“Hacemos un llamamiento a las mujeres que se hayan operado en esta clínica de Madrid para que denuncien”. Es el mensaje con el que el inspector jefe a cargo de la Operación Orbison ha rematado una rueda de prensa hecha para tal fin: dar con más víctimas. El número que barajan es incalculable. “Lo que hemos visto en el interior de esa clínica clandestina es dantesco”, resume Juan José Castro, jefe de la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Policía Nacional, quien no ha escatimado en detalles.
Los agentes llevaban una semana vigilando cada movimiento. Así descubrieron que tenía dos entradas: en la oficial, la que vendían de puertas afuera y a través de redes sociales, se ofertaban como una clínica estética con tratamientos de botox; en la oficiosa, la que ofrecían una vez se traspasaba el umbral y se establecía cierta confianza, sacaban el bisturí, sin garantías. Practican liposucciones, aumentos de pecho e injertos de grasa por un precio bastante inferior al del mercado, entre 1.000 y 4.000 euros aproximadamente. En el descuento iba implícito el riesgo.
Por ahora sólo han denunciado dos mujeres, pero la agenda de citas de la clínica estaba completa. De hecho, es lo que precipita la intervención policial. “Al observar en las vigilancias la afluencia de mujeres, de unas 20 al día, no dudamos en precipitar la entrada”. A ojos de los investigadores, estaban ante víctimas potenciales de, como poco, una mala praxis. “Y puestos en lo peor, corrían peligro de muerte”. El inspector jefe Castro no lo apunta a la ligera. La investigación se destapó en el cruce de dos denuncias: a través del Colegio de Médicos, por una cirujana en prácticas que conoció la clínica en primera persona; y vía policial, por una clienta damnificada a la que intentaron comprar su silencio sin éxito.
En su caso, tras una liposucción de cadera empezó a encontrarse mal, con fiebre y molestias. La situación fue tal que desde la propia clínica la llevaron al hospital y le ofrecieron volver a operarse. Todo con el fin de silenciarla. Incluso le garantizaron el reembolso total si firmaba un contrato en el que se comprometía a no denunciarlas. Pero al menos en esta ocasión no les funcionó. Meses después tenían a la policía metida literalmente hasta la cocina.
Incluso allí hallaron evidencias. La dueña tenía su vivienda pegada al centro de estética que abrió hace seis años en Carabanchel, al sur de Madrid. En redes, ella y su equipo posan como ‘Team Glamour’. Ante sus clientas se presentan como un equipo compuesto por dos médicas, tres enfermeras y una anestesista. Ante la policía ni se inmutaron al reconocer que su supuesta formación en “técnicas sanitarias” nunca la homologaron en España. Menos aún podían ejercer la medicina estética o la práctica quirúrgica. Están acusadas de intrusismo laboral, estafa y delito contra la salud pública. “Los inspectores de Sanidad nos reconocieron que nunca habían visto un caso así en Madrid”.
El TEAM GLAMOUR de la clínica clandestina.
Ya en la primera entrada precipitada, los agentes hallaron medicamentos en blíster caducados, envasados en tapers de comida o guardados en la nevera junto al pollo, guisantes y helados de chocolate. “Las condiciones eran deplorables. Incluso vimos heces de animales que resultaron ser del perro y el gato que andaban por allí sueltos”. Compresas manchadas de sangre, gasas recicladas… En el grupo de investigadores lo comentan aún incrédulos por la reacción de las detenidas: “Nos enseñaron la máquina donde metían las gasas para, según ellas, esterilizarlas y reutilizarlas. Por supuesto, estaban llenas de moho”.
En esas condiciones atendían a las clientas en la trastienda, esa zona oscura a la que no les dejaron acceder hasta que presentaron una orden judicial el pasado 6 de febrero y pudieron ver la habitación de operaciones. Allí las falsas cirujanas cometían sus tropelías sobre una camilla: desde recolocación de grasa corporal a ligaduras de trompas.
Los investigadores están convencidos de que sólo han visto la punta del iceberg. Todavía no han podido revisar toda la documentación sacada de los registros: “Siempre apuntaban el nombre de la clienta en la agenda, sin apellidos ni contacto, o una referencia del tratamiento que le hicieron”. Una de las excepciones fue la factura en la que figura una ligadura de trompas practicada hace unos cuatro meses a una mujer boliviana. Pero no consiguen dar con ella. Tampoco ha saltado ninguna alerta hospitalaria en ese sentido. “Sería igualmente complicado de detectar por esa vía porque ingresarían por una sepsis o una infección, salvo que ellas mismas contasen lo que hay detrás”.
El perfil de sus clientas es el de mujeres de mediana edad, la mayoría de origen latino, como las trabajadoras de la clínica: colombianas -la dueña, entre otras- y peruanas. Se aprovechaban de esa cierta relación de confianza. De hecho, siguen atendiendo al público. La autoridad judicial sólo ordenó la clausura de la zona de quirófano, pese a la petición de Sanidad de cierre total.
Para las víctimas, la policía ha habilitado una línea de teléfono: 628711298