El impacto de la DANA en Valencia ya se mide en millones y miles de millones de euros. Frente a estas cifras, las instituciones actúan con la urgencia de contrarrestarlas con números equiparables “lo antes posible” para evitar que se agraven. La Diputación de Valencia reunió este viernes 22 en la sede provincial a más de 60 alcaldes, alcaldesas y responsables locales de los municipios afectados de forma presencial u online, junto a los técnicos de la corporación y de la Generalitat que trabajan para valorar los daños. El dato central de la jornada fue los 1.300 millones de euros estimados en daños a infraestructuras y servicios.
El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, compartió durante la reunión la necesidad de “sumar el esfuerzo de todos para dar la respuesta más rápida y efectiva a las personas que están sufriendo las consecuencias de la DANA”. Este dato es solo uno de los que se ha ofrecido en estos últimos días y que ya vaticinan el gran impacto económico del fenómeno meteorológico. Esta situación, “lejos de ser un problema solo de la Comunidad Valenciana, lo es de España en su conjunto”, así concluyó el secretario general del Consejo General de Economistas (CGE) de España, Juan Carlos de Margarida, la jornada virtual sobre el análisis de las subvenciones y ayudas aprobadas con relación a la catástrofe que inició el 29 de octubre.
Durante el coloquio del CGE los economistas alertaron sobre el gran impacto que el ‘29O’ va a provocar en el PIB provincial, e incluso nacional. El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juanjo Enriquez, anunció que la primera estimación del Banco de España registra el impacto sobre el 0,3 y 0,5% de PIB nacional. Joaquín Maudos, director adjunto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), estimó que el total de las pérdidas ocasionadas por la DANA en Valencia podrían alcanzar el 1,3 del PIB provincial. A esta cifra la acompañó con otra: 16.600 millones de euros en pérdidas, resultado de la suma de todos los datos aportados hasta el momento, una aproximación en la que el investigador trabaja y que refleja el resultado de todos los efectos y daños, directos e indirectos.
Maudos, también catedrático de análisis económico de la Universitat de Valencia (UV), señaló en el coloquio la importancia de agilizar, aumentar y especializar las ayudas. Es precisamente esto lo que solicitan muchos de los alcaldes de los municipios afectados. Vicent Mompó, acompañado por las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari, manifestó que el objetivo de la reunión fue comunicar las medidas emergencia y atender las necesidades de estas localidades.
Casi un mes después la tragedia, Mompó señaló que concluye una primera fase de respuesta a las “necesidades básicas de auxilio, comida, suministro de agua y recuperación de la energía y las comunicaciones”. Ahora se da paso a la fase tan demandada por la ciudadanía en la que se retirará definitivamente el lodo restante y los vehículos. Los alcaldes y alcaldesas presentes en esta primera reunión tras la catástrofe demandaron la urgencia de esta fase 25 días después de la riada.
El jefe de servicio de Agua y Residuos de la Diputación, Juanjo Mayans, mostró su preocupación por la situación sanitaria y los trabajos de retirada del lodo, y los residuos en garajes y sótanos en los que la corporación invertirá cerca de 7 millones de euros. “Estos trabajos son fundamentales para la desinfección, incluyendo la reparación de las bajantes de pluviales afectadas”, sentencia Mayans.
En materia de agua y saneamiento, Enguix cifra en 500 millones de euros los daños provocados por la DANA en el Ciclo Integral del Agua de la provincia. Entre los números aportados por la vicepresidenta destacan “el envío de cubas como suministro alternativo a 15 poblaciones, horas extra realizadas por los operarios, camiones cuba para la desobstrucción del alcantarillado, depuradoras, el control del agua, y drones”.
Más de 70 millones en una primera inversión
Durante estas semanas, la Diputación ha destinado “más de 70 millones de euros” a actuaciones de emergencia que son “el principio de la inversión necesaria para devolver la normalidad a las zonas afectadas”, según comunicó el presidente que aterrizó en el cargo hace tan solo cuatro meses. El también líder del PP hizo énfasis en que este es un “reto conjunto de todas las instituciones” que necesita el apoyo incondicional a los ayuntamientos con el “respaldo económico, técnico y humano”.
La vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, responsable de Infraestructuras y Proyectos Técnicos, desglosó la inversión de urgencia de la corporación provincial: “25 millones de euros destinados a la reconstrucción de carreteras y puentes, 9 millones para infraestructuras en el ciclo del agua, extracción de lodos y la compra de vehículos municipales (más de una veintena de furgonetas y 4×4 en 19 localidades); 1 millón de euros para la reposición de equipamiento informático en los ayuntamientos; otro millón para la gestión de campas de seguridad en la que depositar los vehículos siniestrados; y 15 millones de euros para un fondo incondicionado que pueda destinarse a inversión y gasto corriente”.
A la suma de estas cantidades, que resulta en 51 millones, queda por añadir los 20 millones de euros que el Consorcio Provincial de Bomberos va a destinar a la restauración de los parques afectados, así como a la reposición de instrumental y herramientas de ciberseguridad.
Jorge Gil, jefe del servicio de Asistencia Técnica de la Diputación explicó el sistema de evaluación de daños en equipamiento e infraestructuras realizado junto a la Generalitat, que ha permitido disponer de esa primera estimación de 1.300 millones de euros. Según el técnico, cada uno de las localidades cuenta con una ficha en la que se recoge cada infraestructura o servicio dañado y se prioriza la emergencia para restaurarlo. “Primero hemos completado la foto fija de la situación y ahora necesitaremos documentos más precisos para empezar a intervenir”, aclaró el Gil.
Sigue la reparación de infraestructuras y retirada de enseres
El jefe de servicio de Carreteras, Javier Piedra, confirmó que “las obras de emergencia en las vías de la red provincial ya han sido adjudicadas formalmente”. El área de Carreteras que dirige Mazzolari trabaja, junto con el Ejército, en la limpieza y reconstrucción de plataformas y en la reparación de los daños en 29 puentes que impiden la funcionalidad de la red viaria.
Mientras continúan las obras de emergencia, otro desafío crítico es la gestión de los residuos generados por la catástrofe. Raúl Mérida, director general de Medio Rural, declaró: “La Generalitat y el Ministerio tramitan la disposición de un vertedero de emergencia en un antiguo hueco minero”. El coste global de la retirada de residuos puede alcanzar los 400 millones de euros, con un millón y medio de toneladas, según informa la corporación provincial. El director general comentó que la prioridad actual es eliminar los puntos de acopio local, para “recuperar cuanto antes la normalidad de ir directamente a los puntos de transferencia”.
En cuanto a los vehículos que siguen amontonados en las zonas afectadas, el ejecutivo autonómico informa que se encuentra a la espera del “real decreto ley del Gobierno central que declare los vehículos siniestrados como residuos urbanos y permita su retirada definitiva”. La solución transitoria adoptada consiste en un contrato de emergencia que ha permitido llevarlos a una campa grande fuera de los núcleos urbanos.