Escasos cuatro días después de la “performance” de Cales Puigdemont -así la calificó este lunes el ministro Óscar Puente- y de la investidura de Salvador Illa, el concierto económico catalán vuelve al primer plano político. Una vez más, el Ejecutivo se mostró esquivo a la hora de detallar su contenido, aunque aseguró que se mantendrá vigente “el principio de solidaridad”.
Así lo aseguró en una entrevista en RNE el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, que a su vez pidió “tranquilidad” a los presidentes de las autonomías que se han mostrado contrarios a su promulgación, también provenientes de las filas socialistas. “Lo que tenemos que hacer es esperar y ver cómo se va materializando ese acuerdo porque ahora hay que descender a los detalles y hay que desarrollarlo”, agregó Puente. La discreción continúa siendo la consigna.
Preguntado sobre si es posible satisfacer las demandas de Cataluña sin restar recursos al resto de comunidades y si el Estado se plantea aportar más, el ministro indicó que lo que hay que valorar es el sistema de financiación en su conjunto. Asimismo, confesó no parecerle “de recibo” que haya territorios que se quejan de infrafinanciación mientras eliminan la mayor parte de los impuestos que recaudan, como los de patrimonio, sucesiones o donaciones. En referencia a la Comunidad de Madrid y Andalucía.
“Creo que hay que apostar por una mayor corresponsabilidad de las comunidades autónomas a la hora de financiarse y eso probablemente tenga que llevar a corregir algunas de las decisiones que han tomado”, sostuvo.
Más nítido fue Puente a la hora de poner en duda la labor del Tribunal Supremo. A colación de la ley de amnistía, defendió que el Gobierno “ha hecho lo que podía y lo que debía” y que ahora es el turno de que los jueces hagan “lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo”.
“Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro, y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla, diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal”, lamentó. Es más, el ministro llegó a declarar que dicha interpretación “no hay por dónde agarrarla”, por lo que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.
Por su parte, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, tampoco entró en detalles sobre que supondrá el futurible concierto económico catalán y únicamente se limitó a defender que la “singularidad en la financiación, no solamente en Euskadi y Navarra, está perfectamente recogida en la Constitución, pero también en los diferentes Estatutos de Autonomía”.
Por ello, subrayó que el Ejecutivo abordará la mencionada financiación singular “desde el diálogo, desde la búsqueda de consensos y a través de los parámetros constitucionales”, aunque aún no haya sido fechada la Conferencia de Presidentes de la que habló Pedro Sánchez, que continúa en silencio.
El PP prepara la ofensiva
En el PP vislumbran septiembre como un mes clave. Y es que, como adelantó Artículo 14, la principal formación de la oposición anunció este lunes que convocará a sus presidentes autonómicos de cara a una reunión de trabajo en dicho mes y de esa manera armar un frente común frente al concierto económico en Cataluña. Así lo confirmaron tanto el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, como la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez.
La número tres de los populares insistió, como ya hizo Isabel Díaz Ayuso y otros barones territoriales, en reclamar a Sánchez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para hablar sobre la singularidad fiscal catalana, así como una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la financiación autonómica de manera multilateral.
Sobre el cupo per se, la también diputada advirtió de que con la financiación singular pactada entre el PSC y ERC se está produciendo un “golpe de Estado a la solidaridad” entre comunidades autónomas: “Los recortes y el tijeretazo vendrán en toda España como consecuencia de esos acuerdos”.