La brecha entre los socios del Gobierno de coalición se agranda a causa de sus diferencias en materia de vivienda. La alianza de partidos que representa Yolanda Díaz oficializa estas discrepancias presentando una serie de observaciones en el seno del Gobierno ante la reedición del bono de alquiler joven, que se aprobará este martes en Consejo de Ministros por un importe de 200 millones de euros.
Fuentes de Sumar informan de que estas objecciones han sido planteadas por sus cinco ministerios, “alertando de que el bono de alquiler para jóvenes puede agravar el problema de vivienda”. El socio minoritario sostiene que, esta medida, “en lugar de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda, abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios”.
Por eso entienden que el bono debe ir acompañado de otras recetas que desde hace meses reclaman al PSOE: “Obligar a las comunidades autónomas a aplicar el control de precios” al que da soporte la ley de vivienda, o “condicionar la financiación que reciben a que lo apliquen”; regular los alquileres de temporada o prohibir la especulación en zonas tensionadas.
El ejemplo de las dos primeras iniciativas basta para evidenciar la distancia existente entre los dos socios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, primero amagó con condicionar las ayudas en materia de vivienda al cumplimiento de la ley estatal, para después sugerir un sistema de incentivos a las comunidades que cumplieran esta norma.
Y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a afirmar este lunes, en una comparecencia en Barcelona, que el Ejecutivo regulará los alquileres temporales y turísticos. Fue en la misma intervención en la que el presidente afirmó que su Administración “escucha” las reivindicaciones de las miles de personas que el domingo salieron a las calles de Madrid a protestar por el elevado precio de los alquileres.
La misma comparecencia en la que también anunció la reedición de este bono, así como un desarrollo de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reglar los alquileres de temporada y turísticos. Vivienda puso en marcha un grupo de trabajo para este fin el pasado diciembre; se ha reunido en tres ocasiones y no ha producido ni siquiera un documento por escrito.
Una protesta sin efectos vinculantes
El planteamiento de observaciones es un recurso al que en Sumar aseguran haber recurrido en otras ocasiones ante grandes diferencias -como ocurrió, afirman, ante la decisión del PSOE de ampliar el puerto de Valencia-. No tiene efecto vinculante alguno, pero supone elevar al máximo, dentro de los cauces formales, la discrepancia ante medidas adoptadas por decisión de sus socios.
Sumar ha encontrado viento de cola con la entrada en la agenda pública de la problemática para acceder a la vivienda. Ha estado entre sus ejes de actuación desde el principio, si bien ahora es máxima prioridad (al nivel de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella en las pasadas elecciones generales).
El enfado con el PSOE es público y notorio. No entienden que el presidente del Gobierno afirme haber entendido el mensaje en las calles, para después aludir a dos promesas que ya estaban sobre la mesa. Y que por sí solas no sirven, sostienen, para atajar el problema.
El hecho de que visibilicen su enfado no supone riesgo alguno para la coalición. En las propias protestas hubo algunos cánticos y carteles contra la gestión del Ejecutivo de coalición en esta materia. Ni pueden bajar los brazos en esto, ni tampoco ven cómo forzar al PSOE a dar más pasos.
Oficialmente, para ambos socios es el principal problema que hoy afronta este país. Sus recetas para confrontarlo son similares en varios puntos, pero los ritmos del socio mayoritario desquician a Sumar.