Con la resaca de la negociación del decreto ómnibus, el número tres del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, han acelerado este fin de semana las negociaciones sobre la transferencia de las competencias de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat catalana. El acuerdo estaría casi cerrado, según ha podido saber Artículo14, a falta de “matices jurídicos” y el visto bueno de Carles Puigdemont. Ya hay un borrador.
La fórmula que en estos momentos está sobre la mesa supondría quedarse a medio camino en la posibilidad de “delegar o transferir” competencias que contempla el artículo 150.2 de la Constitución y se optaría por un “encargo de funciones”.
En la práctica se traduciría en que los Mossos d´Esquadra “compartirían” labores que hoy son exclusivas de la Policía Nacional o la Guardia Civil, como el control de entrada y salida de extranjeros en Cataluña y de las aduanas.
El diputado del PSOE Santos Cerdán llega al Congreso
Los agentes de la policía autonómica se desplegarían en las fronteras y los aeropuertos junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, también pasaría a ser conjunta la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte.
La versión de Junts
En el caso de la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE), documento que permite a los extranjeros permanecer en territorio español, pasaría a depender de los Mossos, según señalan fuentes de Junts. Esto daría a la Generalitat catalana la facultad de expulsar migrantes si se acaba rubricando el pacto.
El citado punto, que siempre ha sido una línea roja para el Gobierno, permitiría a los independentistas vender que han logrado las competencias “plenas” en inmigración y anotarse un tanto en su pugna con Alianza Catalana. El partido de extrema derecha ha hecho bandera de un discurso xenófobo que ha calado en parte del electorado de Junts.
En el caso de Moncloa el texto que están ultimando Cerdán y Turull también daría margen para sostener el argumentario de que no se ha cedido a las exigencias de Puigdemont dado que el de Waterloo había pedido que las fronteras pasasen a ser competencia exclusiva de los Mossos.
Asimismo, con la ambigüedad del “encargo de funciones” desde el Ejecutivo intentarían salvar las dudas jurídicas que plantea transferir a una comunidad autónoma el control fronterizo. El artículo 150.2 de la Constitución prevé que mediante Ley Orgánica cabe la posibilidad de transferir o delegar competencias cuando eso sea posible por “su propia naturaleza” (la de la competencia).
Que el control de la entrada en España (en el Estado) dependa de una comunidad autónoma es algo discutible en tanto que es una cuestión cuyo interés no se circunscribe o limita a la comunidad autónoma (que es donde se agota la “naturaleza de sus competencias), sino a todo el territorio nacional.
Un vehículo de Mossos d’Esquadra en una imagen de archivo.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha expresado en varias ocasiones su rechazo a que se transfirieran a los Mossos el control de las fronteras de Cataluña. El argumento esgrimido por los detractores de esta cesión a Junts era que España es una frontera de Europa.
Toni Comín
La clave es si los términos de este acuerdo son suficientes para que Puigdemont lo acepte. Durante el fin de semana el expresidente catalán ha estado volcado en la crisis que se ha abierto en su Consell de la República después de que su mano derecha, Toni Comín, haya sido acusado de acoso sexual por un antiguo asesor en el Parlamento Europeo.
En su entorno confían en que el prófugo acabe aceptando la propuesta aunque no suponga una cesión total de las competencias de inmigración y fronteras como reclamaba. “A veces el mismo se pone la soga al cuello”, asegura un exconvergente.
En Moncloa también dan por hecho que habrá pacto, salvo catástrofe, y asumen que en los próximos días el discurso público de Junts será de máximos para hacerse valer. La siguiente carpeta es la de los Presupuestos.