Nadie puede evitar una DANA, pero a las administraciones públicas sí les corresponde actuar para solventar los daños tras la catástrofe. Hay herramientas jurídicas para poder gestionar una crisis de esta índole que, por el momento, no se han utilizado.
En primer lugar, se podría haber elevado a nivel 3 la situación operativa. La ley de sistema de protección civil concibe este escenario cuando “sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico”. El nivel 3 implica que el ministerio del Interior declare la emergencia nacional y lo puede hacer “o bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas”.
Sin embargo, ni el Gobierno central ni el autonómico han planteado esta opción. Por tanto, la situación operativa continúa en nivel 2 y es Carlos Mazón y su Govern es el que tiene el mando de la situación. La ley contempla este escenario cuando se ha superado la capacidad inicial de respuesta que dirige la comunidad autónoma y se prevé que empeorará la situación. Por ello, el nivel 2 precisa ayuda estatal como la que ha ido pidiendo a lo largo de estos cinco días. En este estadio en el que están, el Gobierno central no puede liderar la respuesta; solo responder a las peticiones de la comunidad.
La opción del estado de alarma
La otra herramienta jurídica que, por el momento, también se ha rechazado tanto por el Gobierno central como por el autonómico es el estado de alarma. Se reserva para eventos como catástrofes (terremotos, inundaciones o accidentes de gran magnitud), crisis sanitarias (epidemias o episodios de contaminación grave), paralización de servicios públicos esenciales o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La ley prevé que si solo afecta a “parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”. El Consejo de Ministros en ese caso debería aprobar la declaración de la alarma y podrá determinar quién será la Autoridad competente que asuma el mando que podría ser “el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad”, según reza la ley.
El efecto del estado de alarma es que “todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares”. Y especifica que cuando la Autoridad competente sea el presidente de una Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.
La opinión jurídica
El magistrado Joaquim Bosch, preguntado por Artículo14, considera que la catástrofe de Valencia cumple con los requisitos jurídicos para decretar el estado de alarma y que adoptar un mando único sería más eficaz para la gestión: “Si aquí no se ha acordado, probablemente es por no haber consenso en su adopción entre gobierno autonómico y central. Ante esa discrepancia, imponer el estado de alarma podría generar choques institucionales de entidad”, asegura Bosch.
magistrado explica que no se ha puesto encima de la mesa porque “para el gobierno autonómico supondría perder la dirección de la respuesta institucional. Y, si el gobierno central impone ese mando único, puede haber conflictos con el gobierno autonómico”.
¿Cómo se está trabajando entonces?
Como se ha mencionado anteriormente, se sigue en el nivel 2. Por tanto, el mando lo tiene Mazón, pero se apoya en el Gobierno sin haber un liderazgo claro. Fuentes de Moncloa consultadas por Artículo14 confirman que barajaron la declaración del estado de alarma, pero no se quiso desautorizar a Mazón.
A lo largo de estos días, Mazón ha ido solicitando agentes tanto del Ejército como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este sábado, Pedro Sánchez tendió de nuevo la mano a Mazón: “Si se requieren más efectivos que los pida y se los suministraremos inmediatamente”. Y Mazón la aceptó anunciando “la constitución de 5 grupos de respuesta inmediata ante la crisis ocasionada por la DANA”, en la que trabajarán algunos ministerios de la mano del Govern.
En definitiva, cinco días después de la catástrofe la administración central y la autonómica siguen haciendo equilibrios entre pedir ayuda, trabajar en conjunto y no pisarse competencias.
