El Gobierno dice confiar en que el PP y Junts pueden darle los votos necesarios para que sobreviva políticamente al pleno de este miércoles, anotando una sola derrota parlamentaria. En el mejor de los casos, tendrá que conformarse con la convalidación de dos de tres normas, pero no está claro siquiera que pueda lograr esta marca.
El pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados debate y vota la convalidación de tres reales decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre. Uno de ellos (el gravamen a las energéticas), se da directamente por perdido. Un segundo, sobre la modificación de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el cobro de rendimientos del trabajo, previsiblemente se salvará por el voto a favor del PP. Ni siquiera tendrían suficiente con los apoyos de Junts, toda vez que ERC, Bildu y Podemos lo rechazan.
Y hay un tercero, un decreto ómnibus que mezcla medidas sociales, revalorización de las pensiones y ayudas por la Dana, para el que también requiere, al menos, de Junts. Sin embargo, visto que el partido de Carles Puigdemont ha suspendido las negociaciones sectoriales con el Ejecutivo, fuentes de Moncloa aseguran que mantienen la mano tendida al PP.
Según el Gobierno, hay conversaciones con el partido de Alberto Núñez Feijóo, que no aclara hoy qué votará en esta ocasión. Pero la coalición PSOE-Sumar se cura en salud, y en público y en privado reparte gestos para Puigdemont y hacia los conservadores. Por un lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprovechó este martes para pedir a Junts que apoye el texto, para consolidar la revalorización conforme al IPC (2.8%) de las pensiones de los catalanes.
Bolaños reclamó a los independentistas que prioricen esta revalorización, en lugar de “intentar hacer algún tipo de daño” a Sánchez. En su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también escatimó en dardos al PP, en contra de lo habitual. “¿Qué hay de polémico?”; “No hay nada en la que nos la hayamos jugado”, afirmaron desde Moncloa sobre el decreto ómnibus. Y recordaron que los conservadores han apoyado medidas sociales en la misma línea en el pasado.
Lo sorprendente es que, mientras vendían “contactos discretos” con el PP, “conversaciones con todos los grupos”, y “negociaciones desde hace tiempo”, en el Partido Popular negaban la mayor.
“No han establecido ninguna comunicación ni con el presidente, ni con la secretaria general, ni con el portavoz parlamentario, ni con el vicecretario de Economía”, aseguraron fuentes de Génova. Pablo Montesinos informa de que las mismas fuentes aclararon que tampoco ha habido “ningún tipo de negociación”. “Ni antes” de la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, ni en esta etapa, “en busca de su aprobación en el Congreso de los Diputados”.
“Entendemos que se habrán centrado en convencer a sus socios de investidura en general y a los que residen en Waterloo en particular”, despachan fuentes conservadoras. También inciden en que no desvelarán el sentido de su voto hasta este miércoles.
El pleno arranca a las 10.00, y se prevé una nueva sesión bronca. Por un lado, entre los socios de izquierdas del Ejecutivo, como Bildu y Podemos. Y entre estos y los de las bancadas derechas, Junts y PNV, por su rechazo a mantener el gravamen extraordinario a las energéticas.
A su vez, se prevén tensiones entre PP y PNV, después de que el portavoz de los conservadores, Miguel Tellado, tildara a los del partido de Aitor Esteban de ser “aprovechateguis” y “rentistas”. Si en 2024 se produjeron sesiones que generaron entre algunos diputados la sensación de haber tocado techo en lo que a barro parlamentario se refiere, en el primer pleno de 2025 no se atisban visos de mejora.
Pesimismo en la izquierda sobre la viabilidad de los Presupuestos
Por otro lado, fuentes de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, empiezan a admitir “dudas” sobre la posibilidad de que el Ejecutivo logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Hasta ahora, desde Yolanda Díaz hasta el último de los diputados, el discurso oficial pasaba por vender que habrá nuevas cuentas públicas. Las tensiones con Junts y el avance del calendario empiezan a complicar aún más la viabilidad de los Presupuestos. Se trata de la ley más importante que se puede tramitar en la Cámara Baja, gozan de la máxima prioridad, pero difícilmente pueden lograr su aprobación en menos de un par de meses desde su presentación en el Parlamento.
En el PSOE aluden un precedente, una única ocasión en la que se logró que recibieran luz verde en algo más de mes y medio. Pero el Ejecutivo se marcó el objetivo de aprobarlos en el primer trimestre, y esto supone contar con escasas semanas para que salgan del Consejo de Ministros. En las filas de socios parlamentarios como Podemos, cada vez más distanciado del Gobierno, incluso plantean que Sánchez podría haber tirado la toalla para 2025, para apostar por un nuevo esfuerzo para el ejercicio 2026.