Tensión entre Díaz y Sánchez también por la ayuda a Ucrania

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, declara que la concesión se ha hecho de una manera “totalmente opaca y con falta de transparencia”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este lunes en el palacio de La Moncloa en Madrid.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este lunes en el palacio de La Moncloa en Madrid. EFE/ Chema Moya

Las diferencias en el Gobierno comienzan a surgir de manera frecuente. Al poco tiempo que el presidente Pedro Sánchez recibiera este lunes en la Moncloa a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, Sumar afeaba al PSOE, socio del Ejecutivo, la concesión de una nueva ayuda militar valorada en algo más de 1.000 millones de euros a Ucrania. Un acuerdo que incluye, entre otros asunttos, cooperación en materia de inteligencia, formación o asistencia humanitaria.

Ante el calculado silencio de Yolanda Díaz, la voz crítica en esta ocasión fue la del portavoz de la formación Ernest Urtasun. El también ministro de Cultura instó al PSOE, partido al que previamente informó su “discrepancia”, a que trasladara al Congreso el convenio con Ucrania, “para que sean las Cortes Generales las que valoren, con toda la información, cuál es el alcance del acuerdo”.

Pese a otorgar legitimidad a la defensa ucraniana ante una “agresión imperialista” de Rusia, Urtasun señaló que una cuestión tan “relevante” como es el envío de armamento a una zona en conflicto fuera de las fronteras españolas, se ha hecho de forma “totalmente opaca y con total falta de transparencia, sin que haya un debate en el Congreso de los Diputados”, aseguró el portavoz de Sumar.

En este escenario político, con elecciones europeas de por medio, se inmiscuyó un actor. En una entrevista en Onda Cero, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hundió el dedo en la llaga y reiteró la idea de que el Gobierno está roto. Asimismo, señaló que, “a pesar de la forma de gobernar el señor Sánchez”, los populares apoyan “al Gobierno español en la ayuda militar que le va a prestar a Ucrania”. Una intervención que apostilló con lo siguiente: “Nosotros hemos sido mucho más leales con el Gobierno en el caso de Ucrania que sus aliados”.

Algunos de los socios del Ejecutivo como ERC, Bildu, Podemos o el BNG incluso se negaron a recibir a Zelenski. “Aumentar el gasto militar a espaldas del Congreso solo beneficia a las grandes potencias y a los intereses de la industria armamentística. La solución vendrá por vías diplomáticas y pacíficas, siempre”, afeó el portavoz de Bildu, Oskar Matute, a través de su cuenta de X, antiguo Twitter.

En un tono muy similar se manifestó la líder morada Ione Belarra, quien expresó que la visita del presidente ucraniano a la Cámara Baja supuso un “lavado de cara” a la decisión “antidemocrática” de Sánchez.

Tercer conflicto seguido en el Gobierno

Esta división en el seno del Ejecutivo se suma a los dos choques sufridos la semana pasada. Por un lado, el PSOE presentó el pasado martes en la Cámara Baja una proposición de ley para acabar con el proxenetismo, la cual Sumar votó en contra. Sin ir más lejos, la formación de Díaz calificó el proyecto socialista como una propuesta que “no responde a la voluntad de garantizar los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución”, lo que les “obligaba” a votar no.

El otro choque en el Ejecutivo surgió menos de 48 después a raíz de la reforma relativa a la ley del suelo. En ese caso el PSOE retiró del orden del día la votación que hubiera provocado otra derrota parlamentaria, ocasionada por la negativa de Sumar en el seno del Gobierno días antes.

Choques por el gasto militar

Pese a que no fuera un choque tan próximo en el tiempo como estos dos últimos, la política armamentística del Gobierno también ha generado previos roces.

Hace algo más de un mes ya surgió un conflicto interno en el Consejo de Ministros. En aquella ocasión, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, al frente, se aprobó destinar un más de mil millones de euros para adquirir material militar destinado a “reforzar” las capacidades de acción de las Fuerzas Armadas. Un movimiento que hizo a Sumar dudar de su “legalidad”.