En un controvertido caso que ha suscitado intensos debates sobre la aplicación de la Ley Trans en España, un hombre condenado por violencia de género ha logrado eludir el ingreso en prisión tras cambiar su sexo en el Registro Civil. Lo que ha generado una oleada de críticas y preocupación en los círculos judiciales y sociales.
El individuo fue condenado en 2019 a quince meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas hacia su expareja, con quien mantuvo una relación marcada por una década de malos tratos tanto psicológicos como físicos. La víctima, que había obtenido varias órdenes de protección a lo largo de los años, denunció en numerosas ocasiones los abusos ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que se encargaron del caso hasta hace poco.
El hombre fue condenado por violencia de género, pero se va a librar de la cárcel
Tras varios recursos que fueron sistemáticamente desestimados, el Juzgado de lo Penal de Sevilla ordenó el pasado 11 de septiembre de 2023 el ingreso inmediato en prisión del condenado. Sin embargo, un mes antes, el acusado acudió al Registro Civil y cambió su sexo, inscribiéndose como mujer. Este cambio de sexo ha provocado que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que había llevado el caso desde sus inicios, se inhibiera. Considera que ya no tiene competencia para continuar con el proceso debido a la nueva identidad de género del acusado.
Según el abogado de la víctima, José Antonio Sires, este cambio de sexo es un claro “fraude de ley”. Así lo ha comunicado a EFE. El objetivo del agresor era evitar ser juzgado bajo las normativas que rigen los casos de violencia de género. Sires afirma que esta maniobra busca trasladar el caso a un tribunal penal ordinario, donde las consecuencias legales para el acusado podrían ser menos severas que las previstas para los hombres condenados por ejercer violencia contra sus parejas o exparejas.
Mientras tanto, la víctima continúa viviendo un auténtico calvario. A pesar del cambio de sexo de su agresor, las amenazas y agresiones no han cesado. En julio de 2023, el acusado volvió a agredirla y le espetó frases como “te quedan pocos días de vida”. Cuando la Policía Nacional acudió al lugar, el agresor afirmó con descaro: “Soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho”.
La Ley Trans y sus implicaciones legales
Este caso evidencia las posibles lagunas y desafíos en la aplicación de la Ley Trans. Una legislación que permite a las personas cambiar su sexo en el Registro Civil sin necesidad de someterse a tratamientos hormonales o cirugías. Y sin requerir un diagnóstico médico de disforia de género. La ley, celebrada por muchos como un avance significativo en los derechos de las personas trans, ha suscitado, sin embargo, preocupaciones respecto a su potencial para ser utilizada de manera fraudulenta. Este caso lo pone de manifiesto.
Para muchos expertos y defensores de los derechos de las mujeres, este incidente plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto puede ser utilizada la Ley Trans para eludir responsabilidades penales en casos de violencia de género? La posibilidad de que individuos condenados o acusados de tales delitos cambien su sexo legalmente para evitar ser juzgados por tribunales especializados ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y social.
El próximo paso en este complejo proceso judicial es la solicitud de indulto presentada por la defensa del agresor. En estos momentos, está siendo evaluada por la Audiencia de Sevilla. Hasta que se tome una decisión, la víctima y su abogado seguirán luchando para revertir el cambio de sexo en el Registro Civil. A fin de cuentas, sostienen que fue realizado “sin la exigencia de buena fe y en fraude de ley”.
No es la primera vez que la Ley Trans exime a un condenado de pisar la cárcel
Según varios informes recientes, ha habido situaciones en las que hombres condenados por violencia de género han utilizado la Ley Trans en España para cambiar su sexo legalmente y así intentar eludir las consecuencias penales de sus acciones. Uno de estos casos involucró a un agente de la Ertzaintza, que, tras ser acusado de violencia doméstica, cambió su sexo en el Registro Civil. Este cambio generó una enorme polémica. El acusado pretendía evitar ser juzgado por los tribunales especializados en violencia de género.
Estos casos han desatado un intenso debate en la sociedad y en el sistema judicial sobre el potencial uso indebido de la Ley Trans para evitar condenas o recibir un trato más favorable en términos judiciales. Además, en la comunidad autónoma del País Vasco, donde opera la Ertzaintza, se han incrementado los esfuerzos para combatir la violencia de género. De hecho, ha habido un aumento significativo de los recursos dedicados a la protección de las víctimas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido complicados por situaciones en las que los agresores cambian su sexo registral. Desde luego, la eficacia de las medidas de protección quedan en entredicho.