La foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont está cada vez más cerca, e incluso podría coincidir con los plazos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El presidente del Gobierno se ha mostrado públicamente dispuesto a facilitar esa imagen este lunes, en el balance del año político 2024, en el palacio de La Moncloa.
Fue preguntado expresamente por si este encuentro se producirá antes de la aprobación de las cuentas públicas, pero evitó adelantar plazos: “No sé cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes de ERC y Junts”, aseguró.
También destacó que “Cataluña y España” han “pasado página” tras el desafío independentista (2017), sugiriendo que este encuentro puede darse antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la amnistía a los condenados por el Procés. Según El País, el Tribunal de Garantías planea resolver sobre este asunto antes del verano. Esto es, mientras Puigdemont aún es un prófugo de la Justicia, y fuera de España, toda vez que el expresident catalán se fugó del país hace siete años y aún reside en Bélgica.
A pesar de los problemas de aplicación de la amnistía criticados por Junts, el jefe del Ejecutivo entiende que la norma se produce cuando es “avalada por las Cortes”, y que “a efectos políticos, esta amnistía, ya se aplica”.
Junts, socio parlamentario imprescindible para el Gobierno, ha estado presente en buena parte de las preguntas y respuestas de Sánchez. Que el PP y Junts votaran juntos en Congreso y Senado, para introducir enmiendas al paquete fiscal del Ejecutivo, o que ambos se aliaran para tumbar el impuesto a la producción eléctrica (en el marco de la tramitación de otra norma, por aprobar), evidencia la “hipocresía” de los conservadores, según el jefe del Ejecutivo.
La amnistía, que él considera “un éxito para el Gobierno”, “iba a romper España”, según el PP. “Estábamos perdonando al golpismo”, “y ahora sacan pecho por coincidir en votaciones con los impuestos”.
Incluso, al ser preguntado por el posible “deshielo” de su relación con Alberto Núñez Feijóo, con el que lleva un año sin reunirse, Sánchez aludía de nuevo al entendimiento del PP con Junts, para lanzar la pelota a su tejado. “Sería bueno el deshielo” entre PSOE y PP, dijo, “ahora que se ha producido el deshielo de Feijóo con Junts”. “Ojalá” se produzca esa “normalización de relaciones”, apostilló.
Balance triunfalista
El presidente del Gobierno ha comparecido este lunes, tras el último Consejo de Ministros del año, para hacer su balance de un año en el que el Ejecutivo presume de haber logrado la aprobación de 25 leyes en el Parlamento, pero en el que también pide no utilizar estos datos como único baremo de su gestión. Y menos, dijo, al encontrarse en un tercer mandato. “Lo importante es qué resultados se obtienen”.
En su lugar, Sánchez ha puesto el foco en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, “el mayor número de personas trabajando en la historia de nuestro país”, y en toda una batería de los datos macroeconómicos, como el crecimiento interanual del PIB al 3,3% en el cuarto trimestre. Los números, afirmó, ilustran “una realidad objetiva que existe y que es mayoritariamente positiva”, “por mucho que algunos se empeñen en taparla”. “España avanza”, proclamó”, “a pesar de las zancadillas”, “el ruido”, la deslealtad” o “las noticias falsas”.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la esperada subida de las pensiones contributivas del 2.8% para 2025, y extender las ayudas al transporte público hasta el mes de junio. Además, ha dado luz verde al real decreto que incluye un nuevo gravamen a las energéticas, que previsiblemente dejará de aplicarse inmediatamente después de que se vote su convalidación en el Congreso, ya que no cuentan con los votos necesarios para salir adelante.
Este texto incluirá incentivos fiscales para las empresas que inviertan en descarbonización y transición energética, algo que no se había especificado hasta la fecha, y que rechazan los aliados de la izquierda. Una de las enmiendas del paquete fiscal apoyada por PP, Vox, Junts y PNV, precisamente tumbaba la prórroga del gravamen, que el Ejecutivo quiere reactivar con este decreto.
Evita responder sobre el borrado del teléfono del fiscal general
En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno ha rechazado pronunciarse sobre el borrado de parte de los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por la presunta filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha respondido con único “no”, a la pregunta sobre si conocía el intercambio de emails con estos datos.
Sánchez ha reiterado su confianza en García Ortíz, “aún más” tras el informe de la UCO que documenta esta ausencia de información en su dispositivo. Además, después de que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, acusara de prevaricar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Sánchez ha insistido en que “una amplísima mayoría de jueces y fiscales hacen su trabajo con extraordinario rigor”.
“El tiempo pondrá las cosas en su sitio”, despachó, antes de disparar contra González Amador. “La pareja de Ayuso no ha explicado ante la Justicia su presunto fraude fiscal”: “Ayuso no ha dado explicaciones ni asumido ninguna responsabilidad política”.