PSOE-JUNTS

Zapatero lleva la tensión al máximo con Puigdemont para poner fin a la cuestión de confianza

El líder independentista, colocado por el mediador internacional entre la espada y la pared, tiene que buscar la manera de suavizar sus exigencias

Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero Kiloycuarto

José Luis Rodríguez Zapatero, uno de las personas más influyentes en la maquinaria política que rodea a Pedro Sánchez, ha decidido llevar al límite el pulso que mantiene con Carles Puigdemont para lograr su rendición con la cuestión de confianza, cuya votación en forma de proposición no de ley está prevista este martes en el Congreso (si no hay marcha atrás).

Antes de llegar a ese instante, Zapatero ha optado por jugar fuerte y forzar al mediador internacional entre el PSOE y Junts, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, a pedir formalmente al partido de Puigdemont que retire esta proposición no de ley para desescalar la tensión entre ambas partes. La maniobra de Zapatero y Galindo ha provocado un “enorme enfado” a Puigdemont, aseguran las fuentes consultadas por Artículo14, y ahora el líder independentista busca una salida a esta “puñalada trapera”.

Junts y la inmigración

La ejecutiva de Junts está llamada este lunes por la mañana a analizar la situación creada por la petición de Galindo, la cual el partido independentista debe poner en una balanza junto a la oferta que el Gobierno ha trasladado a los independentistas relacionada con el traspaso del paquete de inmigración, que incluiría la cesión integral de las competencias a Cataluña de la ley de extranjería, además de lo cerrado de documentación a los extranjeros (NIE) y casi acordado de control de fronteras. Queda la duda, no obstante, de si los socialistas van a ceder también las atribuciones a los Mossos d’Esquadra para ejecutar los expedientes de expulsión de extranjeros.

Zapatero ha apretado al máximo. En la negociación con Puigdemont le ha prometido prácticamente todo lo relacionado con traspasar inmigración, pero también ha ido con todo para obligarlo a retirar la proposición no de ley para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza”, dicen fuentes conocedoras de cómo avanzan las conversaciones entre las partes para salvar este delicado momento que atraviesan PSOE y Junts.

La opción de retrasar y ganar tiempo

El secretario general, Jordi Turull, ordenó a los dirigentes de Junts que no se manifestaran respecto a la petición del mediador internacional y subrayó que la decisión de su partido respecto a la proposición no de ley de la cuestión de confianza requiere “un debate riguroso” en el partido.

Una opción que está sobre la mesa de Junts es la de ganar tiempo y optar por retrasar la votación de la mencionada proposición no de ley mientras se acaba de cerrar la oferta del paquete de competencias en inmigración, un asunto al que el partido de Puigdemont da gran importancia para evitar más fugas de votos en dirección a Aliança Catalana, el partido ultra que dirige la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

En todo caso, el partido de Puigdemont ha establecido un plazo límite que expira el martes a las 14:00 horas, momento en el que debería dar por bueno de alguna manera los acuerdos con el Gobierno para que Sánchez evite la votación relacionada con la cuestión de confianza. La exigencia de Junts de que la Generalitat asuma el 100% de las competencias en inmigración son ahora mismo el punto más crítico de las negociaciones, que hasta ahora se habían centrado en un traspaso parcial de estas atribuciones.

Hace apenas un mes, Zapatero y Puigdemont ya vivieron momentos de gran tensión a cuenta del asunto de la cuestión de confianza. El expresidente del Gobierno le emplazó de manera contundente abandonar su exigencia de que el Congreso votase su proposición no de ley, pero su tono no logró grandes resultados. Puigdemont subrayó que que se sentía engañado por el Sánchez y le recordó a Zapatero que no se habían cumplido acuerdos de investidura “básicos” como la oficialidad del catalán en la Unión Europea ni tampoco el de transferir a la Generalitat catalana las competencias en inmigración.