El mapa de la población reclusa en las cárceles vascas nos dibuja un escenario en el que los presos de ETA son ya una pequeña parte de la misma. En la actualidad suponen entre un 8 y un 9% de las personas privadas de libertad. Los condenados por delitos sexuales, en cambio, representan el triple de los condenados por terrorismo.
En torno a 140 presos etarras cumplen condena en las instalaciones que gestiona el Gobierno vasco desde que se materializara el traspaso de la gestión de prisiones en octubre de 2021 en cumplimiento del Estatuto de Gernika. Con la convocatoria de elecciones autonómicas este año, la cartera de Justicia y Derechos Humanos ha pasado de las manos del Pnv a la nueva consejera socialista, María Jesús San José.
No es la primera vez que el PSE-EE asume este Departamento. Más allá del Gobierno unicolor de Patxi López, donde esta responsabilidad recayó en la anterior secretaria de los socialistas vascos, Idoia Mendia, también en Gobiernos de coalición hubo consejeros de Justicia, como José Ramón Recalde (1991-1995) o Ramón Jauregui (1995-1997). Si bien es cierto que tras la desaparición de ETA, esta es la primera vez que la cartera vuelve a manos socialistas con el traspaso de la gestión de prisiones y con la perspectiva temporal de la gradual salida de estos presos al cumplirse los años de condena.
De hecho, en el próximo lustro el goteo de excarcelaciones será una constante. ETA dejó de matar en octubre de 2011 y en virtud al paso de tiempo y a la solicitud de las progresiones de grado, cada vez más presos pasarán a la vida civil.
Esta misma semana se otorgaba el tercer grado penitenciario a Luís Mariñelarena, uno de los terroristas involucrados en el asesinato de dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez en el año 2000. Esto ha provocado la indignación de la asociación de víctimas Covite y la protesta de Mikel Buesa, hermano del parlamentario asesinado, que ha criticado el régimen de semilibertad que le ha sido concedido.
Hace tan solo una semana otro histórico dirigente de ETA, Joseba Arregi Erostabe, Fiti, ha quedado en libertad con 78 años después de cumplir 32 años encarcelado y cumplir el máximo de años efectivos de prisión.
Ya en su designación como consejera de Justicia, María Jesús San José hizo alusión al arrepentimiento necesario de las personas presas para su exitosa reintegración en la sociedad. Palabras que fueron objeto de polémica para Izquierda Abertzale. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado a San José que aclare en qué punto de la Ley se exige el arrepentimiento para poder optar a beneficios penitenciarios.
No es un debate sencillo y es una de las cuestiones recurrentes en la política vasca. Para aclararlo hay que echar mano de la Ley General Penitenciaria, en concreto el artículo 72:
la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo requerirá (…)que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades (…) que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista
Este artículo, como otros del régimen general, son abiertos a interpretación. No existiendo ETA, ¿cómo se demuestra un abandono inequívoco de algo que ya no existe? El hecho de que la banda terrorista se extinguiera, ¿anula las responsabilidades por las que fueron condenados más allá del cumplimiento de la pena?
Desde Justicia niegan haber exigido ninguna condición que no se le pida a cualquier otro recluso conforme a lo que dice la Ley. Ni por exceso, ni por defecto se va a tratar a los presos de ETA como colectivo, sino de manera individualizada. Inteligencia, prudencia, sensibilidad y compromiso con el cumplimiento de las leyes, ya que llegado el momento en el que los presos salgan, sería conveniente que lo hicieran sabiendo que su estancia fue producto de causar una injusticia para, por consiguiente, avanzar en la necesaria empatía de reintegrarse en la sociedad. Se preguntan desde el Departamento si a Otegi o Sare (red de apoyo a los presos de ETA) se les ocurriría pedir a un agresor sexual o a un corrupto que no se arrepintieran. ¿Por qué en el caso de los condenados por terrorismo es diferente?
Los reclusos de las cárceles vascas son evaluados por las Juntas de Tratamiento. Un proceso en manos de técnicos que valoran la posibilidad de progresar a un régimen abierto o a permisos. Según datos de Sare, las Juntas, desde agosto del año pasado a la actualidad, han autorizado 34 progresiones. El Gobierno vasco ha concedido 32, de las que el Ministerio Fiscal recurrió 6, un 16%, siendo denegada una de las mismas.
Otro de los objetivos de la Consejería que encabeza María Jesús San José es reforzar los mecanismos de comunicación con las víctimas, ya que son una parte muy importante de este proceso. Esto no significa que deban compartir las decisiones necesariamente, se abren a las críticas y a mantener un canal de escucha e información permanente.
La patata caliente que supone este Departamento tampoco ha escapado a las críticas del Partido Popular. Javier de Andrés, presidente de los populares vascos, ha denunciado la inacción tanto del Ejecutivo vasco por no legislar en contra de la exhibición en el espacio público de fotografías de presos de ETA. Una reivindicación que en numerosos casos se ha topado en la justicia y con los límites de la libertad de expresión.
Desde el entorno de San José no quieren entrar al trapo. Sin embargo, puede que la reivindicación de los populares no haya caído en una piscina sin agua. Desde el grupo socialista en la Cámara de Gasteiz se baraja, a petición de diferentes colectivos de víctimas, elevar la petición de incluir en la Ley de Víctimas del Terrorismo la exhibición acrítica de carteles con presos de ETA. En Justicia creen que banalizar el pasado reciente ocupando espacios públicos con el retrato de los victimarios, no puede borrar el dolor tan inmenso que causaron, la democracia se la juega en cosas como esta.
El Instituto Gogora por la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que depende del Departamento que lidera San José, también está siendo motivo de polémica. Al pasar a manos socialistas toca la renovación de los órganos directivos. La designación de los componentes del consejo de dirección se ha convertido en otra papata caliente a gestionar por la consejera. PNV y PSE se han reservado el nombramiento de cuatro de los cinco miembros. El quinto lo ceden a EH Bildu que aspiraba a dos representantes, el forense Paco Etxebarria y Pili Garaialde, hija de una víctima de la Triple A. Al quedar fuera Garaialde, EH Bildu ha acusado a las fuerzas de gobierno de haber excluido a las víctimas del terrorismo de Estado y estudian su continuidad dentro de Gogora.