“La exclusión social no es un modelo importado o exógeno, sino que tiene su origen en nuestro modelo de sociedad”. Así de tajante ha sido Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, en la presentación del estudio ‘La sociedad del riesgo. Hacia un modelo de integración precaria’.
En España, la vivienda se ha convertido en uno de los principales motores de la exclusión social, y por ello el informe se centra ampliamente en analizar los hogares y su capacidad para garantizar una vida digna. Así, uno de los datos más preocupantes presentados en el informe alude a que el 20% de los hogares con menores ingresos destinan más del 70% de su renta mensual al pago del alquiler. Este esfuerzo desmesurado no solo limita la capacidad de estas familias para cubrir otras necesidades básicas, sino que perpetúa un círculo de vulnerabilidad que afecta a millones de personas. Este fenómeno se inscribe en un contexto de creciente desigualdad reflejado en el IX Informe FOESSA, que destaca que 9,4 millones de personas viven en exclusión social en España, un aumento de dos millones respecto a 2007.
Manifestación que bajo el lema ‘Se acabó. Bajaremos los alquileres’ tiene lugar este domingo en Madrid en reclamo de medidas eficientes que ayuden a contener el precio de la vivienda en alquiler
Un sistema insostenible
“Hay una crisis social real, la crisis de la vivienda”, ha sentenciado Flores, que ha reiterado que una de cuatro hogares españoles sufren problemas relacionados con la vivienda. Esta proporción se dispara a nueve de cada diez con las personas más vulnerables. La crisis de la vivienda en España no es un problema nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años. Los precios del alquiler han subido significativamente, especialmente en las grandes ciudades, mientras que los ingresos de los hogares más vulnerables han permanecido estancados o han disminuido. Según el Informe FOESSA 2024, el 90% de las personas en exclusión social severa sufren problemas relacionados con la vivienda, ya sea por el elevado coste, la precariedad habitacional o la amenaza de desahucio.
Este contexto genera situaciones extremas: 3 millones de personas viven en viviendas cedidas, realquiladas, ocupadas o con notificaciones de desahucio, mientras que 3,4 millones residen en condiciones de hacinamiento, compartiendo espacios reducidos con otros miembros de la familia o en los llamados nanopisos. Además, los problemas relacionados con la vivienda son invisibles para la mayoría de la sociedad, en comparación con fenómenos más evidentes como el sinhogarismo o el chabolismo.
El auge de los ‘nanopisos’: 25 m² por 800 euros al mes
“Todos los indicadores informan de que los riesgos de exclusión social vinculados a los problemas de vivienda han empeorado”, ha continuado el investigador, que hacía de nuevo hincapié en la “invisibilidad” aparente de estos problemas. “A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles, los problemas que hemos señalado son menos visibles”, concluía Raúl Flores.
Los efectos en la exclusión social
La relación entre el acceso a la vivienda y la exclusión social es directa y contundente. Según Cáritas, el gasto excesivo en vivienda está estrechamente ligado a la pobreza severa, que afecta a 4,3 millones de personas en España. Esta cifra representa un incremento del 28% desde 2007, lo que pone de manifiesto un patrón de exclusión crónico que se ha visto exacerbado por las sucesivas crisis económicas.
El mercado laboral no ofrece soluciones: una de cada diez personas con empleo está en situación de exclusión social, mientras que más del 80% de los hogares cuyo principal sustentador está desempleado experimentan exclusión severa. Estas cifras evidencian la incapacidad de los mecanismos actuales para garantizar una red de seguridad social suficiente.
Construcción de bloques de viviendas.
El informe FOESSA subraya que el problema habitacional no afecta por igual a toda la población. Las familias jóvenes, las monoparentales encabezadas por mujeres y las de origen migrante son las más afectadas. Aunque el 75% de las personas en exclusión social son de nacionalidad española, las personas de origen extracomunitario tienen un riesgo mucho mayor, alcanzando el 47%.
En paralelo, la falta de un parque público de vivienda agrava la situación. Mientras que en países como Francia o Reino Unido el 8% de las viviendas son públicas, en España este porcentaje apenas alcanza el 2,5%. Esta carencia refleja la debilidad estructural de las políticas públicas de vivienda y la escasa inversión en soluciones a largo plazo.
Salud mental y vivienda
La precariedad habitacional también tiene efectos devastadores en la salud mental. Más de 600.000 familias no han recibido la atención psicológica que necesitaban, un problema que se agrava por las listas de espera en el sistema público y los altos costes de los servicios privados. A esto se suma que el 12% de los hogares tienen dificultades para adquirir medicamentos, lo que pone de manifiesto una exclusión sanitaria que se entrelaza con la exclusión habitacional y económica.
Para Cáritas y otros actores sociales, la solución pasa por un enfoque integral que combine políticas de vivienda, empleo y protección social. Entre las recomendaciones destacan la ampliación del parque público de viviendas, aumentando la oferta de vivienda pública en alquiler al nivel de otros países europeos, algo fundamental para aliviar la presión sobre los hogares vulnerables. También la regulación del mercado del alquiler, con la introducción de límites a los precios en zonas tensionadas podría proporcionar un alivio temporal mientras se desarrollan soluciones estructurales.
Además, es importante la reforma de las políticas de garantía de ingresos, reforzando programas como el Ingreso Mínimo Vital para que lleguen a más personas y de forma más eficiente, y la inversión en salud mental, reduciendo las listas de espera y garantizar el acceso universal a tratamientos psicológicos y psiquiátricos es esencial para abordar el impacto emocional de la exclusión, así como la promoción de empleo digno y el incremento el salario mínimo y los contratos estables para romper el vínculo entre precariedad laboral y exclusión social.
De la misma manera, el equipo de investigadores ha remarcado la necesidad de mayor inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia, favorecer el acceso a la formación profesional y universitaria, con el simple hecho de facilitar todavía más el pago de las tasas de matriculación y el mantenimiento durante los años de estudios. Además, Cáritas Española no se olvida la plataforma de la Iglesia de salir al rescate de los migrantes con “políticas sólidas de equidad y solidaridad”.
Preguntado por el retrato robot de la pobreza hoy en España, el secretario técnico de la Fundación FOESSA compartió que resulta complicado establecer un perfil por la “multidimensionalidad de las condiciones de vida”. Aun así, explicó que se encuentran especialmente vulnerables aquellas familias que están expuestas al factor del riesgo del empleo y la vivienda, personas y familias jóvenes, personas y familias con hijos, mujeres que afrontan solas la maternidad y personas que no tienen facilidad de acceso a la vivienda.
