La problemática de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles. Ya ocupa el segundo lugar en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Dentro de este ámbito, la okupación se ha convertido en un asunto de gran controversia, con más de 15.000 casos registrados en 2023 según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Ante esta situación, el Parlamento ha impulsado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como ley antiokupas, que promete agilizar los desalojos exprés de ocupaciones ilegales.
La reforma incorpora los delitos de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) y usurpación de inmuebles (artículo 245 del Código Penal) al procedimiento abreviado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto significa que, una vez que el caso llegue a los tribunales, se juzgará en un plazo máximo de 15 días. Por eso se le ha denominado desalojos exprés dentro de la ley antiokupas.
Este nuevo marco legal se centra exclusivamente en los casos de okupación ilegal flagrante. Es decir, aquellos en los que una vivienda es ocupada sin permiso del propietario. Se excluyen situaciones como la permanencia de inquilinos con contratos vencidos, que serán considerados como casos de morosidad y seguirán otros procedimientos legales más largos.
Cómo funcionará el proceso de desalojo exprés de la ley antiokupas
- Denuncia del propietario: El proceso comienza cuando el dueño del inmueble denuncia la ocupación ilegal ante las autoridades. En este punto, la denuncia deberá incluir pruebas que respalden la propiedad del inmueble y el carácter flagrante del delito.
- Procedimiento abreviado: Una vez presentada la denuncia, el caso será tramitado a través de un juicio rápido. Este procedimiento permite que el acusado sea juzgado en un plazo máximo de 15 días tras su puesta a disposición judicial.
- Sentencia y desalojo: Si el juez determina que existe un delito de allanamiento o usurpación, ordenará el desalojo inmediato del inmueble. A diferencia de procedimientos anteriores, no se realizará un estudio de vulnerabilidad de los okupas antes del desahucio.
- Ejecución de la sentencia: Tras el fallo judicial, las autoridades procederán al desalojo inmediato. Este cambio busca reducir los tiempos en los que un inmueble permanece ocupado ilegalmente, devolviendo la propiedad al dueño en el menor tiempo posible.
La reforma pretende combatir prácticas comunes entre los okupas, como la conocida “técnica de la pizza“. En este caso, los okupas piden un producto al domicilio objetivo para figurar como residentes legítimos. Después, desaparecen durante días para evitar ser detectados como intrusos. Este tipo de estrategias han dificultado la intervención de las autoridades en el pasado. Algo que la nueva ley antiokupas busca resolver con procedimientos más rápidos y efectivos.
¿Cuándo entra en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Esta modificación legal, promovida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, a pesar de la oposición inicial del Gobierno de coalición. Actualmente, el texto se encuentra en el Senado, donde el Partido Popular, con mayoría absoluta, tiene previsto ratificarlo.
El debate en torno a la reforma ha estado marcado por tensiones políticas y sociales. Por un lado, se argumenta que esta medida protege el derecho de los propietarios y resuelve un problema acuciante en materia de vivienda. Por otro, sectores críticos denuncian que no contempla las situaciones de vulnerabilidad de los okupas y que podría dar pie a abusos en casos más complejos.