El Gobierno ha sumado una nueva derrota parlamentaria este jueves, y ha vuelto a dejar ver sus costuras, al quedar retratadas en el Congreso de los Diputados sus diferencias sobre el aumento del gasto en Defensa ya comprometido por Pedro Sánchez. Han quedado más que claras, con Sumar votando una iniciativa no vinculante contra el aumento del gasto en Defensa, o a favor de la “disolución” de la OTAN. El PSOE votaba lo contrario.
A última hora de la noche, Sánchez comparecía en Bruselas tras asistir al Consejo Europeo, para restar hierro a la división. Explicó que sus socios “respetan los compromisos europeos” -éste lo es-, y afirmó que las “discrepancias” entre los socialistas y el espacio político a su izquierda, a cuenta de la OTAN, son “históricas”. “Lo que tiene ahora Sumar son discrepancias que hay de manera tradicional, histórica, en la política española”, incidió.
El presidente trataba de naturalizar estos desencuentros, pero lo hacía en una jornada en la que se han dado también en otras dos cuestiones de peso. De hecho, desde ambos lados del Ejecutivo se expresaban en líneas opuestas en lo que toca a los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuyo certificado de defunción política Sánchez no quiso firmar desde Bélgica.
Después de que el ala socialista haya enfriado la opción de contar con nuevas cuentas, y haya puesto en el mes de mayo el tope para su presentación, la vicepresidenta segunda les recordó su promesa de registrar los Presupuestos para su debate en la Cámara. “La obligación del Gobierno es presentarlos”, aseguró Yolanda Díaz en una entrevista en Telecinco.
Además, los socios del Gobierno mantienen otro frente abierto a cuenta de la decisión de Hacienda de no elevar el umbral exento para tributar por IRPF, para que una parte de quienes cobran el SMI no tengan que pagar IRPF tras la nueva subida del salario mínimo. Aquí enfrentan posiciones Díaz y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ninguna de las partes tiene intención de dar su brazo a torcer.
Si no se produce la conversación que Díaz demanda a Montero desde hace 38 días, el Ejecutivo ejercerá su facultad de vetar la tramitación de iniciativas con impacto presupuestario. Bloqueará así las tres proposiciones de ley (PLs) registradas por PP, Sumar y Podemos, para volver a elevar el mínimo exento de tributación.
La secuencia prevista es que los representantes de Sumar en la Mesa de la Cámara Baja unan sus votos a los del PP para levantar este veto, y tramitar así una de las PLs que permitan rectificar la decisión de Hacienda. El conflicto librado entre el Ejecutivo y el PP (a través del Senado), con las enmiendas vetadas a la ley del desperdicio alimentario ya aprobada en el Congreso, puede servir como ensayo para lo que está por venir.
Distintas fuentes parlamentarias señalan que Moncloa tendría en su mano acudir al Tribunal Constitucional para tratar de impedir que la mayoría de PP y Sumar en la Mesa logre tumbar su veto presupuestario. Es pronto para hacer cábalas, afirman desde las filas de ambos socios de coalición. No quieren avanzar movimientos, pero el plazo para ejercer el veto expira el próximo viernes.
Hoy por hoy no quieren contemplar que el conflicto pueda escalar hasta quedar en manos del Tribunal de Garantías, pero en las filas de Sumar temen que Hacienda aún tenga recursos como para contrarrestar su mayoría con el PP en la Mesa. Esta puede ser una vía, pero no descartan que recurra a otras.
Derrota parlamentaria de manos del PP y de Junts
Pese a la marejada interna, ninguna de las partes cree que la coalición corra peligro. Y no se da este riesgo, entre otras cosas, porque están cohesionadas ante las agresiones de propios y extraños.
Extraños como el PP, que este jueves cambió sorpresivamente su voto a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y propios como Junts, al que esta misma semana el Ejecutivo le dejó vender, a su manera, el real decreto ley que modificará la ley de extranjería para establecer cupos obligatorios de distribución de menores migrantes entre las CCAA, ante la saturación que se vive particularmente en Canarias.
El Partido Popular, como Junts per Catalunya, había apoyado el dictamen de la norma hace escasos días, pero este jueves ambos apostaron por tumbar el mismo texto. Su decisión se produjo después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, se hubiera mostrado satisfecha por la que esperaba fuera la primera aprobación de un proyecto de ley con el sello de Sumar en lo que va de legislatura.
Tanto ella como su equipo mostraban recelos sobre el sentido del voto del PP, pero no albergaban tantas dudas sobre Junts, que volvió a torcer el brazo al Ejecutivo. “Ninguna agencia española de salud pública está por encima de los ganaderos catalanes”, esgrimió para justificarse su portavoz, Miriam Nogueras, en referencia a las enmiendas a la ley de despercidio alimentario. Vox era el único que se había opuesto a esta norma, PP y Junts fueron quienes cambiaron de tercio.
En el Gobierno y en los grupos no han escatimado en calificativos para el PP y para los neoconvergentes: “Altura de miras y alta política”, ironizaba una fuente del Gobierno. “Es una pataleta para hacer daño”, afirmaban desde la dirección de uno de los grupos parlamentarios.
“Una vergüenza”, apuntaba un tercero, que demostraría que los intereses partidistas de ambos, su deseo de “vendetta”, han primado frente a la coherencia y al “interés general”.
“Les puede la ira, les puede el enfado”, resumía la ministra de Sanidad en la tribuna, ante las interrupciones del PP durante el pleno. Entonces no sabía que su norma iba a naufragar. “Si hoy viniera otra pandemia estaríamos más desprotegidos por culpa de la irresponsabilidad de unas tácticas políticas que nada tienen que ver con la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. PP, Vox y Junts no se han puesto de lado de la protección de la salud”, cargó García.
El Gobierno tiene claro que volverá a tramitar esta norma, aunque dice que está por ver si lo hace a través de un real decreto ley (el mecanismo más rápido), como proposición de ley (que obliga a gastar cupo a uno de los grupos), o si la retomará como proyecto de ley, la fórmula que hoy se antoja más lenta.
Paradójicamente, el jueves negro en el que, por primera vez en el actual contexto internacional, votaron en sentidos contrarios sobre el aumento del gasto militar, el golpe del PP y de uno de sus aliados les obligaba a mantener prietas las filas.