Un minuto y diez segundos. Es lo que tardó la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en aprobar la prórroga de la subcomisión del mismo nombre, que trabaja en la reedición del nuevo pacto, y que como adelantó Artículo14 incluirá 400 medidas, entre las nuevas y las cerca de 290 iniciales, actualizadas y retocadas.
La comisión se reunió el 26 de noviembre, tras el pleno, para despachar en un minuto la extensión hasta el 31 de abril de los trabajos, que inicialmente planeaban zanjar antes de 2025. Si bien la presidenta de la comisión, Lidia Guinart (PSOE), planteó aprobar esta prórroga por asentimiento, Vox rompió la falta de consenso y votaron. 25 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. No hubo quejas, críticas ni se plantearon otros escenarios.
Los trabajos de la subcomisión, a diferencia de las sesiones de la comisión, se celebran a puerta cerrada. Sin embargo, todas las fuentes consultadas por este diario acusan a las diputadas de la ultraderecha de boicotear los trabajos. También reconocen, a izquierda y derecha del arco parlamentario, que, exceptuando a las representantes de Vox, hay “absoluta voluntad de consenso”. Y que la prórroga de los trabajos estaba más que pactada entre todas las partes.
Las representantes del PP no tomaron la palabra en esa sesión, en la que el único punto del día era precisamente la votación para oficializar una prórroga ya acordada. Pero esto no es excusa para que los líderes de los dos grandes partidos, PP y PSOE, hayan cargado el uno contra el otro refiriéndose a este acuerdo.
En un acto celebrado el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Alberto Núñez Feijóo aprovechó un acto del PP, en Barcelona, para criticar al Ejecutivo por el hecho de que los trabajos no hayan concluido. “El Gobierno no ha tenido tiempo para renovar el pacto contra la violencia machista”; “es un grave error de este Gobierno, como la ley del sólo sí es sí”, afirmó.
En la misma jornada, Sánchez había comparecido para animar a los partidos políticos a “dejar las diferencias de lado”, para renovar “cuanto antes” este acuerdo. Todas las partes consultadas sostienen que ni hay grandes “diferencias” que frustren los avances, ni se puede imputar a un único grupo la decisión de prorrogar los trabajos.
De hecho, en el cierre del 41 Congreso Federal del PSOE, en Sevilla, el 1 de diciembre, el líder socialista también trató de capitalizar la renovación del pacto de Estado, y lo encuadró en la batalla política. En la disputa en la que denuncia “ataques” de quienes no les “perdonan la victoria de la moción de censura de 2018”, que expulsó de La Moncloa a Mariano Rajoy. Y de quienes tampoco les perdonan “ganar el 23-J de 2023”, las últimas elecciones generales.
“Por eso quieren tumbarnos. Y por eso nos toca avanzar. A cada ataque suyo, una política progresista aprobada en el BOE: ¿atacan al feminismo? Responderemos con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, mitineó Sánchez.
En general, PP y PSOE, y particularmente sus respectivos líderes, intentan no tirarse el pacto de Estado a la cabeza. Hay algunos ejemplos aislados: el PP de Galicia publicó el 11 de noviembre en redes sociales una intervención de la senadora Nidia Arévalo, en la que acusaba al Gobierno de no haber “sabido gestionar” este pacto.
También atribuyó su aprobación al PP, cuando se trató de un acuerdo entre todos los partidos menos Podemos, que inicialmente votó en contra y posteriormente se incorporó al mismo. Por otro lado, el Ejecutivo critica con frecuencia a los gobiernos municipales PP-Vox por sus posiciones en materia de Igualdad o frente a la violencia machista, pero el pacto suele quedar al margen.
El pacto de Estado con más visos de prosperar
Distintos interlocutores en ambas fuerzas reconocen que, si hay un pacto de Estado que pueda salir adelante en esta legislatura, es precisamente este renovado acuerdo, y sólo ven un poco de margen para un segundo: el posible pacto de Estado en materia de Infancia. Sin embargo, en la misma semana del 25-N, Feijóo y Sánchez han escenificado una tensión que, según las diputadas y diputados que trabajan en el texto, sencillamente no se da.
En el Congreso y en el Senado ha habido combate dialéctico e intentos de las distintas fuerzas por arrogarse el único mérito de una iniciativa en múltiples ocasiones, hay ejemplos prácticamente cada semana. Incluso hubo ejemplos durante años, a cuenta de la aprobación de la negociación de la ley ELA, que finalmente se aprobó por unanimidad.
Esta fue una de las normas citadas el viernes por Francina Armengol, presidenta del Congreso, en su discurso durante los actos por el Día de la Constitución. Armengol aludió a los acuerdos que han permitido “avances significativos” en este año de legislatura. “Entre otras, la aprobación por unanimidad de la ley para mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen ELA y otras enfermedades degenerativas de gravedad. Espero que a ellas se sume pronto la renovación del Pacto de Estado por la violencia de género”, deseó la presidenta de la Cámara Baja.
El “circo” de Vox
En este caso, en ambas bancadas hay palabras de reconocimiento sobre compañeras del lado opuesto del arco parlamentario, con nombres y apellidos. La metodología de los trabajos se pactó entre las partes, y una de las presentes en este órgano de trabajo asegura que es exactamente la misma adoptada ante el acuerdo primigenio.
“La tensión” o el “circo”, explican desde distintos grupos, corren a cuenta de Vox. Por mucho que Sánchez y Feijóo pongan el acento en esta cuestión, sobre esto no hay peleas, sólo “debate político”, sostienen quienes están al pie del cañón. O, al menos, las disputas que se dan en este espacio no tienen nada que ver con las que sus señorías acostumbran a escenificar en el Hemiciclo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.