Pedro Sánchez se queda solo con la estrategia puesta en marcha tras el fracaso parlamentario de este miércoles. El presidente del Gobierno cargó este jueves contra Junts y “particularmente” contra el PP por su “oposición destructiva”, que “causa dolor social”, después de que ambas fuerzas tumbaran, junto con Vox, dos de los tres reales decretos ley derogados por el Congreso.
El Ejecutivo daba por hecha la derogación del impuesto a las energéticas, pero la caída del decreto ómnibus que establecía la revalorización de las pensiones y otras medidas de corte social, que ya estaban en vigor, tiene hoy impacto en los bolsillos de los españoles. Por ejemplo, en lo que toca al fin de las subvenciones estatales al transporte público, cuyos efectos empiezan a notarse desde este jueves.
Sin embargo, ante ese “dolor social”, el ala socialista del Gobierno no tiene intención alguna de volver a legislar de inmediato. Ni pone fecha para convocar un Consejo de Ministros extraordinario que apruebe nuevos decretos para que la derogación de la norma ómnibus no castigue a los ciudadanos. “El Gobierno ha hecho su trabajo”, incidió Sánchez desde Valencia.
Quienes tienen que “reconsiderar” posiciones, dijo, son precisamente quienes rechazaron el texto. Y de ahí, hoy por hoy, no quieren moverse: “Que sepamos, han votado que no”. Tampoco quieren trocear el decreto, aprobarlo por partes, ante el riesgo de que algunas de las medidas nunca puedan ser convalidadas.
“Lo que pasa aquí tiene consecuencias”, advierten fuentes del PSOE, que señalan que esta derrota servirá “para movilizar” y “hacer pedagogía”. Por una parte, pensaban que Junts iba a apoyar el decreto, aunque al final “lo ha usado para atacar” al Ejecutivo.
Por otra, están convencidos de que las movilizaciones anunciadas por UGT y CCOO para exigir la revalorización de las pensiones les servirán de munición para redirigir los focos sobre el PP. Consideran al partido de Alberto Núñez Feijóo “incómodo” por sus anteriores posiciones sobre la revalorización de las pensiones. Y el objetivo es aguantar posiciones, dejar que el PP se queme.
El problema está en que sus socios de coalición, Sumar, exigen actuar de inmediato para amortiguar las consecuencias del naufragio de esta norma. Y como ellos lo reclaman también todos los socios parlamentarios que votaron a favor del texto: del PNV al BNG, pasando por Podemos, ERC y EH Bildu.
Fuentes del partido de Yolanda Díaz urgen a los socialistas a “garantizar que las medidas se retomen lo antes posible”. “Es indispensable que se negocie con insistencia, se garanticen los votos y tratemos de aprobar [las medidas] cuanto antes”. “Los intereses de la gente deben estar por delante de todo”, advirtieron.
Los representantes del PSOE y de Sumar en el Gobierno, a nivel de secretarios y subsecretarios de Estado, tendrán que verse las caras este viernes, en la reunión semanal de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEYS). Estos encuentros, que sirven para estudiar y preparar los temas que se llevarán al Consejo de Ministros, suelen celebrarse los jueves.
Se ha retrasado un día porque la agenda del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es quien preside los consejillos, le llevó este jueves a Barcelona para asistir a la entrega de despachos a la 73 promoción de la Carrera Judicial. La cita se producirá con un día de retraso, pero tendrán que sentarse juntos a despachar qué aprobarán el próximo martes.
Por el momento, la vicepresidenta segunda ha evidenciado con hechos, este jueves, sus diferencias de estrategia con el PSOE. A la espera de la decisión que tome el Gobierno sobre la cuantía del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, el decreto derogado apuntalaba la subida del SMI aprobada y ejecutada en 2024. Son 1.134 euros al mes, en 14 pagas.
La Dirección General de Trabajo, dependiente de su Ministerio, ha emitido un criterio interpretativo, una suerte de advertencia o recomendación no vinculante, para que las empresas no contraten por debajo del SMI aprobado en 2024. “La desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado”, reza el texto.
Desde el Ministerio advierten de que la Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de estas instrucciones, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, intentó tranquilizar a los mas de 2.5 millones de trabajadores que están en este rango salarial. “Nadie va a tener una repercusión negativa, porque, en el caso de que así fuera, nos comprometemos a paliarla inmediatamente a través del carácter retroactivo del Real Decreto del salario mínimo interprofesional para el 2025″, aseguró tras reunirse con los agentes sociales, según Europa Press.
Presión de los aliados, PP y Junts
PP y Junts han elevado la presión al Gobierno este jueves, insistiendo en que están dispuestos a apoyar cuestiones concretas que se introdujeron en la amalgama del decreto ómnibus. Entre ellas están revalorización de las pensiones o el mantenimiento de las ayudas al transporte público, que reclaman incluir en un real decreto ley en el que no se introduzcan más contenidos. Ambos intentan sacudirse cualquier responsabilidad tras votar en contra de estas iniciativas.
Esta presión llega al punto de que el PP ha rechazado abordar nuevas negociaciones en el ámbito parlamentario hasta que el Ejecutivo “solucione de manera inmediata la grave situación” generada con la derogación del decreto, que el PP avaló.
Fuentes del grupo parlamentario popular señalaron que fue el Gobierno quien generó esta situación, “al poner en riesgo la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por las riadas en Valencia”. “Sánchez se empeña de manera irresponsable en intentar mantener viva una legislatura que nació y está muerta”, acusaron fuentes del grupo parlamentario popular.
Por su parte, aliados como Podemos le reclamaron que tramite de forma “urgente” un decreto que le permita cumplir su compromiso de mantener el “escudo social”, en particular en lo que toca a la suspensión de los desahucios de personas vulnerables o las ayudas al transporte.
“No se entendería que un Gobierno que se dice progresista dejara caer el escudo social que protege a las personas más vulnerables y unas ayudas al transporte que han demostrado su eficacia”, trasladaron fuentes moradas.
Con su estilo propio, cada uno de los socios ha urgido a su manera al Ejecutivo a tapar el agujero normativo. Exigen que legisle para evitar que los potenciales beneficiarios de las medidas que han caído tengan que sufrir las consecuencias. “La gente no tiene la culpa. Hay demasiados que se olvidan para qué les votan”, espetaron desde las filas de otro de sus aliados. Nadie, salvo el PSOE, defiende esta pausa.