La ruta marítima atlántica hacia Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo, evidencia un incremento alarmante en el número de mujeres y niños que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor. En 2024, el archipiélago canario batió, por segundo año consecutivo, su récord de llegadas de personas migrantes. Según datos del Ministerio del Interior, 46.843 personas arribaron a las costas españolas desde África, un 17,4 % más que las 39.910 registradas en 2023. Las playas y puertos de Senegal y Mauritania se mantienen como los principales puntos de partida de estas embarcaciones precarias.
Este aumento de llegadas trae consigo una tragedia aún mayor: la pérdida de vidas humanas. Durante 2024, el número de mujeres fallecidas se duplicó, mientras que las muertes de menores se sextuplicaron. Desde 2020, los cementerios de Gran Canaria y Tenerife han recibido los cuerpos de cuatro menores: tres niñas y un niño. Desde 2020, cinco menores han perdido la vida en naufragios de cayucos o debido al grave estado de salud en que se encontraban al ser rescatados mientras se dirigían a España.
La deshumanización del duelo es una constante en estas tragedias. Los largos trámites burocráticos y la desidia administrativa perpetúan el sufrimiento de los familiares, especialmente de las madres. En muchos casos, no se informa de manera inmediata a los familiares de las posibles víctimas. A diferencia de lo que ocurre en sucesos con múltiples víctimas en otras circunstancias, donde se activan servicios de asistencia para las familias, cuando se trata de personas migrantes, estos recursos no existen.
El largo camino hacia el adiós: el caso de Elené Habiba
Elené Habiba, una niña maliense de menos de dos años, cuya trágica historia ha puesto de manifiesto no solo el drama humano de la ruta migratoria, sino también las insuficiencias de un sistema judicial incapaz de responder con empatía y celeridad ante estas tragedias.
Elené llegó a Canarias junto a su madre, Massa, y su hermana mayor tras una travesía marcada por el hambre y la sed. Habían huido de Mali, no solo de la pobreza y la violencia, sino también de una compleja situación familiar que obligó a Massa a dejar atrás a otras cuatro hijas. La niña no resistió las penurias del viaje y falleció en la UCI del hospital donde fue atendida.
El entierro se retrasó durante semanas. Primero, se necesitaba la autorización judicial para proceder. Luego, se tuvo que coordinar con la comunidad africana en Canarias para garantizar que el rito funerario fuera lo más cercano posible a la tradición musulmana. En este proceso, el tiempo se alargó mientras Massa, profundamente afectada, permanecía en un estado de bloqueo emocional. Su única petición era despedirse de su hija. Sin embargo, el sistema judicial, rígido y burocrático, apenas respondió a las necesidades de una madre que solo buscaba cerrar el duelo.
Finalmente, se le permitió abrir el ataúd unos segundos antes de confiarla a la tierra, gracias a la intervención de la Comunidad Musulmana. No hubo lápida ni inscripción que recordara su nombre; solo una corona temporal cubría el pequeño túmulo de tierra.
Fatmate Zara, siete meses en un congelador
Fatmate Zara, Yamila, de cinco años, quien falleció en un helicóptero del ejército del aire español mientras era evacuada al hospital la noche del 30 de junio de 2021. La patera en la que viajaba había estado a la deriva durante doce días, con una veintena de personas fallecidas a bordo. Yamila murió de sed.
Kady, su madre, una joven marfileña, llevaba siete meses esperando para poder viajar desde Francia a Canarias y despedirse de su hija, quien había permanecido todo ese tiempo en un depósito de cadáveres tras morir en una patera. Ambas estaban atrapadas en uno de esos atolladeros del sistema: sin papeles temía ser deportada si acudía a la Gendarmería francesa.
La llegada de Kady a Las Palmas de Gran Canaria fue semiclandestina, gracias a una red de apoyo que prefiere no dar detalles de cómo salió de Francia. Sin embargo, esta red reconoce que el Gobierno de España cumplió su promesa de facilitar su asistencia al funeral de su hija por razones humanitarias.
La madre de Yamila llegó al cementerio acompañada de la activista Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras, el colectivo que estuvo en contacto con ella desde que se conoció la muerte de su hija y que se encargó de traerla a Canarias, con la complicidad de algunos servidores públicos tocados por el caso. De manera clandestina llegó a canarias y nadie sabe cómo pudo volver a Francia.
“Es la primera vez en mi carrera que asisto a un funeral de alguien que ha pasado por mi trabajo”, confesaba María José Meilán, directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. “Este caso me ha partido por dentro, soy madre” aseguraba la forense.
La Guardamar Talía, de Salvamento Maritimo, ha rescatado este sábado a 48 inmigrantes de origen subsahariano que intentaban llegar en una lancha neumática a Fuerteventura.
Meilán fue la encargada de realizar la autopsia de la niña y reunió toda la información posible sobre ella, sintiéndose atrapada por el mismo sinsentido que vivía su madre a miles de kilómetros. “No entiendo a los jueces, la niña venia con una tía suya, hermana de su madre, y estaba perfectamente identificada” decía con un tono de enfado.
La forense sabía quién era la niña: desde Francia le habían enviado fotos en las que se la reconocía sin duda, incluyendo detalles de una marca distintiva, una cicatriz. Pero el juzgado al cargo del caso se resistía a aceptar que Kady fuera la madre hasta que se realizara una prueba de ADN que lo corroborara.
La joven tiene otros dos hijos en Francia, uno de dos años y otro de seis meses, no quería acudir a la Gendarmería francesa para dar una muestra de ADN porque estaba de manera irregular en el país y temía ser deportada. A pesar de los intentos el abogado Daniel Arencibia, desde Las Palmas, tampoco se permitió que el trámite se hiciera en un consulado español en Francia.
Daniel nos cuenta cómo el juez le recriminó que no se presentara en el caso tras varias visitas al juzgado. El abogado mostró los escritos que había enviado durante seis meses solicitando poder traer a la madre para identificar el cuerpo de Yamila, lo que dejó al juez sin palabras, ya que el secretario judicial no había informado al magistrado de estos escritos. Entonces y ante la desidia, el juez ablandó su postura, temiendo un escándalo.
La mediación de la forense fue fundamental para que el juez aplazara unos días el entierro, con la promesa de que la madre llegaría esa misma semana. Aunque los resultados de las pruebas de ADN tardarán, Kady pudo despedirse de su hija.
Al final de la ceremonia, cuando el imán y los demás asistentes se habían ido, Kady se detuvo unos minutos a rezar en solitario en dos tumbas: la de su hija Yamila y la de Elené, situada a solo unos metros y todavía identificable por un fragmento descolorido de una corona de flores con su nombre y unos peluches también deteriorados por el paso del tiempo.
Todos estos niños muertos despertaron la conciencia de una parte de la sociedad española sobre la tragedia que viven miles de personas en la ruta canaria. La muerte de Elené, llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a expresar sus condolencias públicas, mientras que la de Fatmate Zara hizo que el anterior secretario de Estado de Migraciones del gobierno de España, Jesús Perera, se comprometiera a que la madre pudiera estar presente para enterrar a su hija.
Moisés, el niño que solo quería ir a la escuela
Moisés Yván Mathis Brou tenía solo cuatro años cuando emprendió un viaje que debía llevarlo hacia una vida mejor, pero que terminó en tragedia. Su madre, Charlotte, había dejado Costa de Marfil con la esperanza de asegurarle a su hijo un futuro donde la educación y las oportunidades fueran un derecho y no un privilegio inalcanzable. Sin embargo, el destino de Moisés quedó marcado por decisiones burocráticas y la inacción de un sistema incapaz de priorizar la vida humana.
En junio de 2023, Moisés viajaba junto a más de 50 personas en una embarcación neumática a la deriva en el Atlántico, cerca de las aguas del Sahara Occidental, una zona reconocida como responsabilidad de rescate española según los acuerdos internacionales. El avión SASEMAR 101 localizó la embarcación e informó que los ocupantes parecían estar en buen estado de salud, una evaluación realizada desde el aire que resultó profundamente errónea. Pese a la urgencia del caso, Salvamento Marítimo, decidió trasladar la coordinación del rescate a Marruecos, a pesar de que la embarcación más cercana era española, la Guardamar Kaliope, a solo una hora de distancia, que recibió la orden de regresar a puerto.
Marruecos tardó 12 horas en llegar al lugar, y cuando lo hizo, la tragedia ya se había consumado: 37 personas desaparecieron en el mar, y Moisés fue hallado sin vida. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Las Palmas, donde permaneció durante un año antes de recibir sepultura.
Charlotte, sumida en un dolor inconmensurable, no pudo despedirse de su hijo. La burocracia y el racismo impidieron que viajara a España para asistir al entierro. El cuerpo de Moisés fue enterrado en el cementerio de Telde gracias a la caridad del Ayuntamiento, y su madre solo pudo presenciar el sepelio a través de una videollamada organizada por miembros de la comunidad católica.
Otro caso que evidencia la deshumanización de las políticas migratorias y la lentitud de la justicia en España. La omisión del deber de rescate y la falta de empatía institucional dejan al descubierto un sistema que falla en proteger a los más vulnerables, incluso después de la muerte. Charlotte, desde Casablanca, donde vive protegida por la comunidad costamarfileña, dejó un mensaje desgarrador: “No dejéis morir a más niños inocentes en el mar”.
Binta, la última niña muerta en un cayuco
El 15 de julio de 2024, muy cerca de La Restinga, en El Hierro, la tragedia de la migración cobró dos vidas más: la de Binta, una niña de dos años y la de un joven de 20, quienes llegaron en un cayuco junto a otras 51 personas. La pequeña niña viajaba junto a su madre y su hermano en una embarcación precaria, rumbo a Canarias. A bordo del cayuco, donde se apiñaban 51 personas, se respiraba desesperación y esperanza en una mezcla inquietante. Al amanecer, la patera fue localizada a poco más de un kilómetro de la costa de La Restinga, en el sur de El Hierro.
Cuando los equipos de rescate la abordaron, el estado de los pasajeros revelaba el sufrimiento de la travesía. Siete personas, entre ellas dos niños, necesitaban atención urgente. Binta estaba extremadamente debilitada, al borde de perder la batalla por la vida. La gravedad de su situación exigió su traslado inmediato en helicóptero al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife. En paralelo, un joven de 20 años, también en condiciones críticas, fue ingresado en el hospital de El Hierro.
Mientras la niña emprendía su último viaje, su madre y su hermano quedaron ingresados en el hospital insular de El Hierro, ajenos a la suerte que había corrido su hija. El equipo médico en Tenerife hizo todo lo posible para estabilizarla, pero su vida se apagó en el helicóptero, en esa franja de cielo que conecta la isla y el continente.
Haridian Marichal, periodista y activista, cubre los entierros para la televisión canaria. Ella vivió el caso de Binta “Fue un rescate que los rescatadores describieron como raro”, comenta la activista. Según ella, los niños suelen estar protegidos durante estos viajes, pero en esta ocasión venían mojados y afectados por la travesía, sin la protección habitual, llamó la atención del equipo de salvamento con gran experiencia en rescates.”
Para ella esta situación era contradictoria, “mientras algunos ocupantes del cayuco estaban en buen estado de salud y cantaban, otros se encontraban gravemente afectados. Varias personas fueron ingresadas de inmediato en el hospital de El Hierro, entre ellas una bebé de dos años en estado crítico”. Al conocer su historia, supieron que viajaba con su madre y su hermanito, formando una unidad familiar.
La desconexión entre las instituciones y la deshumanización del sistema dificultan el seguimiento de estos casos aumentando el dolor de las familias que buscan respuestas. Refleja cómo los procesos y protocolos, cuando están fragmentados y desconectados, pueden agravar el dolor de una pérdida. La niña, separada de su madre en su último trayecto, quedó en un limbo administrativo, en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, esperando a ser reclamada o esperando la autorización para enterrarla sin identificar.
Su cuerpo estaba en la nevera esperando a ser reclamada, sin que nadie avisara a la madre. Nadie pareció conectar los puntos. No fue hasta que activistas como Haridian desde diferentes áreas comenzaron a buscar respuestas que surgió la pregunta crucial: “¿y la madre? ¿Alguien se dio cuenta de que esta mujer seguía en El Hierro, junto a su otro hijo, sin saber qué había pasado con su pequeña?”
Salvamento Marítimo ha trasladado hasta el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, a las 120 personas de origen subsahariano que fueron rescatadas ayer de un cayuco que fue localizado a 520 kilómetros de Canarias.
El equipo sanitario del hospital fue quien finalmente “encendió la bombilla”: esa niña que había sido trasladada y falleció en el helicóptero tenía una madre ingresada en El Hierro, que necesitaba apoyo psicológico y, sobre todo, información. Nadie preguntó si la niña viajaba sola o si tenía familiares en el hospital. Solo cuando alguien conectó los puntos, la madre supo de la muerte de su hija.
Pero el sistema tardó demasiado en reaccionar. La justicia de Tenerife dio fe de la muerte de la bebé sin confirmar si viajaba sola o si su familia estaba a bordo. La desconexión y los “cortocircuitos” en los procedimientos hicieron que el dolor de la madre se multiplicara. Fue después de muchas llamadas de teléfono al juzgado de Tenerife, pidiendo no enterrar a la pequeña hasta que su madre pueda viajar desde El Hierro.
Al final, cuando todos los hilos se juntaron, el daño ya estaba hecho: la madre no había podido despedirse de su hija, pero consiguieron un salvoconducto para viajar hasta la isla de Tenerife para llegar al entierro.
Todos estos casos dejan en evidencia una distancia entre el sistema y la humanidad hacia las madres que sufren las pérdidas de sus hijos en la peligrosa ruta canaria. No solo faltan protocolos claros, sino un sentido urgente de empatía en el trato hacia las familias migrantes, especialmente en situaciones tan dolorosas. “Estos momentos exigen una rehumanización, un trato digno que evite el sufrimiento añadido a quienes ya enfrentan tragedias tan profundas” reflexiona la forense Meilán.
Todos estos casos son es el reflejo de una crisis migratoria en la que miles de vidas se pierden en el mar mientras el sistema mira hacia otro lado. Sus historias, como la de tantos otros menores, pone en cuestión la verdadera humanidad de las instituciones y exige una reflexión profunda sobre el tratamiento de los migrantes que buscan una oportunidad para vivir dignamente, sobre todo a las niñas y los niños.