Viraje del Gobierno para buscar un pacto que le permita vender un triunfo este mismo martes. El Ejecutivo ha retrasado el Consejo de Ministros para intentar sellar un pacto con Junts per Catalunya que garantice la viabilidad del decreto ómnibus, derogado en el Congreso hace solo una semana.
Inicialmente estaba prevista la reunión del Gabinete y después la del Consejo de Seguridad Nacional, pero han optado por cambiar el orden, por posponer el Consejo de Ministros para poder extender la negociación con Junts.
Y, si hasta ahora el Ejecutivo enfriaba esta actuación y rechazaba modificar la redacción original del texto, ahora fuentes del Gobierno se abren a la posibilidad de trocear esta norma, para aprobar por separado parte de las medidas que contiene, ya este mismo martes.
No concretan qué cuestiones podrían caer del texto para contentar a Junts, que ya ha señalado algunas materias que no son de su agrado, como la suspensión de los desahucios de personas vulnerables. Por su parte, los independentistas catalanes también han dado algunas pistas sobre qué quieren incluir en el acuerdo.
La orden de Moncloa es trasladar todos los focos sobre el PP, al que se busca retratar por su rechazo a una norma que contenía cuestiones como la subida del 2.8% para las pensiones contributivas pero, en realidad, los votos que pelean son los de Junts.
Desde el Gobierno reconocen las conversaciones, mientras el partido de Carles Puigdemont va desgranando públicamente algunas de sus exigencias. Por su parte, fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que el Ejecutivo no se ha puesto en contacto con ellos, a ningún nivel, en las últimas horas, informa Pablo Montesinos.
En una semana de vértigo por la magnitud de la derrota, el Ejecutivo ha pasado de señalar únicamente al PP a reconocer que los votos de Junts estaban atados, y que finalmente los independentistas catalanes viraron por su anunciada suspensión de negociaciones con el PSOE.
El rechazo a decidir si tramitarán o no su proposición no de ley (PNL), una iniciativa no vinculante que presionaría a Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza, espoleó a Junts. El PSOE no contempla hoy ceder en esta materia, y las dos alas del Gobierno reconocen el enfado con Junts. Aunque difieren en el camino a seguir.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y principal referente de Sumar en el Consejo de Ministros, aclaró este lunes sus posiciones en un desayuno informativo. Desde sus filas habían insistido en que toca legislar cuanto antes para evitar que los pensionistas o los usuarios del transporte público se vean penalizados por la derrota parlamentaria a manos de PP, Vox y Junts. El lunes, la también ministra de Trabajo insistió en que el texto debe volver al Congreso cuanto antes, pero también en que debe hacerlo “sin trocear”.
Es decir, tal cual está redactado sin separar entre distintas normas las múltiples medidas que contiene el decreto original. En esta decisión van de la mano con los socialistas, el problema está en los tiempos. Y en esto el socio minoritario coincide también con el grueso de los aliados parlamentarios, de ERC y EH Bildu a Podemos y el BNG.
Como coinciden tanto estos partidos como el conjunto del Ejecutivo en su rechazo al troceo, por entender que habrá cuestiones que nunca llegarán a lograr los votos necesarios si se tramitan por separado.
El PNV, que votó a favor de la norma, no aclara si está a favor de fragmentarla, y sólo ha urgido a que las medidas vuelvan a estar en vigor cuanto antes. El PP, que justificó su rechazo al decreto porque daba cauce a la transmisión de la titularidad de un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco, al que se lo arrebató la Gestapo nazi, desplegó este lunes el abanico de razones por las que no quiere asumir la norma tal y como está hoy.
El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que hay “centenares de cosas” dentro del texto “que no van a tener un sí del PP”. Entre ellas explicitó el fin de la rebaja extraordinaria del IVA a los alimentos y la luz, o “los derechos que se dan a los okupas”, en referencia a la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables que incluye la norma.
PSOE y Sumar mantienen la presión sobre el PP, tratando de erosionarlo por su rechazo al decreto, particularmente por lo que supone para los pensionistas y para los usuarios del transporte público. En el PSOE tienen claro que los conservadores, que devuelven los reproches, no les sacarán las castañas del juego. Díaz no es tan rotunda. “Quiero ver que el PP vote en contra de nuevo de este decreto, porque les va a salir caro”. Esta semana difícilmente tendrá ocasión de comprobarlo.
Junts aterriza sus líneas rojas
Mientras Vox ha optado por querellarse contra el Gobierno por la devolución del palacete al PNV, Junts ha ido aterrizando estos días las cuestiones que no están dispuestos a asumir. Los de Puigdemont han redoblado la presión que las medidas vayan por separado para poder avalar algunas, como la subida de las pensiones; los cambios en el ingreso mínimo vital, las ayudas a los afectados por la dana o la prórroga de las subvenciones al transporte.
En lo que toca a la prohibición de desahuciar, o en el fin de la reducción del IVA a los alimentos básicos y la electricidad, se mantienen en posiciones similares a las del PP. La portavoz de su grupo parlamentario, Miriam Nogueras, incidió en esta línea en una entrevista en ElNacional.cat este domingo.
El Gobierno tiene escaso margen de maniobra, además, porque diagnostica que el malestar de Junts tiene más que ver con cuestiones pendientes, como la transferencia de competencias en materia de inmigración, que ambas partes aún no han podido solventar. O con materias como la decisión de los tribunales de no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y otros procesados por su rol en el procés independentista.
En el Ejecutivo saben que cualquier solución pasa, sí o sí, por reeditar la maltrecha mayoría de investidura, y por tanto por contar con los 7 votos de los diputados de Puigdemont. Los teléfonos siguen sonando. La situación es cambiante, y algo que a determinada hora del día puede parecer escrito en piedra, en Moncloa creen que puede variar en escasos minutos.
Por lo pronto, los cambios que esperan aún no se han producido. Sánchez mantiene la decisión de apurar la legislatura, y nadie va a llevarle la contraria en público. “En un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras”, prometió el fin de semana. En ambas alas del Ejecutivo asumen, sin embargo, que por muchas piedras que pueda levantar, los votos están más que contados.
Díaz aprovecha para sacar cabeza
La vicepresidenta segunda ha aprovechado para marcar perfil propio con esta cuestión, como también lo ha hecho con la reducción de la jornada laboral. Tras semanas de tensión con el ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), aprobó este lunes la redacción del texto legal, el embrión de la reducción de la jornada de las 40 a las 37,5 horas semanales.
Previsiblemente llegará al Consejo de Ministros la próxima semana, y se tramitará de urgencia. Aún faltan varios meses para su desembarco en el Congreso. Díaz se marcará un tanto si consigue la aprobación del anteproyecto, y lo hará en un momento en el que las encuestas siguen retratando a Sumar a la baja.
Y en el que ha abierto por primera vez el melón de reunificación de la izquierda de cara a futuros procesos electorales. Lo hizo señalando veladamente a Podemos, advirtiendo de que quien no contribuya a forjar una candidatura de unidad deberá explicarse. Ninguna de las formaciones más relevantes de su espacio salió a secundarla.