Si algo reconocen de forma unánime partidarios y detractores de Pedro Sánchez es su capacidad para hacerse fuerte y llevar la iniciativa en los contextos más complejos, especialmente en las grandes catástrofes. El presidente del Gobierno recupera estos días la épica, la solemnidad de las puestas en escena ya vistas durante la pandemia de Covid-19, la erupción del volcán de La Palma o incluso en las primeras etapas de la invasión rusa en Ucrania, y se dispone a recuperar músculo político en uno de los escenarios más difíciles desde su aterrizaje en La Moncloa.
El Ejecutivo ha sentado las bases para un despliegue extraordinario de recursos para afrontar la destrucción causada por la DANA, pero lo hará sin tener oficialmente el mando de la gestión de la catástrofe. Evita tomarlo aunque se lo piden algunos de sus socios, y hasta el PP. Esto facilita que sea la Generalitat Valenciana la que acuse el desgaste de la respuesta directa a esta crisis, y no así La Moncloa.
Y lo hace, además, vinculando indirectamente las partidas para paliar la destrucción generada estos días, principalmente en la Comunidad Valenciana, con las nuevas cuentas públicas. Fuentes del Gobierno ya reconocen a Artículo14 esta vinculación, dando por hecho que los Presupuestos Generales del Estado para 2025 deberán recoger nuevas partidas para afrontar la situación en Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. También presumen de que el Partido Popular tendrá difícil votar en contra de las nuevas partidas económicas para los miles de ciudadanos afectados en estos territorios.
Plantean que si los Presupuestos incorporan una inyección milmillonaria para estas zonas, “¿el PP va a votar en contra?”. La pregunta es retórica. Y llega después de que el partido de Alberto Núñez Feijóo, que ayer comprometió su apoyo a las medidas que puedan requerir de su voto en el Congreso de los Diputados, denuncie el “chantaje” del Ejecutivo.
“No vamos a aprobar a Sánchez unos PGE que ni ha presentado. Y menos aún utilizando a las víctimas en un chantaje por su interés. Las ayudas para los afectados pueden aprobarse fuera del debate presupuestario”, advirtieron fuentes del partido conservador.
Públicamente, el presidente ha medido sus palabras, pero sí aprovechó su intervención este martes para vender la necesidad de mantener abierto el grifo de recursos públicos para contar con estas ayudas. “Se trata de encontrar vehículos eficaces en el marco de los Presupuestos. Por eso necesitaremos unos nuevos Presupuestos. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta DANA, es evidente que ahora esa necesidad se multiplica”, apuntó, por si había dudas.
Lo comprometido este martes, plasmado en un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, supone movilizar 10.600 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponden a líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sin embargo, el plan en cuestión está proyectado en tres fases, y este real decreto ley es, como advirtió Sánchez, “el primero” de los desarrollos legislativos previstos para afrontar una situación dramática. Visto que las cuentas prorrogadas de 2023, hoy en vigor, no recogen partidas destinadas a estos fines, el margen para seguir comprometiendo recursos a este ritmo es limitado.
Por eso el PP apunta a los nuevos Presupuestos, retrasados por los congresos de Junts y ERC. Por lo pronto, varios aliados parlamentarios del Ejecutivo asumen que será en el marco de los PGE donde se incluirán estas partidas, y que por tanto el eje de las cuentas públicas se está desplazando.
La retórica de la pandemia
Los últimos meses han sido los más duros para Sánchez. Los frentes judiciales abiertos en torno a las actividades de su esposa, Begoña Gómez, el caso Koldo, que presuntamente involucra al exministro y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, o los golpes sobre la mesa de Junts, socio parlamentario imprescindible, han tensionado al máximo al Ejecutivo.
La debilidad del socio minoritario, Sumar, que no deja de caer en las encuestas y que amontona varias crisis -la última, protagonizada por Íñigo Errejón-, también ha hecho sonar varias alarmas.
Con decenas de líneas de batalla, el presidente ha encontrado en la respuesta a la destrucción en la Comunidad Valenciana un frente de actuación que permitiría cohesionar a los aliados y recuperar parte del capital político perdido. En teoría la gestión es de Carlos Mazón, presidente valenciano cuya supervivencia política empiezan a dar por imposible en las filas socialistas. Pero el Ejecutivo irrumpe en el escenario con una lluvia millonaria de recursos.
El enemigo a abatir es poderoso; el daño causado por una catástrofe natural sin precedentes. Se asocia a la destrucción generada por un volcán , al impacto económico de una guerra en suelo europeo, o de una pandemia como la que paralizó al país durante meses. Los paralelismos entre estas situaciones fueron evidenciados por Sánchez a lo largo de toda su intervención del martes en La Moncloa.
Lo hizo al defender el Estado autonómico –“Todos somos Estado”-, recordando que “durante la Covid acuñamos la idea de la cogobernanza”. Al afirmar que las medidas “se inspiran en la experiencia acumulada en gestión de crisis por parte de este Gobierno durante los últimos seis años, y principalmente inspiradas en la respuesta socioeconómica a la pandemia de la Covid-19 y a la erupción del volcán de La Palma”. Y al recordar que estas ayudas directas se ponen en marcha como se hizo durante la pandemia. Las comparecencias de mandos militares y policiales en la sede de la Presidencia del Gobierno también evocan, inevitablemente, al escenario de la Covid.
En Moncloa tampoco esconden estos paralelismos, y defienden que el presidente “actúa con el mismo manual” ante “todas las crisis”: “Salvar vidas, proteger a las personas y atender sus necesidades y relanzar la economía”, abundan.
En el PSOE secundan esta idea: “Aquí no hay postureo ni tacticismo político. Se pone a trabajar, y eso es lo que le ocupa”, sostienen. Presumen del “mayor” despliegue “en tiempos de paz”, pero recuerdan que también están movilizados “todos los efectivos de la comunidad autónoma”. “Por eso hablar de estados de emergencia o de quitar competencias no es razonable”, zanjan.
Este esquema es parcialmente compartido por Yolanda Díaz, que en las últimas jornadas ha presentado una batería de medidas en materia laboral para afrontar esta catástrofe. Fuentes de Sumar en el Gobierno reconocen que el “contexto” de hoy es “similar” al de la pandemia o la guerra en Ucrania. “Golpe inesperado, drama humano, social y económico, shock colectivo…”, enumeran. Y es en este marco en el que Sánchez ha decidido marcar iniciativa política, apostar todo a la gestión de esta crisis. Aunque oficialmente sea Mazón quien sigue en el puente de mando.