El Congreso de los Diputados está a las puertas de votar el renovado pacto de Estado contra la violencia machista, aunque las distintas administraciones todavía no han cumplido todas las medidas incluidas en el acuerdo primigenio (2018-2022). Del total de 292 iniciativas que recoge el acuerdo pionero, el informe de cumplimiento del pacto (presentado en 2023) dio por aplicadas el 65,5%; por lo que el nuevo pacto ya está sobre la mesa cuando aún no se ha logrado cumplir con una de cada tres medidas del anterior.
El informe elaborado por la subcomisión del pacto de Estado contra la violencia machista, al que ha accedido Artículo14, será aprobado este lunes en la comisión sobre la materia que trabaja en el Congreso, en la que los grupos también presentarán sus votos particulares al texto. Es fruto de meses de deliberaciones, de revisar y actualizar las propuestas anteriores y añadir otras nuevas. Contempla un aumento presupuestario del 50%, hasta los 300 millones de euros por año, a repartir entre los distintos niveles de la Administración. Son 1.500 millones para sus cinco años de vigencia (frente a los 1.000 millones de su anterior versión).
En sus 236 páginas, el texto declara como formas de violencia contra las mujeres la económica, la digital, la vicaria, la trata con fines de explotación sexual y el proxenetismo -esta última, una fórmula para esquivar las diferencias entre los grupos sobre la prostitución. Así como incorporar al marco jurídico las tres primeras. A la espera de su presentación pública, ya hay grupos como ERC o Podemos que han planteado que presenta algunas lagunas. En parte, porque el pacto recomienda, y son las Administraciones las que deben impulsar sus recetas; y en parte, porque creen que debería ser más ambicioso.
PSOE y Sumar celebraron esta semana la voluntad de acuerdo de todas las formaciones (menos Vox) para revalidar “una herramienta que impulsa cambios reales que repercuten en la vida de las mujeres” (Milena Herrera, PSOE). “Se ha hecho política y se ha debatido de una manera muy provechosa, y además con mucho respeto para tejer estos puentes (Julìa Boada, Sumar).
La lista de medidas incluidas va del ámbito de las mejoras en la formación de jueces, cuerpos policiales y otros operadores a las propuestas legislativas: suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género; la de reparación del daño en estos delitos, o no considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la violencia de género como únicamente un delito leve, entre otras.
La ampliación de los criterios de referencia para dictar órdenes de protección; el establecimiento de la dispensa a no declarar de los menores no hijos del maltratador, o la propuesta de enjuiciar todos los procesos relativos a la misma víctima de violencia de género en un mismo órgano judicial (modificando el artículo 17 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son otras recetas plasmadas en el informe.
La obligación de que los juzgados de familia y primera instancia deban consultar los registros para comprobar si existen procesos penales activos o antecedentes de violencia de género en los procesos que afecten a la infancia o aquellos en los que existan indicios de violencia contra la mujer, o la modificación de la Lecrim para extender la prueba preconstituida a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de proxenetismo, están entre las medidas planteadas.
También se reclama una reforma del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar la posibilidad de que el juez “imponga cautelarmente al investigado la prohibición de acceso a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando tengan relación directa con el delito cometido”. O fijar por ley “los parámetros del quantum indemnizatorio a las víctimas de violencia contra las mujeres”.
En este abanico de medidas se plantean avances en materia de violencia vicaria, como “perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género”, para adaptarse a las víctimas menores de edad, “elaborando indicadores específicos sobre la violencia vicaria”.
Hay recetas para frenar el uso de imágenes de contenido pornográfico generadas con inteligencia artificial, y otras destinadas a impedir el acceso de los menores a la pornografía y otros contenidos violentos o machistas en internet: desde los sistemas de etiquetado, filtrado y verificación de edad, a los controles parentales. Incluido el uso obligatorio de estas herramientas de control en colegios, bibliotecas, centros culturales, asociaciones juveniles, etc.
Aboga por impulsar, mediante iniciativas legislativas y de sensibilización, que “plataformas como Sugar Daddy, OnlyFans u otras similares se conviertan en medios de captación para la explotación sexual de las mujeres jóvenes”.
El informe evidencia algunos retrasos en la actuación del Gobierno en esta y otras materias: en marzo, el Ejecutivo creó un grupo interministerial para estudiar esta materia, con el fin de activar un sistema de verificación de la edad de los consumidores de pornografía, dificultando el acceso de los menores, para que estuviera listo finales de 2024. Sus conclusiones no han trascendido.
Y lo mismo ocurre con la ley contra la trata, que el Gobierno volvió a presentar como anteproyecto -el texto viene de la anterior legislatura-, el 8 de marzo de 2024, sin que conste fecha oficial para su aprobación en segunda vuelta y su remisión al Congreso de los Diputados.
Grupos de izquierdas lo ven “un pacto de común denominador”
Hay formaciones, como el PNV, que ven que con el nuevo pacto “se dará un paso adelante” con respecto al anterior, sin ahondar en su valoración. Y otros, como ERC y Podemos, que critican ausencias en el acuerdo. “Es un pacto de común denominador”, aseguran desde ERC, que presume de algunos de sus avances, como el aumento de los recursos para avanzar hacia la formación obligatoria en perspectiva de género y violencias machistas “para toda la magistratura”.
O el estudio de fórmulas para que “las víctimas no se vean obligadas a separarse de sus animales de compañía”, cuando abandonan el entorno en el que se produce la violencia. Critican que el PSOE y el PP se hayan negado “a reconocer la totalidad de las violencias machistas que sufren las mujeres, como la vicaria, la obstétrica o la violencia institucional”. Y cuestionan que no se hayan previsto reformas de la ley de 2004 contra la violencia de género, “para modernizarla y asegurar que incluya todas las nuevas formas de violencia que sufren las mujeres”. Tampoco están conformes con la negativa de los dos grandes partidos a usar el término “feminicidio”.
Por su parte, desde Podemos celebran el pacto, pero advierten de que el acuerdo “debe ir más allá de la firma”. También echan en falta el reconocimiento de la violencia obstétrica, y advierten de que el reto está “en garantizar que las medidas sean efectivas y se cumplan”, con la financiación asegurada. Ensalzan el trabajo de Irene Montero como ministra –“gracias a su labor política se alcanzó el acuerdo político para la renovación del pacto, en 2021”-, y piden expandir las medidas de este acuerdo. “Creemos que no se puede defender el feminismo sólo en los días de firma de pactos”, abundan.
Medios como Público recogen también que EH Bildu critica el enfoque “punitivista” del acuerdo. En esencia, el grueso de partidos reconocen que se trata de un acuerdo que no colma sus expectativas, pero es la fórmula que han encontrado, en común, para relanzar el pacto: “No es el pacto que cada grupo querría, es el que más consenso genera”, asume una de las diputadas claves en su redacción.