Entre septiembre y principios de octubre, el CIS ha realizado 21.477 entrevistas en las que incluyó intención de voto. Más de veintiún mil personas entrevistadas en apenas cinco semanas, en cinco estudios de temáticas diferentes: dos barómetros ordinarios, uno sobre “fecundidad, familia e infancia,” otro sobre “cultura y estilos de vida,” y, el último, publicado la semana pasada, sobre “redes de apoyo.”
Resulta sorprendente que un organismo público dependiente del Ejecutivo muestre tanto interés en conocer la intención de voto cuando aún quedan 1.000 días de legislatura, según afirma la única persona que tiene la exclusiva responsabilidad de proponer la disolución de las Cortes Generales. Realizar más de 500 entrevistas diarias en estas circunstancias solo puede calificarse como una obsesión o como tracking electoral, además de suponer un despilfarro del dinero de todos.
Probablemente, usted no sepa quién es Cristóbal Torres. Fue el último presidente del CIS antes de la era Tezanos, y su salida marcó el fin de un criterio y una costumbre institucional practicada bajo gobiernos de diferente signo político: fuera de periodo electoral, la intención de voto se preguntaba trimestralmente y con 2.500 entrevistas. Ahora, esta se realiza todos los meses y con 4.000 entrevistas. Sin embargo, en este inicio de curso, han pisado el acelerador: el CIS actual ha preguntado sobre intención de voto en poco más de un mes, lo que antes tardaba más de dos años en preguntar.
Sin ánimo de entrar en juicios de intención, este derroche presupuestario solo puede explicarse de dos formas: por un indolente desprecio por el buen uso de los recursos públicos pagados por el sufrido contribuyente, o bien se trata de los tambores electorales característicos de una precampaña.
En términos analíticos, es casi mejor optar por los escenarios que por los pronósticos. ¿Es posible que la única persona con capacidad para convocar elecciones esté considerando un adelanto electoral?
Palacio de la Moncloa, Madrid, 15 de febrero de 2019:
“Hace casi nueve meses, España sufría un Gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un Gobierno acosado por la corrupción y sumido en una parálisis legislativa. Un Gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría y sufre buena parte de la ciudadanía de nuestro país”.
Con estas palabras, Pedro Sánchez contextualizaba el anuncio de su primer adelanto electoral en abril de 2019.
La negociación de los presupuestos generales del Estado se vuelve crucial. Es la principal herramienta política de cualquier Gobierno, y Pedro Sánchez —al menos el Pedro Sánchez de 2019— lo tiene claro: “Entre las dos opciones: no hacer nada y continuar sin Presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda”, dijo en aquella declaración institucional en 2019.
¿Y qué dicen esos números del CIS sobre la situación del PSOE? Sentencian que no ha sido un buen arranque de curso en términos electorales: la fidelidad de voto del PSOE ha pasado del 75% al 69%, la fuga neta hacia partidos de la derecha se consolida y supera los 300.000 votantes, y el intercambio entre PSOE y Sumar ya es prácticamente nulo. Además, estos datos no incluyen el efecto del proceso de imputación de José Luis Ábalos ni la expresión de descontento social en las calles respecto al tema de la vivienda.
Quizá el presidente tenga razón y aún queden 1.000 días, pero, observando el “tran tran” de esta legislatura y el comportamiento del CIS, resulta difícil creerlo.
Mientras tanto, en el momento en el que usted termina de leer estas líneas, el CIS comienza a preparar ya su próximo “folletín electoral”.