Este lunes en el Senado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se mostró confiada en renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: “Terminar con la violencia que se ejerce contra las mujeres es el mayor reto que tenemos como democracia avanzada. España se merece ser un país libre de violencias machistas”, sentenció, aunque sin poner una fecha próxima encima de la mesa. Previsiblemente, los trabajos para actualizar el acuerdo concluirán antes de final de año.
El pacto lleva caducado desde 2022. Se aprobó por primera vez en 2017 con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados. Un paquete de 290 medidas encaminadas a mejorar la respuesta del Estado ante la violencia de género. Según la primera evaluación realizada tras sus cuatro primeros años de aplicación, el 65,5% de las medidas firmadas en ese pacto ya se habían aprobado y 29,3% aún estaban en proceso.
Medidas que trabajan, entre otras cosas, por la ruptura del silencio, la mejora de la asistencia y protección de las mujeres, la dotación presupuestaria o el seguimiento estadístico. Si bien, nueve medidas de este primer paquete no se han implementado. Son las relativas a cuestiones procesales penales como la supresión del atenuante de confesión o el de reparación del daño en delitos relativos a la violencia de género.
Un “buen balance” para los cinco primeros años de aplicación, a ojos del Gobierno. Sin embargo, las cifras de violencia machista siguen siendo terribles. En lo que llevamos de año ya han fallecido 14 mujeres en manos de sus agresores y se han registrado 43.580 víctimas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Ante esta realidad, ya en febrero, la ministra urgió a la renovación de este pacto por considerarlo una “herramienta básica” para luchar contra la violencia de género. Ana Redondo dejó entonces como titular que proponía ampliarlo y mejorarlo.
Entre sus nuevas líneas de acción: hacer frente a la violencia digital. Redoblar esfuerzos para combatir el ciberacoso, la pornografía de venganza o la sextorsión. Por otra parte, se quiere incluir también la prostitución y la trata en la renovación del Pacto de Estado.
Capítulo aparte dedicó la propia ministra a la lucha contra la violencia vicaria, la violencia que se ejerce contra los menores para hacer daño a la madre. Porque precisamente este 2024 se registró la peor cifra desde 2013. En el primer trimestre fueron asesinados siete menores de edad víctimas de este tipo de violencia machista.
Fuentes del PSOE justifican la tardanza a Articulo 14 por el cambio de legislatura. Dicen que los trabajos se avanzaron antes de las elecciones del 23J y que cuando se constituyó la subcomisión encargada de esta reforma se retomó el trabajo: “Los trámites en el Congreso, todos, llevan su tiempo y se debe seguir el procedimiento establecido”, argumentan estas fuentes. Señalan, además, que lo importante es un “amplio consenso” y confían en que lo alcanzarán con todas las formaciones a excepción de Vox “que siempre se desmarca en esta materia”.
En el PP no están de acuerdo con esta “tardanza”. Fuentes autorizadas del partido hablan de “falta de voluntad política” por parte del Gobierno para sacar adelante esta renovación. Se quejan de que “no es un asunto prioritario para el ministerio de Igualdad”. Y defienden que fue el PP el que en esta legislatura registró esta subcomisión de manera unilateral para “meter prisa al resto” de formaciones. Finalmente, a finales de abril se aprobó su creación.
En el PSOE niegan esta falta de voluntad: “No es así ni mucho menos”, refutan las fuentes consultadas. Sostienen que fueron ellos quienes promovieron el pacto en 2017 y que en 2021 ya hubo una renovación del compromiso político que firmaron todos menos Vox. Pero desde el PP dicen que esa renovación fue “de aquella manera” que se les entregó “un papel” en una reunión y que la ministra, entonces Irene Montero de Podemos, ni si quiera acudió a la comisión a comparecer sobre la evaluación del pacto.
Discrepancias aparte, ahora mismo Gobierno y partidos están “en la fase de escucha”. Están teniendo lugar comparecencias de la sociedad civil y de expertos. Entre ellos representantes de asociaciones como la Federación de Mujeres Jóvenes, a propuesta del PSOE, o Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil, a propuesta del PP.
También comparecerán juezas como Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, a petición del PP; Isabel Giménez, jueza de Familia, propuesta por el PSOE; o Victoria Rosell exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, convocada por Podemos.
Prevén en julio pasar a las comparecencias de miembros del Gobierno involucrados en los ámbitos en los que quiere trabajar el Pacto. Participarán los ministros de Educación, Interior, Justicia e Igualdad. En septiembre tienen que presentar un informe con conclusiones para, antes de fin de año, acometer la actualización de esta hoja de ruta contra la violencia de género. Solo falta que la polarización política actual y el compromiso con la violencia de género se asuman como prioridad entre los parlamentarios.