La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado abrir una investigación contra él por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
A través de un comunicado esta asociación expresa que, tras la decisión del Alto Tribunal, García Ortiz “ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio” que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). “En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito”, explican.
Para la APIF, el fiscal general “ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público”, y por tanto “no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto”.
Pone el foco en que según el EOMF la Fiscalía General del Estado puede acordar la suspensión cautelar de un fiscal incurso en un procedimiento penal, y apunta que “no tiene ningún sentido” que cualquier fiscal de España pueda ser suspendido “salvo que sea fiscal general.
“Parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del fiscal general del Estado”, resalta, para incidir en que el artículo 31 de ese estatuto subraya que la duración del mandato es de cuatro años y que solo puede cesar por incompatibilidades, a petición propia, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno.
La APIF concluye su comunicado señalando que mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito “es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho”.