Sofía Acedo Reyes, Portavoz de Migraciones y adjunta de Igualdad Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Mal les ha salido la jugada a los que, alejados de su verdadera responsabilidad, han querido hacer política de la mala, para buscar el enfrentamiento entre las Comunidades y Ciudades Autónomas gobernadas por el PP. Romper la unidad de acción de estas, objetivo compartido entre los que, por un lado, han renunciado a una política migratoria seria y responsable para convertirnos en el país que acumula el mayor número de entradas irregulares de toda la UE y tan sólo ejecuta el 5% de los expedientes de expulsión, el Psoe, y, por otro lado, los que compitiendo contra todos, para que “sólo quede Vox”, han acabado compitiendo contra sí mismos.
Con estas mimbres arrancó la jornada del pasado miércoles, 10 de julio, cuando se celebraría la Conferencia Sectorial de Infancia. Todos los ojos puestos en las Comunidades y Ciudades Autónomas gobernadas por el Partido Popular y en el presidente Feijóo, hasta que acabó por deshojar la margarita que todos los demás partidos ya habían deshojado en nuestro nombre.
Dijo exactamente lo mismo que venía diciendo semanas atrás: solidaridad. Nada nuevo, sin embargo, en esta ocasión, ya nadie lo cuestionó porque, a horas de la votación, todos se convencieron que, efectivamente, los gobiernos liderados por el Partido Popular, como partido de Estado que es, como único partido con un proyecto común para España, apoyarían y ayudarían, aún teniendo sus servicios de protección sobredimensionados, a Canarias y Ceuta ante la situación de emergencia migratoria que están viviendo. Porque sí, la patria empieza en el sur, al otro lado del mar. España es la península, pero también sus Islas y ciudades al norte de África, Ceuta y Melilla.
Lo cierto es que, este acuerdo, podría haberse adoptado hace semanas cuando, en plena celebración de la anterior Conferencia Sectorial, el gobierno de Sánchez, a través del Ministro Ángel Victor Torres, lo dinamitó haciendo pública, a espaldas de las Comunidades Autónomas, la modificación de la Ley de Extranjería. Un nuevo ejercicio de deslealtad institucional. Una modificación que pretende imponer la obligatoriedad de la solidaridad pero nada más, ni menos, ya que si no se concretan cuáles serán los recursos del Estado para hacer efectiva esta, tan sólo trasladará el problema de un sitio a otro. Solución ninguna.
Si, mañana, el gobierno de Sánchez presentase un plan de contingencia para el control de los flujos migratorios irregulares, reforzase los medios técnicos y humanos para el control de las fronteras e impulsase mejoras para un mayor seguimiento y control de los acuerdos con los países de origen y tránsito para hacer efectivo su cumplimiento, si reactivase la devolución de aquellos inmigrantes con expediente de expulsión, utilizase los mecanismos que ofrece el Pacto Migratorio, implicando en mayor medida a la UE y, a la vez, aceptase declarar la emergencia migratoria para que las administraciones puedan poner recursos extraordinarios para la protección y atención de los menores, recibiendo, asímismo, una financiación adecuada, cierta, y comprometida en el tiempo hasta su emancipación, si habilitase un fondo de contingencia para financiar los miles de menores que ya está siendo atendidos por las Comunidades Autónomas y garantizase que todos los territorios van a participar en cualquier reparto sin excepciones ni privilegios de ninguna clase. Si se hubiese tomado en serio la política migratoria y no la estuviese utilizando como baza política para seguir escabulléndose de sus responsabilidades y buscar culpables, nada de esto habría sucedido. Pero para eso, el gobierno tendría que ser otro.
La intención del gobierno de Sánchez nunca fue proveer de una mayor protección y atención a los menores migrantes no acompañados, no, era intentar disimular su absoluta incompetencia e ineficacia en el control de flujos migratorios irregulares, esconder el caos de su política migratoria, de manos caídas, en el ejercicio de una competencia exclusiva del Estado. Señalar al de enfrente para tapar sus vergüenzas.
Este es el gobierno que recibió en el año 2018 al Aquarius, en el puerto de Valencia, con más de 400 inmigrantes a bordo, con ovaciones, aplausos y una comitiva infinita de ministros, cargos del gobierno y medios de comunicación. El que ha pasado del jolgorio de entonces al drama humanitario por su incompetencia. Con hacinamiento de inmigrantes, mayores y menores, en Barajas y en campamentos sin las mínimas condiciones de salubridad.
Vendido al mejor postor a cambio de la igualdad y el bienestar de todos, también de los más débiles, para, él sí, seguir sobreviviendo.
Sin imposiciones ni amenazas. Solidaridad sí, hasta donde lleguen los recursos existentes pero, no se engañen, las responsabilidad, en cualquier caso, sigue siendo del gobierno de España y, por ende, de su presidente, Pedro Sánchez.
