Carles Puigdemont es, por excelencia, la cuestión pendiente para el Tribunal Supremo. Tras siete años fugado, el Alto Tribunal vive con expectación la inminente vuelta de quien fuera presidente de Cataluña. Tanto es así, que el juez que instruye el caso, Pablo Llarena, tendría que renunciar a sus vacaciones si esta vez Puigdemont cumple con lo anunciado y decide pisar suelo español en los próximos días. “Después de tantos folios y actuaciones de instrucción, nadie entendería que tuviera que tomarle declaración un magistrado que desconozca los detalles de la investigación”, confiesan fuentes del Supremo consultadas por Artículo 14.
Hay muchas dudas sobre la vuelta del expresident. Lo primero si sus promesas y anuncios sobre su regreso se materializan. De ser así, cómo cruzará la frontera, si podrá entrar en la sesión de investidura del Parlament antes de ser arrestado, si retransmitirá en directo su vuelta, etcétera.
Según las fuentes consultadas del Alto Tribunal, cuando el líder de Junts cruce la frontera la orden de arresto se activa. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo detendrían y acto seguido el juez Pablo Llarena tendría que suspender sus vacaciones para tomarle declaración presencialmente porque “nadie entendería que tuviera que tomarle declaración un magistrado que desconozca los detalles de la investigación”.
Tras su declaración, Llarena decidirá si lo arresta de manera provisional: “Hay posibilidad de que se fugue y Llarena tiene que asegurar que es juzgado”, explican las fuentes. Por lo que con toda probabilidad será metido en prisión.
Ante este arresto cabe recurso. Pero tendrá muy difícil evitar la cárcel. Su abogado, Gonzalo Boye, “podría interponer un recurso de Reforma y otro de apelación ante el Supremo”. Si estos son revocados, entonces Puigdemont podría solicitar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y después medidas cautelarísimas.
Las fuentes consultadas aclaran que la investigación “ya está hecha y una vez tomada la declaración de Puigdemont la instrucción se daría por terminada”. En ese momento, pasaría a la sala que “tendrá que oír a las partes sobre si se abre juicio oral o no y luego decidir. Si abre juicio, se haría el enjuiciamiento después”, explican las fuentes consultadas por Artículo 14 que estiman que el proceso se alargaría hasta tres meses.
Los delitos que se le imputan a Puigdemont son malversación y desórdenes públicos agravados. Este último es el equivalente actual a la sedición, delito por el que se sentenció a los otros líderes independentistas en 2019 que quedó eliminado del Código Penal tras un pacto entre ERC y PSOE.
Por su parte, la malversación que se imputa a Puigdemont no está amnistiada. Así lo decidió el Alto Tribunal en julio aduciendo a la que la ley de Amnistía apunta que el delito de malversación no sería borrado: “Si el sujeto activo aborda la ejecución de los hechos con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, reza la norma.
Un supuesto que para Llarena se cumple con la malversación de Puigdemont porque considera que utilizó dinero público para hacer frente a sus intereses personales sobre el referéndum independentista: “Fueron ellos quienes concibieron el plan para lograr la independencia de Cataluña y adoptaron un acuerdo de gobierno que firmaron todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos. Consecuentemente, los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio”, explica la resolución del Supremo.
Por tanto, se espera un futuro judicial arduo para Puigdemont. Él mismo en su carta a la ciudadanía de este sábado lo preveía: “Sé que mi retorno puede comportar la detención e ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo”, asumía en su misiva el expresident. Su abogado, Gonzalo Boye, aseguró en una entrevista que tienen muy estudiados los posibles siguientes pasos: “No le vamos a adelantar al Tribunal Supremo lo que queremos hacer; ellos ya han puesto parte de sus cartas a la vista y otras cartas que seguramente veremos cuando se materialice la detención y a partir de ahí nosotros estemos preparados para los distintos escenarios”, aseveró. Unos escenarios muy complejos jurídicamente y con mucho efecto político.