El gran “plan de regeneración democrática” de Pedro Sánchez está por concretar horas después de su presentación. Tras meses de anuncios a bombo y platillo, la rueda de prensa en La Moncloa, el martes, sirvió para esbozar 31 medidas por aterrizar, que no han sido facilitadas formalmente por escrito, como suele ser habitual. De ellas sólo se conoce su nominación o parte de su propósito, así como la institución encargada de impulsarla (el Parlamento y distintos Ministerios, fundamentalmente).
No se ha aprobado ninguna norma; no se ha detallado la fecha de modificación de una sola ley, ni tampoco hay calendario para impulsar una cascada de reformas, más allá de la promesa del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de que ejecutarán este plan “en los próximos tres años” de legislatura. “No les quepa duda”, dijo el ministro. El criterio para tramitarlas pasará por priorizar “qué está más avanzado”, posponiendo lo “más complejo”. Algunas son leyes orgánicas, que afectan a los derechos fundamentales, y otras son viejos compromisos, o normas a las que obliga la legislación ya vigente.
Lo que anunció Bolaños junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es una serie de modificaciones legales para las que el Ejecutivo reconoció que hoy no tiene garantizados los apoyos parlamentarios, y que son una suerte de punto de partida muy inicial, para abrir nuevos debates. “Hoy, responder en genérico a la existencia o no de votos en el Parlamento es muy complicado”; “Ni siquiera los grupos tendrán opinión sobre los textos que no conocen”, apostilló Bolaños. “Para hablar con seriedad, con rigor, sobre si existen o no apoyos parlamentarios, hay que ir con un texto”, diría poco después. Ese escrito no salió a reducir, si bien Artículo 14 ha accedido a un documento que recopila estas medidas, sin aportar nuevos detalles.
El plan en cuestión fue anunciado por Sánchez hace cinco meses, tras el fin de su “periodo de reflexión” de cinco días, iniciado tras conocerse la investigación judicial a las actividades de su esposa, Begoña Gómez. El texto no pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que se reúne cada jueves para preparar el Consejo de Ministros del martes siguiente. Sánchez anunció que el plan iría al Consejo menos de 24 horas antes de reunir al Gabinete en La Moncloa, y su socio en el Ejecutivo se enteró por esa comparecencia, cuando aún no habían logrado un acuerdo con el PSOE sobre las medidas a incluir. En la rueda de prensa, Bolaños asumió que el plan está aún en pañales, que los “detalles concretos también se desarrollarán”, primero en el seno del Gobierno y después en conversaciones con los grupos.
En una de las preguntas formuladas por los medios, que recogía varias de las incógnitas sin despejar en la intervención del ministro, este se limitó a afirmar que no podía entrar “en ese nivel de detalle”. “Podría darle alguna opinión casi personal, pero desde luego no todavía consolidada para llevar a un texto legal”, dijo. Esas preguntas “tan en detalle”, versaban sobre si se iba a derogar el delito de injurias a la Corona, sobre qué pretendían modificar en lo que toca a la regulación del derecho al honor y a la rectificación, más allá de prometer cambios sin especificar la dirección de los mismos. O sobre cómo prevé el Ejecutivo definir qué es un bulo. Bolaños no supo responder. “El ámbito para implementar el plan son los tres años de legislatura”, justificó.
Sumar y el PSOE se enredaban sobre el alcance de los cambios de un plan que bebe del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, siempre según el Ejecutivo. El proyecto se estructura en tres ejes: el primero, destinado a “ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental”; el segundo, “fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo”. El tercero recibe la denominación “reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral”.
Eje 1: la reforma por concretar de la ley de secretos oficiales
El primer apartado tiene como protagonistas absolutos al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en manos de Óscar López, así como al departamento de Bolaños. Contempla 9 medidas entre otras, la aprobación de un proyecto de ley para reforzar los controles sobre cargos públicos, en particular para evitar conflictos de interés. Apuesta por introducir la obligación de rendir cuentas cada seis meses para todas las administraciones (sin más especificación, pero en línea con las comparecencias de Sánchez). Y dos medidas ya comprometidas en la ley de protección del anunciante: una estrategia para reforzar la lucha contra la corrupción y la creación de una autoridad independiente de protección al informante. A esto se une un real decreto para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía para luchar contra la corrupción público y privada. No hay fechas siquiera aproximadas, ni mucho más detalle.
Mención especial merece la reforma de la ley de secretos oficiales, que el Ejecutivo trató de reformar sin éxito en la pasada legislatura. Textualmente, Bolaños sólo ha recordado que la norma actual “data de 1968 y es preconstitucional”, y toca lograr una regulación “conforme a los países democráticos de nuestro entorno, con los mejores estándares europeos”. Ni una palabra sobre cuándo serán accesibles los secretos de Estado, que en su primer intento el Gobierno quiso fijar en un periodo de 50 años. El PNV lleva años exigiendo esta modificación, y en la pasada legislatura rechazó la propuesta del Ejecutivo, que quedó en agua de borrajas.
Eje 2: injurias a las instituciones y control de la publicidad y los medios
El segundo eje es el más polémico e incorpora una quincena de recetas, también sin concretar, entre ellas la transposición de una directiva europea, una ley de secreto profesional para los periodistas, y dos cambios en la ley de publicidad institucional: para introducir nuevos criterios obligatorios para controlar su reparto, y para establecer sistemas de medición de audiencia “verificables y comparables”, siempre pensando en el reparto del maná de la publicidad institucional. Contempla obligar a las administraciones a publicar la cuantía de las ayudas concedidas, la creación de una comisión en el Congreso sobre los bulos -por concretar-, y una “estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación”, sobre la que no se conocen más aspectos. La coalición quiere acabar con la financiación, por parte de las comunidades autónomas en manos del PP, de lo que denomina “pseudomedios”.
Un ejemplo perfecto para explicar las tareas pendientes y los claroscuros de la norma: será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la principal encargada de gestionar el registro de medios, que recopilaría la información sobre cómo se financian, entre otras cuestiones. El plan está por concretar hasta el punto de que, en palabras de los ministros, tendrán que reunirse primero con asociaciones profesionales para buscar un punto de acuerdo sobre “qué es un medio” (el Reglamento Europeo ya lo recoge); después deberán verse con los grupos parlamentarios para buscar apoyos. Y tendrán que reformar la CNMC para encargarle estas funciones, para las que la consideran un organismo “independiente”. Es el Ejecutivo quien nombra a las 10 personas, de su cúpula. La presidencia la ostenta Cani Fernández, que salió de Moncloa, donde era asesora en el Gabinete de la Presidencia, para ostentar este cargo.
Hay otras reformas prometidas que han generado varios titulares: una modificación mínima de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, de la que sólo eliminarán las sanciones a periodistas por fotografiar o grabar imágenes de las fuerzas de seguridad en sus coberturas. También recoge la reforma de la ley de derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen, para facilitar “la rectificación” de noticias falsas, acelerando los procedimientos judiciales (sin especificar cómo); y otra modificación de los artículos del Código Penal que afecten al derecho de libertad y expresión y a la creación artística, en particular las injurias a las instituciones del Estado o contra los sentimientos religiosos. Sumar considera que esto abre la puerta a acabar con el delito de injurias a la Corona; el PSOE evita concretar.
En palabras de Urtasun, este apartado se justifica por la necesidad de que las instituciones “no seamos financiadoras de la desinformación”; por “apoyar el trabajo de los verdaderos profesionales”. Aquí el titular de Cultura desveló que habrá beneficios para los medios que utilizan las lenguas cooficiales, que la reforma del Código Penal seguirá la línea marcada por varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que buscarán derogar la ley mordaza “a través del acuerdo con los grupos parlamentarios”. Este camino ya acabó en vía muerta en la anterior legislatura. En esencia, el objetivo es que el plan “sea un documento que pase a ser de debate de la ciudadanía” para abordar “cómo mejorar nuestra democracia”.
No se aclara qué ocurrirá con los medios que no se incluyan en este registro, a qué sanciones pueden enfrentarse, o cómo se actuará para revisar el marco regulatorio que persigue evitar la concentración de los medios de comunicación, otra de sus metas.
Eje 3: Las encuestas para “influir” en la opinión pública, en la diana
Un tercer bloque recoge media docena de iniciativas, entre ellas recuperar la fallida ley de grupos de interés o lobbies (ya aprobaron un anteproyecto que acabó en un cajón en la pasada legislatura); un refuerzo del régimen sancionador para los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera incorrecta; o dos reformas de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) para obligar a los medios a publicar la ficha técnica de las encuestas que publiquen en periodo electoral (creen que algunas persiguen “influir” en la opinión pública, más que informar sobre su estado). La segunda modificación de la LOREG serviría para imponer que los debates electorales sean obligatorios (sin que consten más datos).
En última instancia, se prevé modificar los Reglamentos del Congreso y del Senado para multar a los diputados y senadores que no publiquen sus declaraciones de intereses. “Vamos a establecer un régimen sancionador”, afirmaron, sin concretar cuantías. A las puertas de que el Gobierno presente sus nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, tampoco hay mención a la cuantía de estas partidas.