estar sufriendo. Tanto es así, que se ha detectado un cobro indebido de una pensión de una de las hermanas ya fallecida durante dos años y medio. El arzobispado de Burgos finalmente es el que se ha hecho cargo de mediar con la Seguridad Social para dar de baja a la difunta monja y suspender así el cobro.
La situación económica es delicada para las exclarisas, pudiendo ser catalogadas como población vulnerable. El arzobispado se ha ofrecido a darles facilidades para solventar la crisis ofreciéndoles dinero con una única condición, tener las cuentas accesibles y que fuesen transparentes con el dinero y las actividades que realizan. A la vista está que esto no ha sucedido con el tema de la pensión o con el juego del oro.
Las exclarisas argumentan que el cobro del subsidio fue un error y que apenas se extendió en el tiempo, solo un par de meses, y que el ingreso de dicha pensión está por debajo de los 400 euros, restando importancia al montante. Sin embargo, fuentes solventes que han podido acceder a los recibos hablan de dos años y medio por lo menos. Un dinero que tendrán que devolver con el recargo oportuno en el mejor de los casos, o bien podrían enfrentarse a un delito de fraude si se demuestra el empeño por la ocultación, lo que les situaría ante una posible responsabilidad penal.
Por otra parte, está acreditado que los pagos por los suministros mensuales al convento están siendo sufragados por el resto de congregaciones de clarisas del norte, concretamente por la Federación de Aránzazu que inyecta entre 20.000 y 30.000 euros al mes para afrontar las facturas, incluyendo teléfono y calefacción.