Vox ha presentado este viernes una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Según ha informado la formación de Santiago Abascal en un comunicado, la querella, presentada ante los juzgado de instrucción de Madrid, incluye al superior jerárquico de Álvarez, Francisco Martín, secretario general de Presidencia del Gobierno.
En el escrito, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, se centra en la utilización “abusiva, espuria y arbitraria” por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y del Gabinete de Presidencia del Gobierno, a raíz de unos correos electrónicos relacionados con la actividad privada de la esposa del Gobierno.
La querella llega tras la declaración de la asesora de Moncloa este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, al que ha dicho que se la nombró para ayudar a Gómez con temas tanto oficiales como privados. Álvarez, según el testimonio prestado, también pidió dinero para la cátedra de Gómez como “un favor de amiga”.
Para Vox, Álvarez incurriría en “una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público” al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Begoña Gómez y sin ser remunerada, habida cuenta de su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según el texto.
Si bien la querella recuerda que otras esposas de presidentes del Gobierno han tenido asistentes personales, destaca que “las funciones que desempeñaban quedaban circunscritas a la ayuda para el desarrollo de la actividad vinculada a la actividad de su esposo, pero en ningún caso para el mejor desarrollo de la actividad profesional en los casos en las que la mantuvieron”.
Es por ello que Begoña Gómez está incluida en la querella, pues, según Vox, se habría valido de una persona que ostenta una relación laboral o funcionarial con la Administración General del Estado y cuyo puesto de trabajo es sufragado con recursos públicos, de manera que las funciones reales que desarrollaba eran las propias de los negocios privados de Gómez y no sus funciones reales.
En cuanto a Francisco Martín, señala que si la asesora de Moncloa realizaba su actuación profesional en un ámbito ajeno a sus competencias “es del todo imposible que lo hiciera sin el conocimiento y el beneplácito de sus responsables directos”.