“España es una sociedad europeísta y solidaria. Por tanto, lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta”. Dos años y dos meses después de que Teresa Ribera se plantara ante Bruselas para rechazar un recorte del 15% en el consumo de gas español, la todavía vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está a punto de poner rumbo a la capital del Ejecutivo comunitario. Esta vez, para integrarse en la Comisión, el Ejecutivo comunitario al que se ha enfrentado en varias ocasiones. Ribera (Madrid, 1969) se dispone a cerrar las últimas carpetas de asuntos pendientes, con la vista puesta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que el Consejo de Ministros debería aprobar próximamente para remitirlo a Bruselas. En algo menos de un mes se enfrentará a los hearings del Parlamento Europeo, y si pasa su examen saldrá del Gobierno en el que aterrizó en 2018 para convertirse en la socialista con más peso de las instituciones europeas.
La futura vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva trabajará en una Comisión en la que los socialistas están en clara minoría frente a los populares (cuatro frente a 12), y tendrá galones para trabajar en algunos de los asuntos más sensibles de la Unión. Es la mujer que supo ver una oportunidad en la crisis derivada del alza de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania (febrero de 2022). La que primero fue escéptica ante la propuesta que le planteó Unidas Podemos para rebajar los precios, y luego se convirtió en embajadora del tope ibérico. Logró imponerlo y sumar a países que antes lo habían denostado (Francia).
Fue quien rubricó la primera ley contra el cambio climático (2021). La que convenció a los 27 de la necesidad de reformar el mercado eléctrico y lo logró sobre la bocina, a punto de concluir el periodo de presidencia española (diciembre de 2023). Jurista de formación, presenta un perfil fundamentalmente técnico.
Sus rivales políticos reconocen su convicción de actuar ante la emergencia climática y su lealtad a Pedro Sánchez, que le concedió galones de vicepresidenta. También su trayectoria en la política nacional e internacional: como directora de la Oficina Española de Cambio Climático (2005-2008), como secretaria de Estado contra el Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011); como directora de la Oficina Española de Cambio Climático (2005-2008); y como directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), en París.
La foto con Moreno en Doñana
Visto con perspectiva, el trabajo de su Ministerio ha servido para alumbrar o acompañar iniciativas de peso, “avanzando como nunca antes” en la materia, según un dirigente político con carnet de otro partido que ha compartido reuniones, debates y discusiones con ella: la ley de cambio climático; la excepción ibérica; la limitación del precio del gas para las calderas comunitarias; la modificación de la ley de residuos; la ley del Mar Menor (proveniente de una ILP); una suerte de estrategia para “garantizar la seguridad hídrica” como “elemento central de la seguridad”; todos los esfuerzos para impulsar las energías renovables; la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves… Que la lista es larga no lo discute ni la oposición. Y en ella hay capítulos como el enfrentamiento a cara de perro y la posterior reconciliación con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), a cuenta de Doñana. Acabaron posando ante los fotógrafos, dando paseos, para disgusto de parte de la oposición.
La misma oposición que desconcierta a Ribera y a todo el Gobierno cuando anuncia que no apoyará su salto a la Comisión, la que viajó a Bruselas para alertar de que el tope ibérico era, en realidad, “un timo ibérico”. “Lo hizo todo sola”, destacan desde su equipo. “Sin el apoyo del principal partido de la oposición”. La derecha no le perdona el salto a Bruselas; le acusa de haberse buscado un “retiro dorado” en Europa (algo prematuro, tiene 55 años). Un retiro que intentarán vallar, incidiendo en la presencia de su marido, Mariano Bacigalupo, en la CNMC, y antes en la CNMV.
Por su parte, la izquierda le acusa de destinar el último año a conseguir su billete a Europa, “paralizando” la actividad de su Ministerio. Le atribuyen que, “como buena socialista, nunca irá más allá” de lo que el sistema “y las empresas” permitan. Que no será todo lo dura que debería frente a las grandes corporaciones. “En una Comisión dominada por las derechas, no creo que vaya a poder llegar muy lejos”, abunda un dirigente de la izquierda a la izquierda del PSOE.
Incluso en este espacio político reconocen los “avances” logrados; del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que estudiaba “retrasar el cierre de las plantas de carbón”, y que instauró el “impuesto al sol”, pasaron a aprobar la primera ley contra el cambio climático. La diferencia es abismal, reconocen. Con todo, creen que era “condescendiente” con las empresas. Que le preocupaba un “retroceso” en sus materias, pero tampoco “se enfrentaba” con otros Ministerios, como Agricultura, cuando había disputas. Que llevaba mal la crítica, y por eso salió –“la sacaron”- de Twitter durante un tiempo.
Quienes han trabajado mano a mano con ella reconocen su tesón, su “cabezonería”, su “vehemencia para rechazar”, pero también para “defender” posiciones. Su “carácter fuerte”. El mismo que degeneró en ocasiones en gritos “que resonaban por toda la tercera planta”, donde aún tiene su despacho. Recuerdan que, en las negociaciones para conformar el Gobierno de coalición (finales de 2019), Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos, pidió a Sánchez que troceara el Ministerio para dar una cartera a los suyos, y no dejarlo todo en manos de Ribera. “Se plantó ante Sánchez y le dijo que, o todo, o nada”.
Esta forma de actuar, apuntan, tiene que ver con que en un periodo de dos años tuviera hasta tres jefes de Gabinete (han sido cuatro en total). “Es difícil trabajar con ella por su carácter”, apuntan. Sí ha sobrevivido un equipo de fieles, “leales a muerte”, el núcleo duro de la vicepresidenta. Y, si en el resto de espacios políticos la tildan de ser cuadriculada, en su equipo la retratan como una “constructora de consensos”, capaz de pactar con los suyos y con el PP, como hizo con Moreno o Fernando López-Miras, presidente de Murcia. La presentan como una de las ministras que más han batallado contra los “precios desbocados” o “la inflación por las nubes”. Por reconocer la “insularidad ibérica”. Por mejorar el bono social para garantizar “a los más vulnerables” el acceso a la energía. La que acaparó titulares durante semanas por imponer algunas normas para reducir la factura energética. Y la que vio como intentaron boicotear el tope ibérico, que se logró, “pese a algunos”.
Ahora afronta el reto de “conectar la transición verde, limpia, con la competitividad industrial de la economía europea”, manteniendo “una mirada social”. A la izquierda del PSOE lamentan que no haya agradecido públicamente el trabajo de este espacio para impulsar la agenda verde, que no fuera “más generosa”.
Y recuerdan que en materias como la implantación del coche eléctrico aún falta mucho por avanzar. Tampoco ha logrado (aún) resucitar la Comisión Nacional de la Energía, un compromiso entre PSOE y Sumar. En su equipo recuerdan que todavía se sienta en el Consejo de Ministros, y sugieren que prepara una traca final, para encenderla antes de subir al avión camino de Bruselas.