La huelga en Renfe y Adif se perfila como un conflicto clave en el sector ferroviario, con paros programados en fechas estratégicas de marzo y abril. Los sindicatos han convocado protestas en respuesta a la falta de negociación sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat, la cesión de infraestructuras y la entrada del grupo MSC en Renfe Mercancías. Sin embargo, el principal foco de controversia radica en los servicios mínimos impuestos por la operadora, que los trabajadores consideran excesivos y que, según denuncian, desvirtúan el derecho a la huelga.
La huelga en Renfe y Adif tendrá lugar los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril. Los paros de 24 horas afectarán especialmente a los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril, mientras que el resto de jornadas contarán con interrupciones parciales en franjas horarias concretas. La coincidencia con eventos de gran movilidad, como las Fallas en Valencia, añade presión al conflicto y pone en jaque la operativa de la red ferroviaria en todo el país.
Servicios mínimos: el punto más polémico de la huelga en Renfe y Adif
Uno de los aspectos más discutidos de la huelga en Renfe y Adif es la imposición de servicios mínimos que alcanzan hasta el 81% en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, y el 75% en Media Distancia y Cercanías en horas punta. Durante el resto del día, la cobertura de Cercanías se reducirá al 50%, mientras que el transporte de mercancías operará solo al 28%. Estas cifras han sido rechazadas de plano por los sindicatos, que consideran que estos umbrales neutralizan el impacto de la huelga y la convierten en un “mero trámite”.
Fotografía de archivo de la aglomeración en Atocha tras suspenderse viajes | EFE
El Comité General de Empresa, conformado por CCOO, UGT, SEMAF, SF y CGT, ha expresado su oposición a estos servicios mínimos. Acusan la operadora de restringir el derecho a la huelga de los trabajadores. Desde su perspectiva, la aplicación de estos porcentajes impide que los paros tengan una repercusión real en la operativa ferroviaria. En la práctica, eso les resta efectividad como medida de presión.
El Ministerio de Transportes, que tendrá la última palabra en la fijación definitiva de los servicios mínimos, aún no ha emitido un pronunciamiento formal. No obstante, se espera que en los próximos días establezca el marco regulador que determinará la operativa de la huelga en Renfe y Adif. Dependiendo de la decisión que se tome, los sindicatos podrían intensificar sus protestas en caso de no sentirse escuchados.
Las razones detrás de la huelga
Los sindicatos han justificado la convocatoria de la huelga en Renfe y Adif en lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 con el Ministerio de Transportes. En aquel momento, Renfe y Adif se comprometieron a garantizar la integridad de sus plantillas y operaciones en Rodalies y Mercancías, además de establecer grupos de trabajo para negociar cualquier cambio estructural en la compañía.
Sin embargo, los representantes sindicales denuncian que este pacto no se ha respetado. Argumentan que no han sido incluidos en las mesas de negociación y que las decisiones sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la reestructuración de Renfe Mercancías se han tomado sin su participación. Desde su perspectiva, esta falta de diálogo vulnera los derechos de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad del sector ferroviario.
Un grupo de personas pasa por los tornos en la estación | Shutterstock
Uno de los puntos más conflictivos de la huelga en Renfe y Adif es la cesión de un tramo ferroviario de la línea R-1 a la Generalitat. Los sindicatos consideran que esta medida incrementará los costes operativos y reducirá la interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea. Advierten que el traspaso no solo afectará a la operativa de Rodalies, sino que podría sentar un precedente peligroso para futuras transferencias de infraestructura.
Por otro lado, la entrada de MSC como socio industrial en Renfe Mercancías es otro de los factores que ha desencadenado la huelga. Los trabajadores acusan a la empresa de llevar a cabo un “proceso de descapitalización” que, a largo plazo, podría derivar en la privatización de la filial pública de mercancías. Señalan que la dirección de Renfe está limitando la contratación de nuevos servicios de carga y favoreciendo a Medway, la operadora ferroviaria del grupo MSC, lo que pone en peligro la viabilidad de la empresa a medio plazo.