El pacto entre el Gobierno central y el de Canarias para intentar repartir a 4.400 menores migrantes desde el archipiélago y Ceuta al resto de autonomías, y así descongestionar la capacidad asistencial de estos territorios, ha provocado un cabreo enorme en las comunidades del PP. “Estamos todos atónitos”, en palabras de Fernando López Miras, que asegura que no se ha informado a la Región de Murcia. La crítica es generalizada en otros territorios, mientras que desde Génova 13 se denuncia que Cataluña y País Vasco quedarían al margen del reparto de migrantes. “No contarán con nuestro apoyo en el Congreso”, avanzaron fuentes populares.
El choque entre el Ejecutivo central y el PP es total. Según Moncloa, es falso que esas dos comunidades no estén incluidas en la nueva fórmula. “No queda excluida ninguna. Se aplicaría a todas”, aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por Artículo14. Si bien, matizan: “Lo que ocurre es que hay comunidades que ya tienen las plazas que les corresponderían con unos criterios objetivos, porque ya llevan haciendo un trabajo previo acogiendo a menores migrantes”. Y en dicho marco incluyen a las dos regiones en cuestión.
Cabe recordar que el pasado jueves la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fijaron esos criterios objetivos para la distribución de los menores migrantes no acompañados, además de avanzar que el siguiente paso es “trabajar en la aplicación concreta”. Unos criterios, como señaló la ministra, que son prácticamente iguales a los que ya se aprobaron en la Conferencia Sectorial del año 2022 por parte de todas las Comunidades Autónomas.
En concreto, que una autonomía reciba más o menos menores migrantes dependería de la población, la dispersión de esta por el territorio, el paro, la renta per cápita o el esfuerzo previo realizado. Este último criterio, también aprobado en 2022 -según señalan fuentes del departamento que lidera Rego-, se traduce en que aquellas autonomías que hayan acogido más menores en los últimos cinco años -una franja temporal aún por concretar- recibirían, de manera proporcional, menos menores migrantes. En este sentido, la ministra señaló que el próximo paso es “trabajar en la aplicación concreta de estos criterios”, así como determinar la fórmula jurídica del acuerdo, el cual aún tiene que ser refrendado por el Congreso de los Diputados.
Desde el Ejecutivo canario, donde el PP ostenta una vicepresidencia y cinco consejerías, señalan a este periódico que “no se puede afirmar” que esta proposición excluya a Cataluña o al País Vasco. Para empezar, precisan, porque todavía no se conocen de manera exacta las cifras de cuántos menores han acogido las diferentes autonomías durante los últimos cinco años -un tiempo propuesto por la parte canaria, pero que aún debe ser concretado-. De hecho, estas mismas voces autorizadas señalan que hay algunas autonomías que son “poco trasparentes” a la hora de entregar sus datos de acogida, lo que dificultaría la puesta en marcha de este nuevo reparto.
Eso sí, aunque todavía no se han ponderado los criterios, el conocido como esfuerzo previo tendrá un importante peso a la hora de, en un futuro, recibir más o menos menores migrantes.
Datos
Pese a no haber unas cifras que precisen cuántos de estos menores han sido acogidos por las diferentes autonomías en los últimos años, el Ministerio de Juventud e Infancia redactó -en base a la población, a las plazas de acogida de cada territorio y a la presión migratoria- un informe en octubre de 2024 que señalaba qué lugares eran deficitarios y cuáles no.
Según ese documento, la Comunidad de Madrid y Andalucía eran las que más plazas debían crear: 1.145 y 839 respectivamente; por 764 de la Comunidad Valenciana.
En la otra cara de la moneda, los territorios que ya superaban el mínimo de plazas que les tocaría son, además de las zonas de llegada (Canarias, Ceuta y Melilla), Cataluña (1.065 más), País Vasco (498) y Navarra (85).
El resto también tendrían que crear nuevas plazas: Castilla-La Mancha (367), Galicia (327), Castilla y León (292), Región de Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32).
“Modelo asimétrico e injusto”
El PP se ha llevado las manos a la cabeza. “Este modelo de reparto asimétrico e injusto no contará en ningún caso con nuestro apoyo. Utiliza criterios políticos para un reparto como si País Vasco y Cataluña no fueran España”, aseguraron fuentes autorizadas del equipo de Alberto Núñez Feijóo.
El malestar es extendido entre las comunidades autónomas del PP. “Después de estar varios meses dándonos lecciones de solidaridad, el Gobierno y Pedro Sánchez, ahora utilizan a los inmigrantes como mercancía para negociar y para seguir unos meses más en la Moncloa”, afirmó López Miras. “Es una barbaridad que no se cuente con todos”, añadió otro presidente autonómico.
A Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, estas reacciones políticas y mediática le pillaron en Canarias, con el propio Fernando Clavijo. “El PP debería serenarse y esperar. Ningún territorio se quedará fuera”, aseguraron desde su equipo, tras el encuentro entre ambos.
Los votos de Junts y PNV
El Gobierno cree que tiene atado el respaldo de Junts y del PNV a este nuevo modelo, por lo que no necesitaría al PP en la votación del Congreso. “Desde que haya un informe de la Abogacía del Estado para determinar si se hace por real decreto ley o por proyecto de ley, nos pondríamos en marcha para empezar una ronda de negociaciones con todos los grupos y recabar los apoyos”, avanzaron fuentes gubernamentales.
Es más, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia aseguran que este acuerdo con el Ejecutivo de Canarias abre el camino a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, la cual podría concretar un nuevo y estable sistema de reparto de menores. Cabe recordar que, actualmente, el formato de reparto que recoge este precepto legal deja en manos de las propias autonomías el recibir o no a menores migrantes, pues depende de acuerdos concretos entre territorios: “Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración”, precisa el 35.12.
¿También con el PP? “Lo haremos una vez más”, aseguran en el Gobierno. Aunque precisan a renglón seguido que Clavijo “gobierna con el PP” y que fue el equipo de Feijóo “el que abandonó unilateralmente las negociaciones”.