Acepta responder a nuestras preguntas pero nos pide que no desvelemos su nombre. Tampoco quiere que se sepa su edad, sus estudios o el tiempo que lleva trabajando en el Vicente Marcelo Nessi de Badajoz. “Es un centro de medidas judiciales, el centro donde cumplen medidas los menores que han cometido el delito”, nos explica. “El delito” es la muerte violenta de Belén Cortés y “los menores” son las tres personas de 14, 15 y 17 años que fueron detenidas por ella. Sabiendo esto, es fácil entender que no quiera identificarse. Su situación es delicada no solo por eso, sino también porque la consigna ahora desde la empresa que la contrata es mantener el silencio. “No sé cómo afrontar esto. No quiero dar demasiada información porque estamos advertidos”.
Ella (hoy este pronombre será su nombre), nos explica que ha habido un cambio social al que no nos estamos adaptando: “Con respecto a la ley del menor, se deberían endurecer las penas ante delitos tan graves. Soy de la opinión de que, afrontando una nueva problemática social, la ley debería cambiar. Estamos ya viendo casos de menores de 12 años que, por no ser imputables, no están cumpliendo ningún tipo de medidas y cometen delitos graves. Se debería revisar esas franjas de edad y qué medidas se podrían tomar”.
Nos aclara que no se puede generalizar, que cada centro tiene su propia problemática, pero asegura que superar el día a día es cada vez más complicado. “La situación es penosa. Estamos viviendo un descontento generalizado en todo el colectivo. Se ha convertido en un infierno ir al trabajo cuando para mí ir a trabajar era maravilloso”. A medida que aumenta el estrés, la vocación poco a poco se va diluyendo. “Antes sabían dónde estaban los límites. Ahora es que parece que no hay límites. Parece que no hay límites”, remarca. “Estamos soportando situaciones de estrés a diario”.
Un centenar de educadores y educadoras en Badajoz. EFE
Es fácil comprobar sus palabras. Con una simple búsqueda vemos que los vigilantes de ese mismo centro, el Vicente Marcelo Nessi, llevan años entre huelgas y protestas. Es algo que comparten muchos trabajadores y trabajadoras de este ámbito, sea cual sea su formación: la sensación de desprotección. “Nosotros tenemos que denunciar a título personal cuando sucede algo en este tipo de centros. Tendría que crearse un sistema en el que se hiciera una denuncia automática cuando un interno, un menor, infringe un acto delictivo en contra de un profesional. Estamos hablando de agresiones verbales, físicas, de amenazas o cualquier tipo de agresión que vulnere nuestros derechos”.
Nos habla de que los centros no dan más de sí y de que, cuando los menores alcanzan los 18 años, no son trasladados. “Está habiendo saturación. Es una realidad que nadie quiere ver. Yo no había visto tanto interno como ahora. Una forma de aliviar el funcionamiento de los centros sería trasladar a los mayores de edad a la cárcel. Porque sí, tienen condena de menor y hay habilitados módulos, pero deberían poder abarcar a este tipo de menores que siguen cumpliendo medidas y ya tienen la mayoría de edad”.
A esto hay que sumarle (o más bien restarle), como siempre, el dinero. “Nuestra demanda es que las empresas privadas no tomen el mando de estos centros porque suelen dar un presupuesto a la baja a las administraciones y por eso salen elegidas. Pero ese presupuesto a la baja suele implicar que los trabajadores que contraten estén mal pagados, que haya precariedad laboral. Esos trabajadores no tienen unos salarios dignos con respecto a la formación que han recibido. Estamos hablando de gente con carrera que gana mil, mil doscientos euros…”
Le preguntamos, para acabar, si cree que la muerte de Belén servirá para que las cosas cambien. “Es trágico decirlo pero un hecho así debería provocar una consecuencia en la población, en la sociedad. Pero realmente creo que no va a haber un gran cambio. Simplemente pondrán parches, reforzarán el personal en los centros hasta que todo esto pase”.