Aunque los cien eventos para celebrar a lo largo de 2025 la muerte de Franco comienzan este miércoles con el acto inaugural de la campaña ‘España en libertad’, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva tiempo preparando el terreno para apuntarse un nuevo hito tras la exhumación del dictador. Entregado de lleno a la “resignificación” del Valle de los Caídos, que ha pasado a denominarse Cuelgamuros, el Gobierno también busca la expulsión de la comunidad benedictina que habita la abadía después de su beligerancia por el traslado de los restos de Franco y los ataques del prior, Santiago Cantera, a las políticas del Ejecutivo.
Según ha podido saber Artículo14, Sánchez intentó en su viaje al Vaticano del pasado 11 de octubre que el Papa Francisco, etiquetado como progresista, se prestase a la desacralización del Valle de los Caídos y enmendara las líneas rojas trazadas por el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, en las conversaciones con el Gobierno. Pero se encontró con todo lo contrario, puesto que el Pontífice cerró filas con Cobo y con su negativa a desacralizar el espacio, es decir, a desmantelar la basílica y la cruz.
“Una comunidad orante”
El propio cardenal Cobo manifestó recientemente, en una entrevista a Europa Press, su voluntad de “dialogar con sosiego” con el Gobierno respecto a la “resignificación” del espacio, y también dejó claro sus planteamientos: quiere que “una comunidad monástica” continúe habitando la abadía, aunque no mencionó explícitamente a los benedictinos (a pesar de que su deseo es que sean ellos quienes sigan). El arzobispo sabe que las presiones del Gobierno pueden acabar llevándose por delante a los benedictinos, así que su línea roja es que en Cuelgamuros haya en todo caso una “comunidad orante”.
Actualmente, los benedictinos gestionan la hospedería, educan a 36 alumnos de la escolanía y tutelan la basílica. No puede decirse que todo ello esté a salvo porque, en estos momentos, ni puede descartarse que se acabe produciendo un cambio de congregación, ni tampoco puede asegurarse que la hospedería y la escolanía vayan a mantener su actividad a lo largo de los próximos años. El límite, insiste el arzobispado de Madrid, es evitar la desacralización de la basílica pontificia.
La ley de Memoria Democrática
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática derogó el decreto franquista de 1957 que otorgaba la titularidad de este enclave a la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, mediante un convenio con los monjes de Silos, propició la llegada de la comunidad benedictina.
La exvicepresidenta del Gobierno Carme Calvo ya mostró su empeño en ‘desahuciar’ a los benedictinos y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha heredado este mismo objetivo. En las conversaciones que el Gobierno mantiene abiertas con el arzobispado de Madrid, ha quedado hasta el momento descartada la petición de Podemos de derribar la cruz de 150 metros de altura para construir con sus restos un monumento a las víctimas.
“Lo que pretendemos no es ni más ni menos que sumarnos a defender 50 años de libertad frente a 40 de totalitarismo y oscuridad. No es ningún acto de revancha, sino de defender la vida en libertad frente a la muerte”, dijo ayer, martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.