El Gobierno avanza a toda máquina hacia el que podría ser un nuevo iceberg en forma de derrota parlamentaria, y oficialmente descarta dar el golpe de timón que ya reclaman algunos de sus aliados para intentar evitar la colisión. El paquete fiscal que previsiblemente se votará en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados este jueves ha partido en dos a la mayoría que invistió a Pedro Sánchez.
Las negociaciones para evitar el naufragio se prolongaron durante el miércoles, y fuentes del Ministerio de Hacienda descartaron apretar el que, según varios partidos políticos, y hasta el socio minoritario del Ejecutivo, es el botón del pánico.
Esto es, la opción de retirar las enmiendas y añadidos a ley que transpone una directiva europea por la que se instaurará un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y grupos multinacionales.
Empujan a borrar de la ecuación todo lo que afecta al gravamen a la banca y a la eliminación del tributo a las energéticas, pactado con Junts y criticado por la izquierda. Esto permitiría ganar tiempo y tratar de reconducir la discusión que ha encendido a los aliados parlamentarios. La ministra, indican fuentes de este departamento, “no trabaja con esta idea”, a la que sí empiezan a abrirse otras voces del PSOE.
Es también el camino por el que apuesta Sumar. En escasos días, fuentes de la dirección del partido han pasado de celebrar que se aplazase la sesión de la comisión prevista para el lunes, porque así ganaban tiempo para negociar, a reclamar a los socialistas que vuelvan a dar patada hacia adelante con parte del texto legal.
Esto no supone que renuncien al resto de tributos adheridos al proyecto de ley en tramitación, sino que piden retrasar estos debates y sacar adelante la norma para establecer ya en el 15% el tipo efectivo en sociedades. Y para construir, desde esa base, nuevos acuerdos.
Algunos aliados parlamentarios ya apuestan por esta vía como única solución posible en este contexto. “Deberían” abrirse a esta opción, afirmaban desde las filas de uno de los socios del flanco izquierdo del hemiciclo.
También advirtieron a Artículo14 de que, si el PSOE no se “mueve”, si no elimina de la ecuación los elementos que generan polémica, no podrán evitar un nuevo revolcón parlamentario. “Si no [se mueven], lo pierden”, avisan. ERC, Bildu y Podemos han rechazado públicamente la actual formulación de la norma.
La mayoría de formaciones se muestran cautas, justificándose en que la negociación sigue su curso. Otras, directamente reconocen que las conversaciones van “mal”. El iceberg cada vez está más cerca, si bien aún están a tiempo de desconvocar la comisión, prevista para cuando concluya el pleno de este jueves. O de desnaturalizar la norma y salvar la parte que, hoy por hoy, tiene más visos de supervivencia, inciden.
Ni a los aliados a la derecha de Sánchez (PNV y Junts) les gustó el anuncio del lunes sobre el pacto con Sumar, ni la izquierda quiere tolerar una norma que sentencie el impuesto a las empresas energéticas, una exigencia de los independentistas catalanes.
El paquete incluye la transferencia a Euskadi del gravamen a la banca, la contrapartida negociada por el PNV a cambio de su apoyo. El tributo a la banca y el de las energéticas fueron diseñados como gravámenes extraordinarios en la anterior legislatura, y hoy tienen un fuerte valor simbólico para la izquierda. Según Hacienda, el primero ha permitido recaudar 1.695 millones sobre los beneficios de la banca en 2023, y el segundo 1.164 millones.
Un mal presagio de cara a los Presupuestos
Aunque el discurso oficial del Ejecutivo y de la mayoría de sus aliados pasa por desvincular la andadura del paquete fiscal de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, en Sumar sí reconocen que este hito guarda una obvia relación con las cuentas públicas.
Fuentes de la dirección de la alianza que representa Yolanda Díaz reconocen que, aunque no sea exactamente extrapolable, el resultado de la negociación sobre fiscalidad sí servirá como termómetro de lo que está por venir. Un fracaso en este primer paso no favorecería lograr el objetivo fundamental del Ejecutivo, el que dotaría a Sánchez de un armazón económico que le facilitara apurar la legislatura.
La situación es delicada, y la mayoría de las voces consultadas se muestran pesimistas. En el PSOE, hay quienes no pierden la fe en la vicepresidenta Montero, pero reconocen que, si tiene algún margen, a todas luces deberá pasar por un ajuste en la ley, reduciéndola a su mínima expresión. Esto es, por tragarse las posiciones que hoy defienden.
Cuestionados por si hay otras fórmulas para evitar el desastre que no pasen por renunciar a buena parte de los añadidos a la directiva, los mismos que han generado la discordia, en Hacienda guardan silencio.