En un tiempo donde la defensa de los derechos humanos debería ser una prioridad incuestionable, la actitud complaciente del Gobierno español ante la brutal represión que se vive en Venezuela es vergonzosa. Bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez y con el respaldo inquebrantable del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, España, una nación que históricamente ha sido un bastión de la democracia y los derechos humanos en las últimas décadas, ha elegido un camino de inacción y complicidad que desafía toda lógica y moral.
Desde la contundente derrota electoral de Nicolás Maduro este año, el régimen venezolano ha intensificado su represión con una brutalidad alarmante. Más de 2.229 personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas desaparecidas o torturadas, un centenar de niños detenidos, simplemente por alzar la voz en favor de la libertad y la justicia. Y mientras estas atrocidades ocurren, el Gobierno español opta por centrar su atención en la verificación de actas electorales.
Es inconcebible que, en lugar de alinearse con aquellos que luchan valientemente por su libertad, España se posicione en la tibieza y en la equidistancia. La respuesta de Albares, limitada a gestos simbólicos y declaraciones vacías, es completamente insuficiente. Es más, siguen sin
reconocer la victoria de Edmundo González y María Corina Machado.
Nada tiene que ver la verificación de actas con la brutal represión que está destruyendo vidas y sembrando terror en Venezuela. Esta respuesta refleja una alarmante falta de voluntad para enfrentar el verdadero problema: un régimen dispuesto a aplastar cualquier oposición para mantenerse en el poder.
La crisis humanitaria en Venezuela ha forzado a más de 8 millones de venezolanos a huir de su país. De estos, casi 500.000 han encontrado su hogar en España. Estas personas no son meras cifras; son seres humanos que han abandonado sus hogares, sus familias y su país en un intento desesperado por escapar de la represión y la miseria. Y mientras tanto, el gobierno español permanece en silencio.
No podemos ignorar el papel del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo apoyo incondicional a Maduro es un claro insulto a todos aquellos que creen en la democracia y los derechos humanos. Zapatero, al igual que el gobierno de Sánchez, ha optado por estar del lado equivocado de la historia, defendiendo a un dictador que no tiene reparos en utilizar la violencia y la intimidación para mantenerse en el poder. Lejos de desautorizar la actitud vergonzosa de Zapatero, Albares avaló y reconoció públicamente en el Senado el papel de Zapatero, convertido en el embajador de Venezuela. Les pido alto y claro que se desmarquen de él.
El cúmulo de atropellos a los derechos humanos en Venezuela es tan abrumador que España debería estar liderando un esfuerzo internacional para pedir responsabilidades a Nicolás Maduro. Si España realmente quiere recuperar su posición como defensor global de los derechos humanos, debe ser la primera en denunciar a Maduro y exigir justicia para las víctimas de su régimen y reconocer la rotunda victoria de Edmundo González y María Corina Machado, tal y como lo demuestran el 83.5% de las actas y reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.
Los señores Sánchez, Albares y Zapatero, nos avergüenzan. Su silencio, su complicidad con un régimen represivo y su negativa a actuar en defensa de los derechos humanos son una traición a los principios que España ha defendido durante tanto tiempo.
Ya es hora de que el Gobierno asuma un compromiso y se posicione del lado de la democracia y de la libertad, ya que la política exterior debe estar al servicio de España, del Estado y sus instituciones y no a merced del sanchismo.
Pido al Gobierno que reconozca formalmente y de una vez por todas la rotunda victoria de Edmundo González como legítimo Jefe de Estado de Venezuela y que acabe con la brutal represión.