Desde hace décadas existen posturas enfrentadas entre aquellos que consideran que debe existir una regulación de la prostitución y aquellos que creen que debería prohibirse.
Para abordar este tema es necesario que se establezca un amplio debate entre todos los partidos políticos, en el que se puedan plantear todos los posicionamientos y llegar a una decisión de consenso.
En el mes de mayo, el PSOE trató de que fuera admitida a trámite en el Congreso la proposición de ley con la que pretendía modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo y multar a quienes pagaban por sexo, la cual fue rechazada por la mayoría de grupos parlamentarios.
La iniciativa socialista se llevó a cabo sin un debate político previo y sin consultar a las partes afectadas y el resultado fue un documento en el que se obviaban las medidas sociales y económicas que deben permitir a las trabajadoras sexuales reiniciar una nueva vida fuera de la prostitución.
La propuesta intentaba cubrir tres puntos que los socialistas consideraban clave: la condena de todo tipo de proxenetismo, establecer las sanciones para las personas que recurran a servicios sexuales y castigar a la “tercería locativa”.
Resulta curioso que mientras el Gobierno quiere establecer un castigo penal a los propietarios de locales dedicados a la prostitución, en Cataluña, exista una regulación vigente para dichos locales.
El Decreto 112/2010 de 31 de agosto, permitió aprobar el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, el cual se inscribió en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya en setiembre de dicho año. En su artículo 41 se regula a los establecimientos en los que se ejerce actividades de naturaleza sexual.
A modo de ejemplo de lo desarrollado en este artículo, decir que se decreta que estos establecimientos, así como sus reservados, han de cumplir las condiciones de higiene y salubridad establecidas en la normativa específica de salud, se insta a que los reservados han de tener un vestuario y una zona de descanso para las personas que ejercen las actividades de naturaleza sexual, y que los locales han de garantizar a todos los usuarios la obtención de preservativos, debidamente homologados y con data de caducidad vigente.
El debate sobre la prostitución no debe de seguir aplazado y se requiere para ello un debate político, profundo y plural que no entre en contradicciones y que ofrezca una solución efectiva a la situación actual de muchas mujeres.