El Gobierno no frenará la reforma legal que beneficiará a los condenados que ya hayan pasado periodos en prisión en el extranjero, también a los de ETA. La norma en cuestión, que permite computar estos periodos en prisión a las respectivas condenas, seguirá su tramitación, según aseguran fuentes del Ejecutivo.
Así lo ha trasladado también el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. En la mañana del martes, la dirigente conservadora reclamó a Bolaños que desecharan esta reforma, y durante la tarde el ministro rechazó esta opción. El PP, que se ha disculpado por avalarla y afirma que lo hizo “por error”, no tiene vías legales para impedir su aprobación definitiva, explican fuentes jurídicas del Congreso de los Diputados. Pueden retrasarla, y de hecho han pospuesto la votación de este martes en el Senado, pero no tienen forma de sepultarla.
En el Gobierno no hay ninguna intención de tumbarla, pero sólo el socio minoritario de la coalición defiende abiertamente su contenido. Fuentes de Sumar en el Gobierno asumen que a los socialistas puede haberles faltado pedagogía, que quizás son necesarias más “explicaciones”. E insisten en que la norma afecta a “los derechos fundamentales” de todos los reos, no sólo a los que formaron parte de la banda terrorista.
En público y en privado, sus portavoces defienden que los cambios persiguen respetar el precepto del derecho non bis in idem, que establece que nadie puede ser condenado en dos ocasiones por el mismo delito. También se cuestionan ahora si el llamado “giro social” del PP es tal, toda vez que han pasado de hacer propuestas programáticas en cuestiones como la vivienda, a resucitar “el fantasma de ETA”, sostienen. “Es una directiva, es fuente de derecho europeo”, “fue aprobada por unanimidad en Europa”, insisten.
Ante las cámaras, uno de los más rotundos en su defensa fue el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que afirmó el lunes que la norma persigue acabar con la “discriminación” a presos españoles que ya hayan pisado la prisión fuera del país. Como ocurre a su vez con ciudadanos extranjeros de distintos países europeos, que ya se benefician de la computación de estos periodos privados de libertad a la hora de cumplir sus respectivas condenas.
En 2021, el espacio político que hoy representa Díaz, entonces dirigido por Unidas Podemos, ya registro una proposición de ley en el Congreso que no se llegó a debatir, pensada precisamente para el fin que hoy sí lograrán cumplir. La convicción en este espacio es que el PP hoy “hace teatro”, y finge que no sabía “lo que avaló y votó” en varias ocasiones en la Cámara Baja.
La polémica radica en la cuestión que afecta al cómputo de las penas, introducida hace meses por Sumar vía enmiendas. La norma escogida para ello es el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE, aprobada en la Cámara Baja el 18 de septiembre.
La cuestión a la que no responden en el Ejecutivo es por qué estas modificaciones se han incluido en este momento, en esta norma. La defensa desde el atril del Consejo de Ministros ha corrido a cargo de Pilar Alegría, ministra portavoz, que ha cargado duramente contra el PP por “usar de manera partidista y torticera” el terrorismo. “Aquí, por parte del PP, no ha habido despistes ni errores”, incidió.
En su rueda de prensa, Alegría aseguró que la norma contó con un informe a favor por parte del Consejo de Estado, pero omitió que el cambio en lo que toca al cómputo de las penas no se incluyó en este informe. También llegó a asegurar que el texto aprobado es, “literal”, el mismo que también tuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2014. La portavoz obviaba parte de los hechos, pero en Moncloa reconocen que el PP corrigió a posteriori la norma en cuestión para evitar este efecto sobre los cómputos de penas.
Las alusiones a la directiva europea, junto con las críticas al PP (que también se ha visto sacudido por la polémica), sustentan la vía defensiva escogida por Moncloa. “Esta norma sirve para aplicar el derecho europeo en España”, inciden fuentes del Ejecutivo. Y aluden, como Alegría, a “una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional que ya duda sobre la adecuación de nuestra legislación vigente al derecho comunitario”, planteada en 2024.
Por parte del Gobierno se obvia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2018), que desestimó los recursos de tres etarras que denunciaban una violación de su derecho a la libertad, toda vez que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta las condenas que habían cumplido en Francia.
En 2022, tal y como desveló Artículo14, el Ministerio del Interior aseguró a las víctimas que no se tramitaba ninguna norma que pudiera derivar en el escenario que hoy se vislumbra. En concreto, sostuvo que no se tramitaba ninguna “iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.
El PSOE entiende “la sensibilidad de las víctimas”
El lunes, el propio Bolaños calificó de “pacífica” y “unánime” la introducción de estos cambios en pleno trámite parlamentario, además de reiterar que supone la adopción de los estándares europeos. Ni una palabra sobre el fondo del asunto. La incomodidad con esta modificación, adelantada por El Confidencial y denunciada por asociaciones de víctimas del terrorismo, se hacía evidente.
Fuera del Gobierno, el portavoz parlamentario del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ex lehendakari, sí se permitió afirmar que entiende “la sensibilidad y la emotividad de las víctimas”. También la esencia de los cambios introducidos por las dos enmiendas de la polémica: “No soy experto en Derecho, pero hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir dos penas por un mismo delito”, abundó.
Lejos de las cámaras, en su partido reconocen que no les “gusta” lo que representan estas modificaciones para los presos de ETA, aunque sostienen que los cambios “corrigen la desigualdad” entre reos españoles y de otros países europeos. Sostienen que todos los grupos estuvieron de acuerdo con la introducción de las enmiendas de Sumar, e insisten en señalar al PP. “En seis meses de tramitación, ¿cómo no lo iba a saber?”.